La Comisión de Pesca del Parlamento Europeo votó el lunes 10 de mayo el informe del eurodiputado François-Xavier Bellamy sobre la aplicación de la futura reserva de ajuste del Brexit.
Más conocido por sus siglas en inglés Bar (Brexit adjustment reserve), este fondo debe compensar las pérdidas por las consecuencias negativas del Brexit, con una dotación de 5.000 millones de euros. Aprobado por 18 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones, este informe modifica significativamente el proyecto inicial de la Comisión Europea.
El punto más importante es la distribución de esta financiación. «Al cambiar sustancialmente el principio de esta asignación, garantizamos que las pérdidas causadas por el Brexit en nuestros países serán compensadas de la misma manera, y no variarán de un país a otro en nombre de los criterios tan opacos impuestos hasta ahora», explica François-Xavier Bellamy en un comunicado. La distribución de estos fondos públicos será así justa, transparente y eficaz, para apoyar prioritariamente a los actores más afectados por la violencia. «
Este punto había sido objeto de un animado debate en abril, lo que explica también el voto desfavorable de algunos miembros de la Comisión de Pesca, cuyos países de origen se vieron favorecidos, como los Países Bajos y Dinamarca. Esto, mientras que Francia vio cómo sus pescadores del Canal de la Mancha, los más afectados, recibían menos ayudas debido a la inclusión de las pesquerías del Mediterráneo y de ultramar (incluido el atún tropical).
El texto aprobado por la Comisión de Pesca también amplía el periodo de elegibilidad hasta junio de 2026 y el ámbito de actuación a las aguas de los territorios con estatus especial, como Jersey y Guernsey. También obliga a destinar una parte de los fondos al sector pesquero y proporciona una base jurídica para garantizar que las ayudas abonadas no se consideren ayudas estatales.
Sin embargo, esta votación es sólo una pieza del expediente del Colegio de Abogados ante el Parlamento Europeo. El mismo día, la Comisión de Presupuestos aprobó un informe de opinión de la diputada Valérie Hayer, que introducía otras enmiendas, en parte convergentes. Estos dos informes, ambos aprobados con un consenso bastante amplio de los grupos políticos, tendrán que ser aceptados en sus enmiendas por la Comisión de Desarrollo Regional.
El texto aprobado el 25 de mayo por esta comisión, cuyo ponente es el eurodiputado belga Pascal Arimont, es el que servirá de base para el debate a tres bandas con el Consejo de Ministros y la Comisión Europea. El objetivo es aprobar el texto final en la sesión plenaria del Parlamento Europeo de junio.
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