El sector pesquero luso afronta un déficit estructural de mano de obra que ya amenaza con paradas de buques. Lisboa ha movido ficha: flexibiliza el marco para embarcar extranjeros, acelera acuerdos bilaterales —con Indonesia como caso inminente— y abre el debate sobre certificaciones, seguros y relevo generacional.
Portugal está chocando con un límite que no es biológico ni de cuota, sino humano: la escasez de tripulantes. La falta de marinería, especialmente en ciertas zonas y segmentos, se ha convertido en un cuello de botella que condiciona salidas a la mar y rentabilidad. El propio Gobierno portugués llegó a advertir que entre un 10% y un 15% de los barcos podrían tener que parar por no poder cumplir las dotaciones mínimas de seguridad, con un impacto económico estimado de decenas de millones de euros.
En ese contexto, Lisboa está avanzando hacia una fórmula que ya es habitual en otras potencias pesqueras: integrar tripulación de terceros países con más agilidad, manteniendo el control de seguridad y mando, pero garantizando que el barco no quede amarrado por falta de personal.
La normativa que venía aplicándose limitaba la presencia de tripulantes no nacionales (no UE/EEE o países de lengua portuguesa) a un máximo del 40% en cada embarcación. La nueva orientación política mantiene ese marco, pero amplía las excepciones mediante acuerdos con países de origen, e intenta desbloquear otro problema clave: el reconocimiento de certificaciones para poder embarcar legalmente sin fricciones administrativas.
El mensaje oficial ha sido claro: la pesca es estratégica, pero “los barcos necesitan personas que los operen”. De lo contrario, la flota pierde capacidad real aunque haya recurso y mercado.
El giro se está visualizando con especial fuerza en el norte del país. Medios portugueses han informado de un acuerdo Portugal–Indonesia “prácticamente listo”, pendiente de firma, que permitiría operar con un maestro portugués y el resto de la tripulación extranjera, eliminando de facto el freno del porcentaje cuando exista ese paraguas bilateral.
En Viana do Castelo, voces empresariales han descrito el problema en términos muy prácticos: la exigencia de un porcentaje mínimo de tripulación portuguesa puede bloquear embarcaciones; además, cuando no se cumple la norma, aparecen riesgos colaterales —por ejemplo, en coberturas de seguro en caso de accidente— que empujan al sector a reclamar una vía legal y estable.
La discusión no se limita a “traer marineros”. El sector y la Administración han puesto sobre la mesa tres puntos sensibles:
La apertura a terceros países también reabre el debate interno: cómo hacer atractiva la profesión para jóvenes portugueses. En el debate parlamentario sobre estas medidas se citó una caída de más del 10% de pescadores respecto a 2018 (en torno a una base de 16.000), y partidos de la oposición reclamaron incentivos específicos para contratación nacional.
Mientras ese relevo se construye (si llega), la flota necesita soluciones inmediatas. Y ahí el camino apunta a acuerdos bilaterales, regularización y certificación rápida, con un objetivo: que el buque salga a la mar con tripulación completa y cobertura legal, sin penalizar seguridad ni competitividad.
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