El debate sobre el futuro de la anguila europea vuelve a situarse en primer plano tras el anuncio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) de proponer su inclusión en la categoría de “En peligro de extinción”. La medida, de gran carga simbólica y ambiental, ha activado la respuesta del sector profesional, que reclama una lectura más amplia del problema y una hoja de ruta que no se limite a cerrar pesquerías, sino que ataque los factores estructurales que siguen lastrando la recuperación de la especie.
La Asociación Profesional de la Pesca y Comercialización de la Angula (APROANG) comparte la preocupación por el estado del recurso, pero advierte de que la solución “es más compleja de lo que parece” y exige “gestión integral basada en datos científicos, experiencia territorial y evaluación real de resultados”. Desde la organización subrayan que el propio sector es “el primer interesado” en la recuperación: “Nuestra actividad depende directamente de la supervivencia de la anguila”, sostienen.
APROANG defiende que la pesca profesional de angula se encuentra hoy entre las actividades más reguladas del continente, con cupos muy reducidos, limitación estricta de días, control diario de capturas y trazabilidad completa desde el origen hasta el consumidor final. En ese marco, la asociación pone el foco en un punto que considera clave: la eficacia de las políticas debe medirse por su impacto real, no por su efecto mediático.
“La prohibición total aplicada en Andalucía o Portugal no ha demostrado efectos positivos en la recuperación, según las evidencias disponibles”, señala el colectivo, que pide evitar decisiones “aisladas” que no aborden las causas principales del declive.
El argumento central del sector es que la caída de la anguila no se explica, principalmente, por la pesca profesional regulada, sino por factores no pesqueros ampliamente documentados: fragmentación de los ríos por presas y centrales hidroeléctricas, pérdida de hábitat fluvial, mortalidad en los procesos migratorios, alteración de caudales ecológicos y otros impactos antropogénicos.
Desde APROANG trasladan que, si se quiere una recuperación “de verdad”, la intervención debe ser coherente con el ciclo vital de la especie y con el funcionamiento de los ecosistemas fluviales: restauración de conectividad, mejora del hábitat y control de los puntos críticos de mortalidad.
La asociación apoya su posición en el reciente informe del Parlamento Europeo sobre la aplicación del Reglamento 1100/2007, que subraya que la recuperación de la anguila es un proceso de largo plazo y advierte de que centrar la política únicamente en el cierre de pesquerías “no es el camino adecuado”. El documento, recuerdan, llama a reforzar las medidas no pesqueras, avanzar en repoblación y restauración de ríos y priorizar la eliminación o mitigación de barreras a la migración.
Además, el Parlamento Europeo reconoce el papel de los pescadores profesionales por su conocimiento del medio y por su función en el control del furtivismo y del comercio ilegal, un elemento que el sector considera determinante cuando se endurecen las restricciones sin reforzar la vigilancia y la trazabilidad.
APROANG insiste en que la sostenibilidad no puede abordarse desde una única dimensión. En su planteamiento, la pesca artesanal de angula sostiene a cientos de familias, fija población en territorios con pocas alternativas y genera un impacto económico relevante en zonas rurales y costeras. “La protección de la biodiversidad no puede construirse al margen de las personas que viven y trabajan en el territorio”, resumen desde la organización, que se define como parte de la solución y no como el problema.
En su llamamiento a las administraciones, APROANG pide que las decisiones que se adopten:
Con este telón de fondo, la asociación anuncia que solicitará en los próximos días una reunión con la ministra y con los principales grupos políticos para “trasladar información contrastada, compartir la experiencia del sector y contribuir a un debate riguroso”.
“La anguila necesita soluciones complejas y valientes, no atajos”, concluye APROANG, que reclama actuar allí donde se concentran “los verdaderos factores de mortalidad” y reconocer el papel de quienes trabajan bajo “una de las regulaciones más estrictas de Europa”.
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