El expediente del verdel se ha convertido en el gran punto de fricción de la gobernanza pesquera del Atlántico nordeste y vuelve a tensionar la agenda europea. La Organización de Productores “Les Pêcheurs de Bretagne” (LPDB) ha interpelado públicamente a la ministra delegada de Mar y Pesca, Catherine Chabaud, para que Francia impulse una salida política a un bloqueo que amenaza con agravar tanto la situación del stock como la incertidumbre para las flotas.
El trasfondo es delicado: el CIEM/ICES ha advertido de un deterioro severo del recurso y ha recomendado un recorte drástico de capturas para 2026. En su último dictamen científico, el organismo fija un nivel de capturas máximo de 174.357 toneladas para el stock de caballa del Atlántico nordeste, una caída de alrededor del 70% frente al nivel aconsejado para 2025.
La tensión no es solo biológica. A juicio de LPDB, el desplome se explica por una combinación de cambios ambientales y una presión pesquera elevada en los últimos años, especialmente por parte de varios países costeros del norte. Esa lectura conecta con el mayor problema estructural del verdel: la ausencia de un acuerdo integral de reparto entre la Unión Europea y los grandes actores no comunitarios del caladero (Reino Unido, Noruega, Islas Feroe e Islandia), lo que ha alimentado años de cuotas fijadas de forma unilateral y disputas diplomáticas.
En este contexto, la UE ha denunciado haber quedado al margen de un entendimiento anunciado en diciembre por Reino Unido, Noruega, Feroe e Islandia. La Comisión Europea expresó su “profunda preocupación” por un arreglo firmado sin consulta previa a Bruselas, y el propio sector comunitario alertó de un “desequilibrio” competitivo si terceros países consolidan un marco que deja a la UE sin espacio real para defender sus derechos históricos.
El choque también se trasladó al Consejo: al aprobar las posibilidades de pesca para 2026, los ministros europeos optaron por límites provisionales para los seis primeros meses del año, a la espera de que se cierre (si se cierra) un reparto definitivo del stock de verdel entre los Estados costeros.
Es en esa “semana decisiva” donde LPDB pone el foco y formula tres exigencias a la ministra francesa Chabaud. Primero, reabrir el diálogo con los países nórdicos para alcanzar un acuerdo de reparto “duradero” que ponga fin a la excepción del verdel, uno de los pocos grandes stocks sin pacto estable de asignación, según la organización. Segundo, fijar un TAC 2026 de 299.000 toneladas, una reducción muy severa, pero menos abrupta que el escenario principal del CIEM/ICES; y tercero, blindar la clave histórica de reparto, reclamando para la UE el 21,85% del total para que el ajuste sea “equitativo”.
La cifra de 299.000 toneladas no es casual: coincide con el nivel que, según comunicados sectoriales, han manejado los cuatro países firmantes del arreglo parcial para 2026 (en torno a 299.010 toneladas). Pero el debate real no es solo el volumen total, sino quién se queda con qué: el sector europeo advierte de que la suma de las cuotas asignadas por esos cuatro socios alcanza casi el 80%, dejando a la UE —y también a Groenlandia— fuera del tablero, sin corregir además el riesgo de sobrepesca por terceros.
Con la campaña del pelágico en el horizonte y acuerdos bilaterales que siguen moviéndose (como los entendimientos Reino Unido–Feroe), el verdel se consolida como un termómetro de la capacidad europea para defender sostenibilidad, estabilidad económica y peso diplomático en un Atlántico cada vez más competitivo
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