La empresa pesquera gallega Armadora Parleros denunció ante la Comisión Europea que España no supervisa la potencia motora de los buques de pesca, lo que lleva a agravios comparativos para aquellos que cumplen con las restricciones legales, informó su despacho de abogados en un comunicado.
La empresa gallega, que está representada por el bufete jurídico Navas & Cusí, también denunció a la Comisión Europea ante el Parlamento Europeo por su presunta «pasividad» ante este asunto.
Según la firma de abogados, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) especifica que son los Estados miembros los que deben controlar la potencia motriz de los buques.
En el caso de España, el 80 % de la flota pesquera del Cantábrico Noroeste tiene una potencia motora que «duplica, triplica o incluso cuadruplica» la obtenida en su licencia, según Navas & Cusí.
El bufete jurídico denunció que, aunque está prohibido pescar con una potencia superior a la establecida en la licencia, «prácticamente todos (los buques) lo hacen ante la absoluta pasividad y ausencia de control por parte de las autoridades».
También criticó el riesgo que existe para la fauna marina debido a la «depauperización» de los recursos biológicos marinos por la «falta de control» de las autoridades competentes.
La pesquera gallega ya presentó una queja ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de Luxemburgo en noviembre del año pasado, una petición que fue archivada, explicó la firma de abogados
