El anteproyecto de real decreto, en información pública del 9 de marzo al 1 de abril, busca evitar prórrogas automáticas y alinearse con la Directiva de Servicios tras un expediente de infracción de la Comisión Europea. Varias autonomías del litoral reclaman una nueva Ley de Costas y una reunión con Sara Aagesen.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha puesto en marcha una reforma con potencial impacto directo en la economía azul: el anteproyecto de real decreto que modifica el Reglamento General de Costas ya está en información pública desde el 9 de marzo hasta el 1 de abril de 2026. El objetivo declarado es adaptar la norma a los requisitos comunitarios de concurrencia competitiva en las concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre ligadas a actividades económicas, con procedimientos de selección “imparciales, transparentes” y sin prórrogas automáticas.
El movimiento no es menor: en la práctica, el Gobierno quiere fijar un marco reglamentario que reduzca el riesgo de otorgar títulos de ocupación que la Unión Europea considere incompatibles con las reglas del mercado interior. MITECO recuerda que la Comisión Europea abrió en diciembre de 2024 un procedimiento de infracción contra España al entender que estas concesiones, cuando se destinan a actividades económicas, deben ajustarse a los principios de competencia de la Directiva de Servicios.
En el corazón del anteproyecto está la idea de “normalizar” un enfoque que en otros países europeos ha sido fuente de conflictos políticos y judiciales: si el uso de un espacio público costero es escaso y está vinculado a una actividad económica, no basta con prorrogar automáticamente a quien ya está dentro; hay que habilitar procedimientos competitivos con reglas claras, publicidad suficiente y criterios objetivos.
En términos de economía azul, esto toca múltiples piezas del ecosistema costero: desde concesiones asociadas a náutica y servicios portuarios, hasta ocupaciones vinculadas a infraestructuras energéticas, servicios de playa, instalaciones industriales y, en determinadas geografías, actividades acuícolas que ocupan o dependen del dominio público. El reglamento que se modifica es el Real Decreto 876/2014, que desarrolla la Ley de Costas y regula el uso y la ocupación del dominio público marítimo-terrestre.
La reforma, además, se presenta como una respuesta “quirúrgica”: MITECO insiste en que los cambios son reglamentarios y “desarrollan textos legales vigentes”, es decir, no reescriben la Ley de Costas, pero sí ajustan el procedimiento para que el otorgamiento de concesiones no choque con el derecho comunitario.
El anteproyecto llega precedido por una fase previa de consulta: el Ministerio abrió entre el 4 y el 19 de febrero de 2026 un periodo para recabar opiniones de los potenciales afectados, y asegura que las observaciones recibidas se han tenido en cuenta en el texto que ahora sale a información pública.
Durante el trámite vigente, las aportaciones pueden remitirse a través del buzón habilitado por el propio Ministerio, con instrucciones publicadas en el portal de participación. Para empresas y organizaciones del litoral (cofradías, concesionarios, industria auxiliar, puertos deportivos, gestores de servicios de temporada, etc.), el periodo es especialmente relevante: lo que se fije ahora en el reglamento condicionará cómo se renuevan —o se vuelven a licitar— concesiones en el futuro y qué margen de discrecionalidad conserva la Administración.
La apertura del trámite coincide con un frente político creciente en el litoral. Varias comunidades autónomas —Comunitat Valenciana, Galicia, Baleares, Región de Murcia, Canarias y Cantabria— han reclamado al Gobierno una nueva Ley de Costas que, a su juicio, aporte “mayor seguridad jurídica”, sea “más actual” y “más sensible” a las realidades territoriales, y han pedido una reunión con la vicepresidenta tercera y ministra, Sara Aagesen.
El mensaje se reforzó tras la II Cumbre Nacional del Litoral celebrada en València, donde representantes autonómicos pactaron un manifiesto para exigir una nueva norma, rechazar los reglamentos impulsados por el Gobierno central y solicitar una reunión urgente en el marco de la conferencia/sectorial correspondiente. En Galicia, por ejemplo, la Xunta ha defendido su ley autonómica del litoral como “marco de referencia” y ha criticado que el Estado intente reformar el modelo “por la puerta de atrás” mediante el reglamento.
Este choque institucional no es decorativo: el régimen de costas toca intereses económicos de alto voltaje (vivienda, turismo, industria, puertos y actividades tradicionales), y el debate sobre deslindes y concesiones suele mezclar seguridad jurídica, conservación ambiental y reparto competencial. En Cantabria, el consejero Roberto Media defendió explícitamente que la futura norma debe compatibilizar protección del litoral con ciudadanía y actividad económica, y reclamó que el Ministerio se sume a un diálogo “de manera conjunta”.
Para la economía azul, el elemento decisivo no es solo el “concurso”, sino la previsibilidad. El sector que invierte en costa (infraestructura, operación, mantenimiento, descarbonización, digitalización) necesita horizontes temporales claros y reglas estables. El enfoque de MITECO busca precisamente evitar títulos vulnerables a impugnación por incumplir normativa europea, pero también introduce una tensión: si desaparecen determinadas prórrogas automáticas para concesiones económicas, la continuidad dependerá más de procedimientos competitivos y de cómo se diseñen sus criterios.
En un momento en que Bruselas está empujando agendas de resiliencia, seguridad y transición energética en el ámbito marítimo-portuario, el marco jurídico de la ocupación del dominio público se convierte en un factor de competitividad: define si una inversión se amortiza, cómo se renuevan instalaciones y qué incentivos existen para modernizar infraestructuras sin miedo a un cambio de reglas a mitad de partido.
El anteproyecto abre, por tanto, un debate que trasciende lo jurídico: quién, cómo y bajo qué condiciones puede operar en el litoral cuando hay actividad económica sobre dominio público. El plazo de información pública hasta el 1 de abril es el momento en que los actores del mar —puertos, concesionarios, industria, economía turística, acuicultura e instituciones territoriales— pueden intentar influir en la letra pequeña. La discusión, como casi siempre en costas, no va solo de procedimientos: va de modelo de litoral, de inversión y de cómo se equilibra la protección del dominio público con una economía azul que vive —literalmente— pegada a la orilla.
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