El ministro de Agricultura ha participado en Brujas cómo proteger los caladeros y hacer más atractivo el sector garantizando que sea una actividad «rentable y sostenible»

La Unión Europea (UE) quiere hacer más atractivo el sector de la pesca a los jóvenes, para lo que hay que tomar «importantes decisiones de inversión», reconoció el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, antes de entrar al Consejo informal sobre el futuro.

Hay que esperar a la sentencia para ver qué ocurre y qué consecuencias prácticas tiene el tema». Así, con cautela, se ha pronunciado este lunes el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, sobre la situación con el acuerdo de pesca de la UE con Marruecos, solo unos días después de que la abogada general de la Unión recomendara al TJUE la suspensión de este pacto. «No hay que prejuzgar las situaciones, pero, en todo caso, estamos preparados para cualquier escenario, en contacto con las autoridades marroquíes y, evidentemente, tanto en el Consejo como en la Comisión están trabajando sobre ello», sostuvo Planas en declaraciones a Efe en el Consejo de ministros del ramo en Brujas.

En primer lugar, la abogada general explica que el pueblo del Sáhara Occidental «no tiene ningún representante oficial o reconocido para interponer un recurso en su nombre». Sin embargo, el Frente Polisario lucha por uno de los tres resultados posibles del derecho a la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental: la creación de un Estado independiente. En consecuencia, debe considerarse que el Frente Polisario «refleja los intereses y deseos de (al menos) una parte del pueblo del Sáhara Occidental», resume.

Después, pasando al fondo del asunto, la abogada general sostiene que el Acuerdo de Pesca y el Protocolo de Aplicación «no cumplen el requisito» de tratar el territorio del Sáhara Occidental como «separado y distinto» del del Reino de Marruecos.

Además, añade, el hecho de no tratar por separado ambos territorios también «puede repercutir en el derecho del pueblo del Sáhara Occidental a disfrutar y beneficiarse de sus recursos naturales, incluidos los recursos pesqueros de las aguas adyacentes a dicho territorio!. Sin embargo, dado que algunos de estos elementos, aunque planteados ante el Tribunal General, no fueron tratados, no corresponde al Tribunal de Justicia discutir el alcance de los derechos y deberes relacionados con el disfrute de los recursos naturales del pueblo del Sáhara Occidental, concluye el comunicado de la abogada. En general, el TJUE suele seguir la línea marcada por esta figura.

En ese contexto, Planas prefiere optar por la cautela y esperar acontecimientos. «Este es un acuerdo de pesca, pero es un poco más que un acuerdo de pesca. Es uno de los elementos que unen a un país cercano, socio y amigo de la Unión Europea, como es Marruecos, con la Unión Europea. Por tanto, estas consecuencias también hay que tenerlas muy presentes», expuso el ministro en un encuentro informal del que no se esperan grandes conclusiones.

«Hay casos en los cuales el tribunal sigue el criterio de la abogada general y otros en que no sigue ese criterio», concluyó el titular de Agricultura y Pesca, en un tema sobre el que los próximos meses serán capitales. En enero de 2019, la Unión Europea y el Reino de Marruecos firmaron el Acuerdo de colaboración en el sector pesquero sostenible (el Acuerdo de pesca), junto con el Protocolo de aplicación. Dicho acuerdo fue aprobado por el Consejo.

En junio de 2019, el Frente Polisario, movimiento que apoya el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, solicitó la anulación de la Decisión del Consejo ante el Tribunal General. En su recurso, el Frente Polisario afirma representar al pueblo del Sáhara Occidental. Alega que el Consejo no respetó el derecho a la autodeterminación de dicho pueblo. En su sentencia, el Tribunal General anuló la decisión del Consejo. En 2021, tanto la Comisión como el Consejo interpusieron un recurso ante el Tribunal de Justicia.

La aplicación de este protocolo expiró el pasado 17 de julio, lo que supuso la suspensión de la actividad, algo que afecta especialmente a España, ya que 92 de las 138 licencias que faenan en la zona corresponden a su pabellón, en concreto, a la flotas andaluza, gallega y canaria.