Un estudio encargado por los atuneros revela una paradoja del consumidor español: casi seis de cada diez dicen que pagarían más por pescado “no esclavista”, pero los derechos laborales apenas pesan hoy en la decisión de compra. La jornada en Madrid lanzó el movimiento internacional “Hands for the Oceans” y presentó la actualización de la norma UNE del Atún de Pesca Responsable, con un mensaje central: sin condiciones dignas a bordo, no hay pesca responsable.
La sostenibilidad pesquera ha vivido durante años pegada a un debate técnico —stocks, artes, trazabilidad, emisiones— que a menudo dejaba en segundo plano una realidad igual de decisiva: quién trabaja a bordo y en qué condiciones. Ese “ángulo muerto” fue el protagonista de la jornada celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (OPAGAC) presentó el movimiento internacional “Hands for the Oceans” y dio a conocer las conclusiones del estudio “Qué sabemos de lo que comemos del mar”, elaborado a partir de una encuesta a consumidores.
Los resultados del sondeo —realizado a un millar de consumidores adultos— dibujan una contradicción que el sector considera clave para la próxima etapa de la cadena de valor: una mayoría afirma estar dispuesta a pagar más por pescado que garantice condiciones laborales, pero esa variable tiene un peso marginal cuando se decide la compra.
Según el resumen difundido en la jornada, casi seis de cada diez españoles se muestran dispuestos a pagar un sobreprecio por pescado “no esclavista”. Sin embargo, cuando se pregunta por los criterios reales de elección, mandan el sabor y el precio, por delante de la claridad del origen. El respeto a los derechos laborales aparece relegado al último lugar.
Para OPAGAC, esa brecha no solo revela un déficit de información: también confirma que el mercado necesita herramientas comprensibles para que el consumidor pueda “traducir” en el lineal conceptos como diligencia debida, control a bordo o auditoría social. Y ahí es donde el sector quiere que entren las certificaciones.
La idea-fuerza del movimiento Hands for the Oceans se condensó en su lema: “la sostenibilidad no se entiende sin los derechos laborales”. En palabras del director general de OPAGAC, Julio Morón, el debate no admite atajos: “no podemos hablar de pesca responsable si no garantizamos condiciones laborales dignas y el respeto efectivo a los derechos humanos en el mar”.
La organización vinculó ese planteamiento con un elemento diferencial de su flota: el certificado Atún de Pesca Responsable (APR), que describe como un estándar con auditoría independiente de lo que sucede dentro del buque, y con controles asociados a la actividad y al cumplimiento de buenas prácticas.
En el trasfondo late una disputa comercial y reputacional: OPAGAC denunció que productos procedentes de terceros países con estándares más laxos pueden acceder al mercado europeo, mientras las flotas sometidas a mayores exigencias asumen costes adicionales. La respuesta que propone el colectivo es convertir el “factor humano” en ventaja competitiva, no en lastre.
Uno de los anuncios más relevantes de la jornada fue la actualización de la norma UNE vinculada al Atún de Pesca Responsable. La Asociación Española de Normalización (UNE) ha explicado que la nueva edición refuerza precisamente las demandas actuales en ética, trazabilidad y garantías sociales, en línea con lo que la cadena —distribución incluida— empieza a pedir para afrontar obligaciones de diligencia debida.
En el encuentro, se presentó esa actualización como un marco que refuerza condiciones laborales y bienestar a bordo, integrándolos como parte evaluable de la sostenibilidad. Una evolución significativa: el lenguaje del sector empieza a hablar de sostenibilidad “integral” (ambiental, socioeconómica y laboral) y de transparencia verificable.
La mesa redonda del acto —centrada en “Derechos laborales y transparencia de la pesca”— incorporó la visión de la distribución y del ámbito jurídico-laboral. Representantes de asociaciones empresariales de la distribución subrayaron que la pesca es una cadena larga y compleja y que, muchas veces, el consumidor da por hecho que el producto ya cumple requisitos, lo que hace aún más relevante explicar, acreditar y poner en valor el trabajo detrás del alimento.
También se apuntó a la dimensión internacional: en alta mar convergen jurisdicciones, banderas y marcos normativos distintos, lo que alimenta la necesidad de pactos y estándares que se cumplan y de mecanismos creíbles para verificar condiciones de trabajo.
La clausura institucional elevó el debate a mensaje político. La secretaria general de Pesca, Isabel Artime, defendió que incorporar cláusulas sociales y laborales es “imprescindible” para alcanzar una sostenibilidad integral y remarcó que garantizar condiciones justas, remuneración adecuada, protección social y seguridad en la mar no es solo una obligación ética, sino un requisito para que la industria sea verdaderamente sostenible.
Artime vinculó además el papel de España en organismos internacionales con una dimensión estratégica: proyectar estándares altos de control, sostenibilidad y seguridad alimentaria allí donde opera la flota. Un argumento que encaja con el objetivo de OPAGAC: convertir el cumplimiento verificable en un activo exportable.
La jornada de OPAGAC deja una conclusión útil para toda la cadena: la disposición declarada del consumidor existe, pero necesita traducción práctica. Entre el “pagaría más por pescado no esclavista” y el acto de compra se abre un espacio enorme para la información, la trazabilidad comprensible y las certificaciones con músculo social.
La apuesta de Hands for the Oceans es, en el fondo, un intento de reordenar el relato: que la sostenibilidad no se mida solo en biomasa o emisiones, sino también en derechos, dignidad y condiciones reales de trabajo. Y que esa sostenibilidad, para ser completa, tenga que poder demostrarse.
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