El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra condena a Mapfre, Mutuos Marítimos de Vigo y la Mutua de Armadores a abonar 5,17 millones a la armadora Pesquerías Nores Marín

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra ha dictado sentencia en el litigio entre la armadora Pesquerías Nores Marín y las aseguradoras del pesquero Villa de Pitanxo, hundido en Terranova en febrero de 2022 con un balance trágico de 21 fallecidos entre sus 24 tripulantes. La resolución obliga a Mapfre España, la Sociedad de Seguros Mutuos Marítimos de Vigo y la Mutua de Seguros de Armadores de Buques de Pesca en España a indemnizar conjuntamente a la armadora con 5.174.012 euros por la pérdida total del buque.

La magistrada subraya que los términos contractuales eran claros al incluir el naufragio dentro de los riesgos cubiertos y rechaza las alegaciones de las compañías, que cuestionaban la navegabilidad del barco o la existencia de irregularidades técnicas. Así, Mapfre deberá abonar 3,1 millones de euros, mientras que las otras dos entidades asumirán sendos pagos de 1,03 millones cada una.

El fallo recuerda que el pesquero había superado con éxito todas las inspecciones reglamentarias y contaba con los certificados oficiales en regla antes de zarpar en su último viaje. “No se ha acreditado ningún hecho que justifique una exclusión legal o contractual de cobertura”, recoge la sentencia, que insiste en que las aseguradoras no aportaron pruebas sólidas que eximieran de su obligación indemnizatoria.

La resolución, no obstante, no es firme y cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Pontevedra. Este procedimiento civil discurre en paralelo a la causa penal que instruye la Audiencia Nacional, donde se investiga la responsabilidad del patrón y las circunstancias técnicas del hundimiento. De hecho, los criterios difieren: mientras la jueza mercantil valida la tesis de los peritos de la armadora, que descartan tanques de combustible no autorizados, el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) apunta a sobrecargas y modificaciones no declaradas que habrían comprometido la estabilidad del buque.

Con este fallo, la armadora obtiene un respaldo judicial clave en la vertiente económica del caso, aunque las dudas sobre las causas últimas de la tragedia del Villa de Pitanxo continúan abiertas en la jurisdicción penal.

Cronología del caso Villa de Pitanxo

• 15 de febrero de 2022 – El pesquero gallego Villa de Pitanxo, con base en Marín (Pontevedra), naufraga en aguas de Terranova (Canadá) mientras faenaba en el caladero de NAFO. Fallecen 21 de sus 24 tripulantes, en uno de los mayores siniestros marítimos de la flota española en las últimas décadas.
• Febrero-marzo de 2022 – Tres tripulantes sobreviven: el patrón Juan Padín, su sobrino Eduardo Rial y un marinero ghanés. Las primeras declaraciones abren discrepancias sobre las causas del hundimiento.
• 2022-2023 – La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) inicia un informe técnico en el que apunta a una posible sobrecarga de combustible en tanques no autorizados como causa que habría comprometido la estabilidad del barco.
• 2022-2024 – Las familias de las víctimas exigen la recuperación de los cuerpos y la depuración de responsabilidades. La Audiencia Nacional asume la causa penal para investigar posibles negligencias del patrón y de la armadora.
• 2024 – El informe preliminar de la Ciaim sostiene que el pesquero pudo haber navegado con depósitos adicionales de combustible no declarados, lo que habría afectado a su estabilidad. La defensa del patrón rechaza estas conclusiones.
• Febrero de 2025 – Se celebra en Pontevedra el juicio mercantil entre la armadora Pesquerías Nores Marín y las aseguradoras (Mapfre, Mutuos Marítimos de Vigo y Mutua de Armadores), que habían rechazado indemnizar alegando incumplimientos técnicos.
• Septiembre de 2025 – El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra dicta sentencia obligando a las tres aseguradoras a pagar 5,17 millones de euros a la armadora. El fallo contradice algunos puntos del informe de la Ciaim, pero aclara que no se ha probado ninguna causa que justifique excluir la cobertura. La resolución no es firme y puede ser recurrida.
• Actualidad (2025) – La Audiencia Nacional se encuentra en la fase final de la instrucción penal, centrada en esclarecer las responsabilidades del patrón y las circunstancias técnicas que desembocaron en la tragedia.