Refuerzo de los controles sobre el pulpo en Almería ante el aumento de irregularidades en su comercialización

La Junta de Andalucía intensifica la vigilancia sobre el pulpo común en el litoral almeriense debido a un repunte de infracciones, en un contexto de creciente presión sobre la sostenibilidad de la especie

En plena temporada alta para la pesca y comercialización del pulpo común (Octopus vulgaris), la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Almería ha reforzado significativamente las labores de control e inspección en puertos, lonjas, pescaderías y restaurantes de la provincia. Esta medida forma parte del Plan Anual de Inspección de Pesca Marítima y Acuicultura, pero también responde a un alarmante aumento de las infracciones relacionadas con esta especie, una de las más valoradas por su interés gastronómico y comercial.

Según los datos facilitados por la Delegación, casi el 50 % de los expedientes sancionadores abiertos en lo que va de año en la provincia tienen que ver con irregularidades en torno al pulpo. Entre las prácticas detectadas con mayor frecuencia están la falta de trazabilidad, la comercialización de ejemplares por debajo del peso mínimo permitido y la venta sin documentación que acredite su origen legal. Estas infracciones pueden conllevar sanciones económicas de hasta 60.000 euros, en función de la gravedad y la reincidencia.

Una de las principales preocupaciones de las autoridades es que el origen del pulpo no siempre está acreditado, lo que impide comprobar si ha sido capturado en periodo y zona permitidos, y si cumple con las condiciones de sostenibilidad que exige la normativa europea. Esta situación no solo pone en riesgo el recurso pesquero, sino que perjudica a los pescadores profesionales que cumplen las reglas, generando competencia desleal y socavando la confianza de los consumidores.

Además, la Junta ha querido recordar que la pesca recreativa del pulpo está completamente prohibida en el Mediterráneo andaluz, y que su práctica se considera una infracción grave, sancionada con multas que pueden alcanzar los 3.000 euros. Pese a esta prohibición, se han detectado numerosas capturas por parte de aficionados, especialmente en zonas de difícil acceso o durante la noche, lo que ha motivado un aumento de los controles en playas y embarcaderos.

Las autoridades han reforzado también la colaboración con la Guardia Civil (SEPRONA) y la Policía Autonómica, y se están llevando a cabo operativos conjuntos para interceptar productos sin etiquetado o procedencia en transportes y puntos de venta. Parte de los controles incluyen análisis aleatorios en pescaderías y restauración, así como la revisión de documentación en lonjas y puntos de primera venta.

Según expertos del sector, la presión pesquera sobre el pulpo ha aumentado en los últimos años, lo que ha motivado a las administraciones a establecer medidas de conservación más estrictas, como vedas temporales, restricciones de tallas mínimas y límites a los artes de pesca permitidos. El pulpo común es una especie de gran interés comercial en la costa almeriense, tanto para el consumo en fresco como para su transformación en la industria alimentaria, y representa una fuente importante de ingresos para pequeñas flotas artesanales.

Desde la Junta de Andalucía, se ha hecho un llamamiento al sector pesquero y comercial para extremar el cumplimiento de la normativa y colaborar en la protección de los recursos marinos. “El objetivo no es solo sancionar, sino garantizar que la pesca del pulpo sea sostenible y responsable. El pulpo es un símbolo de nuestra gastronomía, pero también un recurso natural que debemos conservar para las futuras generaciones”, han señalado desde la Delegación Territorial.

El refuerzo de controles seguirá activo durante los próximos meses, especialmente en fechas clave como el verano y las semanas previas a festividades locales, cuando el consumo de productos del mar se incrementa notablemente. La Junta ha anunciado que publicará un informe con los resultados de la campaña de inspección al finalizar el año.

Con estas medidas, Andalucía quiere reforzar su compromiso con la pesca legal, responsable y sostenible, asegurando la trazabilidad del producto, protegiendo la biodiversidad marina y garantizando los derechos de los pescadores que trabajan dentro del marco legal.