El gobierno español estudia prohibir este año la captura de marrajo

El gobierno español tomará este año las medidas dirigidas a proteger una de las especies de tiburón más amenazadas del mundo, el marrajo, una especie de escualo que captura de forma accesoria y legal de acuerdo a la normativa europea. La prohibición de la pesca y la tenencia de los ejemplares que viven en el Atlántico Norte es una población especialmente amenazada por el comercio de tiburones. La noticia es muy importante para los pescadores, una vez que España se encuentra entre los primeros países del mundo en la captura del marrajo.

Los científicos, en apoyo de la conservación de la especie, llevan mucho tiempo pidiendo que se tomen medidas urgentes para proteger la menguante población de marrajos en el Atlántico. Según sus informes se calcula que «se necesitarán al menos 50 años para restablecer la población, incluso si la pesca se detuviera por completo». El marrajo, antaño abundante en el Mediterráneo y presa popular para la pesca recreativa, es una especie muy activa y rápida, capaz de alcanzar velocidades de hasta 70 kilómetros por hora y de brincar. Está clasificada como «Vulnerable» en la Lista Roja de especies amenazadas de la UICN.

Según un estudio reciente publicado en Nature, las poblaciones de tiburones y rayas han disminuido un 71% desde 1970, mientras que las capturas se han triplicado. Se estima, dicen algunos expertos de la Comisión para la Conservación del Atún Atlántico, que incluso si la pesca se detuviera inmediatamente en el Atlántico Norte las poblaciones de este tiburón pelágico tardarían muchas décadas en volver a una condición de no peligro para la especie.

El año pasado, los gobiernos votaron para regular el comercio y la pesca de algunas especies en peligro de extinción. Durante las negociaciones, algunos países como Canadá, Gran Bretaña y Senegal habían pedido que se impulsara una propuesta para prohibir las capturas de marrajos y la explotación de la especie, pero Europa y Estados Unidos se han negado hasta ahora a apoyar las prohibiciones, al tiempo que han destacado los riesgos para la especie con el fin de continuar con diversas prácticas pesqueras, obstaculizando de hecho los planes de protección futura.

Demanda del sector pesquero

La flota que dedica a la pesca de pez espada y tiburón decidió tomar medidas legales contra el Gobierno por impedir la comercialización de marrajo .La organización lucense OPP-7 interpuso una reclamación por vía administrativa ante tres ministerios por responsabilidad patrimonial ante la prohibición a la comercialización del marrajo capturado durante 2020, medida que estudian tomar también los armadores de ARVI (Vigo) y Orpagu (A Guarda). La OPP-7 reclama 205.000 euros en nombre de cinco de sus empresas. Los problemas llegan desde la inclusión de la especie en el Apéndice os motivos para presentar la reclamación radican en “la contradicción y descoordinación entre los tres Ministerios”, es decir, los de Pesca, Transición Ecológica y Comercio; la no existencia de “resolución ni comunicación de cierre ni de limitación de las capturas”; el cumplimiento de la legalidad a la hora de pescar el marrajo marcada por parte de la Iccat (la organización regional de pesca), y la falta de “sentido” del” veto o la prohibición de comercializar el marrajo capturado de forma legal”. A juicio de los armadores lucenses, “lo único que consigue es un perjuicio a las empresas, cuando el marrajo ya está procesado”.

La reclamación económica se basa en el valor estimado de la venta no producida (con el precio medio anual) más el coste del frío de almacenamiento en cámaras. Además, las firmas están preocupadas de que además tengan que hacerse cargo de la destrucción de las cantidades almacenadas, lo que agravaría considerablemente estos costes.

El problema con el marrajo deriva de la inclusión de la especie en el Apéndice II de la Convención Cites en 2019, lo que generó una mayor burocracia para la comercialización de la especie y que derivó en lo que el sector considera una injerencia de Transición Ecológica en materia pesquera al dejar de dar los permisos de exportación en base a criterios conservacionistas.