TARIFA (CÁDIZ), 16/09/2023.- Pescadores de JC Mackintosh, la primera pesquería española de atún rojo salvaje, y la tercera del mundo, que ha conseguido el certificado de sostenibilidad Marine Stewardship Council (MSC), una "ecoetiqueta" con la que viaja a los mercados internacionales más exigentes y concienciados y que opera en el Estrecho de Gibraltar con la ley "un hombre, un anzuelo, un atún rojo". EFE/Isabel Laguna
La Unión Europea acelera la integración del Tratado de Alta Mar: un paso decisivo para la protección de la biodiversidad y la sostenibilidad de los recursos marinos más allá de las fronteras nacionales
La Comisión Europea ha lanzado una propuesta que podría redefinir la relación entre los humanos y los océanos: la integración del Tratado de Alta Mar en el derecho de la UE. Una iniciativa que no concierne sólo a las instituciones, sino a todos los sectores vinculados al mar, desde la pesca a la acuicultura, pasando por la investigación científica y la seguridad alimentaria. Este acuerdo internacional, conocido como “Biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional” (BBNJ), representa una respuesta concreta a las amenazas que pesan sobre dos tercios de los océanos del mundo, esos vastos espacios marinos que escapan a la jurisdicción de los Estados individuales y que contienen recursos fundamentales para el ecosistema y la economía global.
Firmado en 2023 por 89 países, el acuerdo tiene como objetivo proteger al menos el 30% de los océanos para 2030, estableciendo un nuevo estándar mundial para la gestión sostenible de las aguas internacionales. La Unión Europea, con la firma de la presidenta Ursula von der Leyen, se ha situado a la vanguardia de la traducción de estos compromisos en reglas operativas y concretas. La directiva propuesta no sólo aplica el Tratado, sino que proporciona a los Estados miembros herramientas claras para preservar la biodiversidad marina, regular las actividades económicas en alta mar y garantizar una gobernanza transparente y participativa.
Entre los aspectos más relevantes destaca el establecimiento de amplias áreas marinas protegidas y la obligación de realizar estudios de impacto ambiental antes de autorizar cualquier actividad en aguas internacionales. Una medida que inevitablemente involucrará también a la industria pesquera y a las prácticas de pesca lejos de las costas, imponiendo altos estándares de sostenibilidad y responsabilidad. Para los investigadores europeos, el tratado abre nuevas oportunidades para compartir los recursos genéticos marinos, garantizando que los beneficios derivados de la biodiversidad se distribuyan de forma equitativa, de acuerdo con los objetivos globales de equidad y desarrollo científico.
El sector de la pesca y la acuicultura se enfrenta así a un doble reto: adaptarse a un marco normativo más estricto y, al mismo tiempo, aprovechar las oportunidades que ofrece un mercado cada vez más orientado a la sostenibilidad. La propuesta de la Comisión simplifica los procesos administrativos, evitando cargas excesivas, pero exige un cambio de paradigma: ya no se trata sólo de explotar el mar, sino de garantizar su supervivencia para las generaciones futuras.
Con el objetivo de ratificar el acuerdo antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos prevista en Niza en junio de 2025, la UE demuestra su voluntad de ser protagonista de un punto de inflexión trascendental en la gestión de los espacios marinos globales. Proteger la biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional no es sólo una cuestión ambiental, sino una opción estratégica para garantizar la estabilidad ecológica, económica y social en un mundo donde los océanos siguen siendo el mayor recurso compartido.
En este escenario, la información y la concientización juegan un papel crucial. Sectores como el pesquero deben prepararse para dialogar con nuevas reglas y transformar la sostenibilidad en valor añadido. El futuro de los océanos ya no es una cuestión lejana: hoy decidimos cómo navegaremos mañana.
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