La Ley de Pesca Sostenible que prepara el Gobierno español incorpora disposiciones para gestionar la pesca de recreo. «Es importante conocer qué están haciendo los aficionados, los datos de consumo, presencia e impacto para hacer una gestión moderna y acorde con la situación de los recursos», expuso Alicia Villauriz, secretaria general de Pesca, en un simposio en el que la eurodiputada socialista Clara Aguilera también se refirió a ese control, aclarando que, a diferencia de la pesca profesional, las competencias en esa materia son de los Estados miembros y no de la Comisión Europea.
Las capturas de los aficionados a lanzar las cañas y su virtual seguimiento —casi al mismo nivel que el de los profesionales— figura en el reglamento de Control de la Pesca, que ahora está en la negociación a tres bandas: entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea. Y frente a la opinión de la Eurocámara, donde la ponente de esa norma defiende la necesidad de conocer y obtener datos sobre las capturas de los recreativos, hay países que se resisten a establecer ese registro.
«Es un asunto controvertido sobre el que existen discrepancias en el Consejo», admitió Clara Aguilera, porque no todos los socios están a favor de contabilizar e incorporar a la gestión pesquera a los aficionados. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sí quiere hacerlo, y la norma que regulará ese control sigue adelante.
Los investigadores Pablo Pita y Gillian Ainsworth y los profesores Manel Antelo y Sebastián Villasante, de la Universidade de Santiago de Compostela, han publicado la primera evaluación de los impactos del COVID en la pesca marítima recreativa a nivel mundial. Junto a otros 52 coautores, publicaron un estudio que refleja que esta actividad dejó de gastar 29.000 millones de euros por la pandemia.
Este trabajo internacional, publicado en la revista Frontiers in Marine Science se llevó a cabo tras una consulta con expertos de 16 países, así como una encuesta internacional a cerca de 6000 pescadores recreativos de 15 países
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