Una huelga de 48 horas iniciada el 18 de febrero por trabajadores del sector marítimo y fluvial ha complicado la operativa de puertos argentinos y amenaza con trasladar el pulso político a la logística del comercio exterior. La medida, convocada por la Federación Sindical Marítima y Fluvial (Fesimaf), se dirige contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que llega esta semana a una fase decisiva en el Congreso.
El paro impacta en tareas críticas para el movimiento de buques, como el amarre y desamarre, lo que se traduce en demoras y atrasos en carga y despacho. Según EFE, la afectación alcanza a 17 terminales portuarias del país.
Fesimaf sostiene que la protesta busca defender “derechos laborales”, “estabilidad” y la “dignidad de la familia marítima” ante iniciativas que —según denuncia— empujan a la precarización.
En el mismo comunicado, el sindicato subraya una idea que conecta empleo con navegación: “La Marina Mercante no puede quedar excluida del marco legal que protege a los trabajadores argentinos… este paro… es en defensa del trabajo nacional, de nuestras condiciones laborales y de la seguridad en la navegación”.
La federación integra, entre otros, al SOMU, el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales y Siconara, organizaciones con peso en el trabajo embarcado y en los servicios que sostienen el tráfico marítimo y fluvial.
El impacto más inmediato se ha sentido en el circuito agroexportador, especialmente en el área de Rosario, uno de los mayores nodos mundiales de salida de granos y subproductos. Reuters recoge que la cámara exportadora CIARA-CEC describió la situación como un freno “casi total” de la actividad, con buques afectados por la imposibilidad de completar servicios y operaciones portuarias.
Pero el paro no se limita al grano. EFE lo enmarca como una medida con efectos sobre “infraestructuras, pesca y comercio exterior”.
En clave marítima, la lectura es clara: si se ralentizan amarras, desamarras, transferencias de prácticos u otros servicios auxiliares, también se tensiona la cadena fría y la salida de productos perecederos. Para el sector pesquero, cualquier parón en la operativa portuaria se traduce en incertidumbre: descargas, avituallamientos, rotaciones de tripulación y expediciones pueden verse condicionadas por ventanas de atraque y por el efecto cascada en terminales.
La huelga llega en vísperas de una semana parlamentaria crucial. Reuters resume algunos ejes del proyecto gubernamental: limitar el derecho a huelga, poner topes a indemnizaciones, ajustar pagos por enfermedad y restringir ciertas reclamaciones tras despidos.
Otros medios han añadido que la discusión se da en un clima de fuerte contestación sindical y con la CGT preparando movilizaciones y paros a escala nacional.
En este contexto, el paro marítimo funciona como una palanca de presión con capacidad de impacto inmediato: allí donde se detiene la operativa portuaria, la economía lo nota en horas.
La Prefectura Naval Argentina ha recordado a las empresas armadoras su obligación de garantizar servicios esenciales vinculados a la seguridad, como el uso de remolcadores, y ha advertido de posibles sanciones en caso de incumplimiento.
El mensaje ilustra el delicado equilibrio entre el derecho a la protesta y la continuidad de funciones críticas en un país donde la navegación fluvial —especialmente en el corredor Paraná–Paraguay— y la salida marítima sostienen buena parte del comercio exterior.
Para la cadena de suministro internacional, estas tensiones no son un asunto local. Argentina es un actor relevante en exportaciones agroalimentarias y también en productos del mar, por lo que cualquier interrupción prolongada puede generar reprogramaciones logísticas, cambios de rutas y sobrecostes. Además, el episodio reabre un debate que resuena también en Europa: la transición hacia modelos más “competitivos” no puede avanzar —señalan los sindicatos— a costa de la protección laboral y la seguridad operativa en el mar.
Lo que ocurra en las próximas horas —y, sobre todo, lo que decida el Congreso argentino sobre la reforma— marcará si este conflicto se queda en un aviso de 48 horas o si escala hacia un ciclo de paros con efectos más profundos sobre puertos, flotas y cadenas de abastecimiento
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