La sentencia ejemplar destaca los crecientes esfuerzos de Canadá contra la pesca ilegal y sus riesgos para la salud pública y el medio marino
En un caso que ha sacudido al sector pesquero canadiense, la Corte Suprema de Columbia Británica ha condenado al pescador Scott Steer, de 47 años, a seis años de prisión y al pago de una multa de más de un millón de dólares canadienses (1.105.718 CAD), por su implicación en la pesca y venta ilegal de pepino de mar, una especie marina muy demandada en los mercados asiáticos.
Los delitos ocurrieron entre julio de 2019 y junio de 2020, en pleno período en que Steer tenía prohibido pescar hasta 2038 por anteriores condenas relacionadas con la pesca ilegal y el lavado de dinero. A pesar de esta inhabilitación, el acusado continuó su actividad ilícita, equipando embarcaciones y contratando tripulación, incluso empleando a un ciudadano extranjero sin autorización legal para trabajar.
El caso ha sido investigado durante más de cinco años por Pêches et Océans Canada (MPO), el organismo federal encargado de la gestión de los recursos pesqueros y oceánicos. Tras el juicio, la institución ha anunciado que reforzará la vigilancia y el seguimiento en los casos de infracción grave, dada la gravedad de los hechos.
Este caso subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia y sanción frente a delitos que afectan a los recursos naturales, la economía pesquera legal y la seguridad alimentaria. Canadá envía así un mensaje claro: la pesca ilegal no quedará impune, y los infractores se enfrentarán a penas duras y ejemplares.
La pesca del pepino de mar está altamente regulada en la provincia de Columbia Británica, donde solo 30 embarcaciones con licencia oficial pueden operar bajo estrictas condiciones estacionales. Esta regulación busca proteger una especie clave para los ecosistemas marinos, así como garantizar la trazabilidad de los productos.
Según la MPO, el tráfico ilegal de este equinodermo no solo perjudica la conservación de los recursos y a los pescadores que cumplen con la ley, sino que también supone un riesgo para la salud pública, ya que estos productos pueden llegar al mercado sin pasar por los controles sanitarios pertinentes.
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