No tenemos posibilidad de reconversión; las plantas industriales para sostener una cadena productiva y de abastecimiento requieren de suministro de materia prima constante, de alta calidad y seguridad, y esto una actividad artesanal no puede hacerlo”, explicó Macarena Cepeda Godoy, Presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío.
Agregó que empresas como PacificBlu funcionan porque se abastece principalmente con capturas propias y suma a ello compra muy específica de materia prima a pescadores artesanales, con los cuales ha hecho un trabajo de desarrollo de proveedores. “Tenemos enormes ejemplos de cómo la asociatividad artesanal-industrial rinde frutos de alto valor agregado, trabajo de calidad, seguro y permanente para ambos sectores. Por eso nos desespera esta ley que le impedirá pescar a PacificBlu y que generará un profundo daño en esta parte del país”.
Macarena Cepeda explicó que tras un revés legislativo para los parlamentarios promotores de la iniciativa legal ocurrido esta semana, se utilizará una argucia legislativa para reingresar el proyecto.
“Nos sorprende que entre los promotores más activos de esta ley se encuentren varias parlamentarias, las cuales saben que PacificBlu no tiene otro rumbo que el cierre y con ello la pérdida de 800 puestos de trabajo de mujeres y jefas de hogar que, al igual que la empresa, no tienen posibilidad alguna de reconversión. Como mujer les pido a las diputadas y senadoras que por favor piensen en ellas, sobre todo hoy cuando en nuestro país lo que se discute es la necesidad de darle mayor dignidad al trabajo femenino a través de empleos formales y de calidad”, manifestó la ejecutiva gremial.
Cabe mencionar que PacificBlu señaló a mitad de semana que su actividad es total y absolutamente sustentable y así lo refrendaron los más destacados expertos y científicos nacionales e internacionales que participaron del debate legislativo. Por ello, ante la imposibilidad de abastecimiento permanente que ocasionaría la prohibición para pescar, saldrán del mercado los productos de merluza que fabrica la empresa, afectando a unos 5 millones de consumidores chilenos que anualmente acceden a ellos a través de negocios de barrio y retail.
La Presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío recordó el exitoso modelo que PacifcBlu desarrolla con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB, que permitió reemplazar un tipo de pescado de baja calidad como el Pangasio o la Tilapia importada, por Merluza chilena apanada de alta calidad fabricada en Talcahuano para 1 millón de niños beneficiarios de este sistema de alimentación del Estado. “Con el cierre de PacificBlu esta será una parte más de esta terrible historia”, apuntó.
Las claves del proyecto parlamentario de eliminación de la pesca de arrastre según la industria
- Esta moción parlamentaria busca prohibir al sector industrial operar sobre la merluza común a través de la eliminación específica del arte de pesca (herramienta de captura) y se basa en la idea que el agotamiento de la Merluza Común se debe a la actividad industrial.
- Expertos, científicos y autoridades en materia pesquera fueron convocados a la discusión parlamentaria y toda la evidencia recogida señala que el problema de la merluza común es la pesca ilegal artesanal sin control, especialmente en las regiones del Maule y Valparaíso y no el sistema de pesca industrial.
- Los parlamentarios que impulsan el proyecto son de las regiones del Maule y Valparaíso -donde no existe actividad pesquera industrial-, pero los efectos en cesantía, pérdida de competitividad, cadenas de valor y producción serán en la Región del Biobío.
- El Comité Científico Técnico (CCT) de Recursos Demersales de la Zona Centro Sur, cuyo rol es de asesoría a la Subsecretaría de Pesca informó al Parlamento que “el proyecto de ley que prohíbe el uso del arte de pesca de arrastre no cumple con el propósito de contribuir a la recuperación del recurso merluza común” y agrega que “la principal limitante para la recuperación de la merluza es el elevado nival de ilegalidad en la pesquería”.
- Producto de todo lo anterior, existen acciones legales en la Fiscalía del Maule interpuestas por actores industriales, artesanales y pymes, además de investigaciones del Servicio de Impuestos Internos para investigar a las mafias que controlan gran parte de la captura ilegal de Merluza Común.
- Hace más de un año, con los mismos argumentos se discutió y aprobó la llamada “Ley de la Jibia” que terminó destruyendo toda la cadena de valor que tenía esta pesquería para entregarla en exclusiva al sector artesanal. El resultado: se perdieron 1.000 empleos, se cerraron dos plantas de proceso y hoy casi no hay actividad jibiera -ni artesanal ni industrial- producto de esta “política pesquera”.
- Las asociaciones ilícitas que controlan la explotación, logística, transporte, distribución y venta de esta pesca ilegal también destruyen el valor y el esfuerzo de los pescadores artesanales que buscan respetar sus cuotas y cuidar el recurso, pues el precio de la merluza ilegal es infinitamente inferior a la legal y sobre el cual no tiene capacidad para competir.
- Estas enormes cantidades de pescado sin acreditación de origen, además de no pagar impuestos producto de su venta, generan dinero “negro”, el que se estima en unos US$60 millones. Es decir, cifras muy relevantes de tributos están siendo evadidos en desmedro de las arcas fiscales (impuesto a la renta e IVA).
- El sector pesquero industrial ha logrado certificar internacionalmente con sellos de sostenibilidad las pesquerías del Jurel, Camarón Nylon, merluza austral y Langostino, estos tres últimos se capturan con arte de arrastre. Esto demuestra que la actividad pesquera industrial puede trabajar sobre los recursos pesqueros de manera sostenible.
- Todos los informes para intentar recuperar la Merluza Común y lograr su sostenibilidad señalan que mientras las capturas ilegales del sector artesanal sean entre 5 y 10 veces la capacidad del recurso, su recuperación se hace inviable. Incluso en un escenario donde no opere la actividad industrial.