La pesca artesanal ha perdido 4000 empleos en seis años

En seis años se han destruido 4.000 empleos en el sector de la pesca artesanal española, considerada desde siempre, la más sostenible y respetuosa con las especies y el mar. No obstante, ahora se ve amenazada por la desunión sectorial y la desatención política, así como por las cuotas, que benefician recurrentemente a la pesca industrial.

Se denomina pesca artesanal, pesca sostenible, de bajura, o slow fish, que emplea artes pesqueras menores usadas tradicionalmente, barcos de poca envergadura sin grandes tecnologías que realizan pequeñas capturas, cerca de la costa, respetando la normativa e incluso imponiéndose estándares más estrictos y está directamente vinculada con los puntos 12º (producción y consumo responsables) y 14º (protección de la vida submarina) de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030. En el sector cunden las quejas por falta de acceso a las cuotas pesqueras, a información y a negociación con el gobierno o las comunidades autónomas. Denuncian una situación de asfixia.

“Es alarmante”, apunta Estefanía Torres, europarlamentaria de Podemos: “En España hemos perdido un 11% de la flota en cinco años, de 10.505 barcos registrados en 2011 a 9.299 del 2017, el desguace de más de 1.200 embarcaciones y la destrucción de más de 4.000 de empleos supone la pérdida de soberanía alimentaria, la muerte de muchos pueblos costeros, de su historia e identidad”.

Además están sobreexplotados el 40% de los stocks del Atlántico y el 90% del Mediterráneo, “pero se permiten pescar grandes cantidades para harinas y aceites para pienso animal o cebos de acuicultura”, alega Lidia Senra, europarlamentaria del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL) que considera que faltan medidas para establecer precios justos y de promoción del producto artesanal como surtir a los comedores de entidades públicas con él.

EL PEZ GRANDE SE COME AL PEQUEÑO

En los últimos años el reparto de cuotas pesqueras se ha guiado por criterios políticos y territoriales más que sostenibles, de creación de empleo o de reparto de la riqueza: “Hay que mejorarlo, la artesanal siempre se lleva la peor parte”, indica Senra.
“El Gobierno del PP lo utilizó como arma política para enfrentar a los pescadores y quitarles su derecho al mar”, opina Torres. “Ellos intuyen que detrás hay una estrategia para desmantelar el sector. La falta de planificación también se demostró con el PSOE, no nos prepararon para el cambio de paradigma en políticas pesqueras que sería la nueva Política Pesquera Común (PPC)” detalla.

“El sector sostenible queda sin voz ni voto, olvidados de las políticas pesqueras, son los últimos en opinar, en conocer los cambios de la norma y no están representados”, dicen desde Greenpeace
El artículo 17 de la misma apunta que los Estados aplicarán criterios transparentes y objetivos, medioambientales, sociales y económicos como el historial del cumplimiento, la contribución a la economía local y los niveles históricos de captura, además de esforzarse por dar incentivos a los buques que usen artes de pesca selectivos, técnicas de reducido impacto ambiental o bajo consumo energético: “Hasta ahora se basan sólo en criterios históricos, debería haber cambiado” apunta Celia Ojeda, responsable de consumo de Greenpeace. “Se suelen repartir injustamente sin seguirlo, España no es transparente en cómo da las cuotas salvo en el atún rojo y no lo cumplen”, detalla Ojeda.

La portavoz de Greenpeace valora que se favorece a los lobbies, los intereses industriales y el arrastre: “El sector sostenible queda sin voz ni voto, olvidados de las políticas pesqueras, son los últimos en opinar, en conocer los cambios de la norma y no están representados. La Federación Nacional de Cofradías dice hacerlo, pero en los puertos te dicen que no. Y cuando se organizan para que les llamen a reuniones del Ministerio o de la Secretaría General de Pesca, no se les convoca y a las pocas que hay van los mismos”, recalca.

Tampoco en las organizaciones regionales la artesanal está representada, asisten y negocian las grandes empresas pesqueras como ocurre en el ICCAT (Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico) donde el reparto es injusto y se incumple el artículo 17, según explica Ojeda.

“Se cuidan de no crear cohesión sectorial porque juntos somos un problema. El bipartidismo ha sido de lo peor para la pesca y para los agentes del cambio la tarea será difícil”, dice el pescador asturiano Ángel Garrandés Lanza
“En muchas ocasiones sus demandas no se atienden porque las asociaciones no las hacen llegar a los foros de participación ni al gobierno”, profundiza Eneko Aierbe del Área Marina y Pesca de Ecologistas en Acción: “Es un colectivo muy disgregado con pocas organizaciones representativas, no hay foros de unión entre zonas y los que pueden representarlos (cofradías, etc.) también tienen parte de pesca industrial por lo que no siempre defienden claramente sus intereses”.

Ángel Garrandés Lanza, pescador asturiano vinculado a grupos de trabajo de pescadores, técnicos y activistas, dice: “Los partidos someten la actividad pesquera y a los grupos de acción local al clientelismo y a la corrupción, quien pretenda cambiar esas estructuras da con la oposición de una parte beneficiada. Se cuidan de no crear cohesión sectorial porque juntos somos un problema. El bipartidismo ha sido de lo peor para la pesca y para los agentes del cambio la tarea será difícil”.

Estefanía Torres considera a los pescadores artesanales como el principal motor económico de las localidades costeras y quienes más han perdido con la ineficacia de la Comisión y de los estados al gestionar la Política Pesquera Común: “Los repartos se hacen en negociaciones opacas que en las que su voz y demandas no está presentes, intuyo que otras voces más poderosas, más grandes y con más medios sí”, confiesa.

AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS MARINOS

La sobreexplotación marina altera los ecosistemas, Aierbe manifiesta que se piensa que, entre otros desequilibrios, esto puede causar la proliferación de medusas. Y como Greenpeace considera que si se implementa bien la PPC se recuperarían los stocks y se crearía empleo. “La necesidad de ajustar la capacidad pesquera a la cantidad de peces para permitir su recuperación ha hecho que se pierda empleo y barcos artesanales pero la industrial no ha sufrido un recorte tan grande, se ha visto beneficiada por los gestores pesqueros”, cuenta Aierbe.
Una mayor transparencia en el proceso, más participación de todos los actores sectoriales, de científicos, ONG y administración parece primordial para conseguir el máximo rendimiento sostenible de las pesquerías como marca la PPC para 2020: “El PP no apoyó las medidas. Otros partidos frecuentemente toman otras populistas sin mejorar los recursos ni la flota de artes menores. Y en las decisiones europeas sobre cantidades máximas (TAC, total admisible de capturas), se benefician a las grandes industrias representadas por asociaciones de armadores como Cepesca, Arvi, etc”, aprecia Aierbe.

DISTINTAS LATITUDES, PROBLEMAS COMUNES

Desde la Asociación de pescadores artesanales del Parque Natural de Cabo de Gata-Nijar, Pescartes, comentan: “Aquí los más favorecidos son la flota de arrastre y la acuicultura. Las especies más explotadas por la industrial son merluza, atún, pez espada y pulpo”.
Reivindican pescar atún y pez espada sosteniblemente: “Las organizaciones oficiales quieren dejarnos fuera, recibimos apoyos puntuales en general de grupos sin capacidad de actuar. La mala gestión lleva a que las nuevas generaciones no vean futuro, es la pérdida de esta forma de vida y la desaparición de las artes menores”, manifiesta.

La Asociación de armadores de cerco de Galicia (Acerga), que al usar cerco y barcos mayores de 12 metros, no se consideran pesca artesanal, sin embargo se concentraron con las organizaciones de pescadores artesanos de diversas provincias en la Puerta del Sol el 16 de diciembre del 2016 para marchar hacia al parlamento y reivindicar un reparto justo de cuotas.

Relatan que tienen problemas para faenar desde 2014: “Se hizo el reparto individual por buque, que provocó unas diferencias enormes en beneficio de quienes cometieron sobrepesca de caballa y jurel de 2002 a 2012”, recuerda: “Gracias a la aportación de barcos que les tocó más y a hacer una gestión conjunta (la cuota se mete en un fondo común) tratando de regularnos lo más posible, logramos que ningún barco se quedase por el camino”, explican. Pero desde Acerga añaden: “El Plan de recuperación de la sardina, las escasas cuotas de caballa, jurel y anchoa ponen a la mayor parte del cerco gallego en una situación critica amenazando la continuidad de la flota.”. Piden la anulación del reparto y a nivel autonómico les apoyan todos los partidos a excepción del PP.

En el caladero gallego del Cantábrico-Noroeste se ve con la caballa que las cuotas no responden al tamaño de la flota en cada provincia: “Se determina por las capturas históricas de 2002 al 2011, no a pautas objetivas y actualizadas”, comenta Lidia Senra: “En 2018 la cuota es de 17,46%, frente al 42,06% del País Vasco con un censo de buques mucho menor”.

Su grupo solicitó que UE elimine el sistema de total admisible de capturas y las cuotas para la pesca artesana incidental en aguas interiores (como las rías gallegas): “El Parlamento Europeo aprobó en 2015 una resolución con una propuesta nuestra que lo incorpora pero la Comisión Europea no ha dado ningún paso”, indica.

EL LANGUIDECER DE LAS FLOTAS
En los años 50, Asturias tenía más de 1.100 embarcaciones y 7.000 empleos. En los 70 y 90 eran 700 barcos y casi 3.000 empleos. Hoy no hay más de 250 y menos de 1.000 puestos de trabajo. La última década del siglo XX y primera del XXI se redujo su flota a la mitad mientras que la modernización de la industrial triplicó su capacidad extractiva, de 2006 a 2017 todas las especies sufrieron sobreexplotación.
“Los sistemas de pesca industriales no discriminan ni especies ni tallas, generan unos descartes brutales y destruyen los biotopos marinos”, señala Garrandés: “En la flota de arrastre del cantábrico Noroeste medio un centenar de armadores diseñan la pesca desde hace 30 años (reglamentos, reparto, zonas, tallas, etc.) su ‘fusión’ con la Secretaría de Pesca crea la política pesquera española de las últimas décadas. No sólo destruyen su flota, también compran buques portugueses para realizar dumping laboral y competencia desleal, además de comprar o alquilar arrastreros pelágicos irlandeses o franceses para saltarse la legislación española que los prohíbe”, desvela.

Garrandés opina que los políticos son sus “perritos falderos”: “esos armadores han arruinado la pesca de arrastre, dejan a miles de familias en paro, cobran por barcos subvencionados echados al desguace casi nuevos, pretenden quedarse con las posibilidades de pesca sin plantear alternativas, ni reglamentos, ni la evolución de la tecnología de arrastre y son responsables de que esté obsoleta”, remarca. Finalmente, Garrandés expone que «con los tratados de inversión podemos encontrarnos con operadores de la gran distribución o de fondos de inversión que consigan derechos transferibles de pesca, afirma Garrandés