Armadores, astilleros, tecnólogos y sociedades de clasificación coinciden en Madrid: hay soluciones disponibles, pero falta escala industrial, certidumbre regulatoria y apoyo público. Marina Mercante avanza una orden de ayudas de 250 millones para modernizar flota y recortar CO₂ con reducciones “reales, medibles y verificables”.
La descarbonización del transporte marítimo ya no se discute en términos de intención, sino de decisiones técnicas y capacidad de ejecución. Ese fue el tono dominante de la jornada “Descarbonización del Transporte Marítimo”, organizada por Soermar en colaboración con Alimia Shipyards Group (Astican, Astander y Astibal) y celebrada en el Auditorio El Beatriz (Madrid), con la participación de Administración, armadores, astilleros, suministradores, tecnólogos y sociedades de clasificación.
El encuentro partió de una realidad ampliamente compartida por el sector: la mayor parte de los buques que operarán en 2030 ya están hoy en servicio, por lo que el retrofit —integración de tecnologías de eficiencia energética y reducción de emisiones en flota existente— se convierte en la palanca inmediata para ganar tiempo y competitividad.
La jornada combinó ponencias y mesas redondas con un enfoque práctico. Se expusieron tecnologías ya implantadas en buques en operación (propulsión eólica como retrofit, sistemas integrados de optimización energética basados en digitalización y monitorización, y la visión de “class” sobre viabilidad técnica y normativa).
En el debate se repitió una conclusión: la transición energética es técnicamente posible con herramientas que existen, pero su despliegue masivo sigue lejos. La razón no es solo tecnológica; es industrial, financiera y regulatoria: se necesita impulso público y un marco estable y claro que permita inversión, certificación y retorno económico.
Uno de los momentos más seguidos fue la mesa sobre captura de carbono a bordo (OCCS) aplicada a buques ya operativos, presentada como un “tema imprescindible” para avanzar cuando las alternativas de combustible no siempre están disponibles o no encajan en todas las rutas y perfiles de buque.
La mesa fue moderada por Juan Luis Sánchez, director general de Astilleros Santander (Astander), y contó con la participación de:
El panel aterrizó el debate en tres preguntas que marcan el “encaje real” del OCCS: madurez tecnológica, impacto operativo (energía auxiliar, espacio, mantenimiento y seguridad) y, sobre todo, cómo se certifica y contabiliza el CO₂ capturado dentro de los mecanismos regulatorios y de mercado. Se subrayó además que el OCCS exige algo más que un equipo a bordo: necesita una cadena logística completa para recoger, transportar y almacenar o reutilizar el CO₂.
Otra mesa abordó la viabilidad de biocombustibles, metanol, hidrógeno y amoníaco, junto con motores duales. La idea que emergió con más fuerza fue que los biocombustibles aparecen como vía “inmediata” para flota existente, mientras que otras opciones necesitan planificación, infraestructuras y claridad normativa internacional en materia de seguridad, disponibilidad y cadena de suministro.
La clausura corrió a cargo de la directora general de la Marina Mercante, Ana Núñez, que puso cifras al momento: una nueva orden ministerial de ayudas dotada con 250 millones de euros para un periodo de cinco años, orientada a la renovación y modernización de flota y la reducción de emisiones de CO₂.
Según lo expuesto en la jornada, las ayudas —financiadas en parte con ingresos vinculados al EU ETS— buscarán acelerar tanto nuevas construcciones como proyectos de retrofit que logren reducciones reales, medibles y verificables, y con un objetivo ambicioso: superar el 20% de reducción del índice de intensidad de GEI en la flota mercante explotada por intereses españoles en 2030 (por encima del 6% citado en FuelEU).
En paralelo, Núñez insistió en un punto sensible para la competitividad: el transporte marítimo es global y requiere normas globales, advirtiendo del riesgo de distorsiones si proliferan medidas regionales no armonizadas.
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