ONGs lanzan una ofensiva para vetarlo en áreas marinas protegidas

Las oenegés Oceana, Seas at Risk y Marine Conservation Society han lanzado una ofensiva contra el sector de arrastre y vuelven a reclamar que a finales de este año se prohíba en aquellas zonas «con características ecológicamente importantes del fondo marino» y en el 2030, en todas. Sin plazos, la demanda la suscribe para Francia la oenegé Bloom.

Por otra, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por sus siglas en inglés) relativiza las consecuencias para los arrastreros. Por si fuese poco, la Dirección General de Medio Ambiente (DG ENV) de la Comisión Europea insiste en cumplir en el 2030 el objetivo de la Estrategia de Biodiversidad y crear áreas protegidas en el 30 % de las aguas comunitarias. La flota se defiende advirtiendo que peligran el suministro de alimentos y miles de empleos, con el consiguiente impacto socioeconómico.

«Se deben establecer medidas de gestión pesquera en todas» las áreas marinas protegidas, recuerda Bruselas tras constatar que las hay en el 12 % del mar europeo, pero estrictas solo en el 1 %. Organizaciones como la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA, por sus siglas en inglés) informan a sus asociados de que ese organismo comunitario aboga por preservar de modo riguroso praderas marinas, ecosistemas ricos en carbono y áreas de desove y cría de peces. Ateniéndose a las directrices de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), organismos comunitarios podrían considerar compatible la pesca en esas zonas si «no tiene un impacto negativo en los procesos naturales», explica EBFA a sus miembros. 

Campaña de tres oenegés

Mientras en distintos organismos europeos se analiza la eficacia de las vedas estrictas para proteger la biodiversidad, el estado ambiental de los fondos marinos o la conservación de aves y hábitats, Oceana, Seas at Risk y Marine Conservation Society acaban de lanzar una campaña «pidiendo a la UE medidas más duras contra los países que todavía permiten la pesca de arrastre de fondo en sus áreas protegidas». Legalmente, esos pesqueros faenan «en el 90 %» de ellas, sostienen. Estas tres oenegés esgrimen el informe «histórico» del ICES, según el cual, prohibir el arrastre de fondo en el 30 % del mar del Norte, el Céltico y el Báltico, reduciría las capturas anuales de esa flota entre «el 0,1 y el 6,6 %, con beneficios considerables para los ecosistemas». El ICES no estima el impacto en el golfo de Vizcaya ni en aguas ibéricas «debido a deficiencias en los datos».

Frente a esos argumentos, la flota alega que el dictamen del ICES parte de una consulta de la DG ENV que podría condicionar la respuesta, ya que pregunta «cómo restringir aún más» el arrastre de fondo. También aduce que echarlo de esas zonas provocaría el desplazamiento a otros caladeros. Citando un informe del Comité Científico Técnico de la Pesca (STECF, por sus siglas en inglés), cifran en 13.000 los pesqueros que faenan dentro de las AMP. Invocan otro de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca «que sugiere» que cerrar el 10 % de las zonas sensibles tendría un impacto anual de «870 millones» en la flota y actividades asociadas, lo que «podría traducirse en la pérdida de 2.900 puestos de trabajo». 

Afectaría más en el litoral

Crítica con las oenegés porque «no se molestan en analizar estos temas», desde la EBFA reclaman «una estrategia de protección ambiental que se centre más en la innovación que en la eliminación de la actividad pesquera, y preste la misma atención a los tres pilares de la sostenibilidad: ambiental, social y económico». Entre otras razones porque prohibir el arrastre en las áreas marinas protegidas «afectaría desproporcionadamente a diversas flotas, en particular a las que operan cerca de la costa». Cuando la UE ya depende de las importaciones para suministrar siete de cada diez pescados que consume su población, la flota incide en que, expulsar al arrastre de las AMP, «no haría más que agravar el problema, ya que el vacío del mercado se llenaría con pescado de arrastre de fondo procedente de terceros países, con estándares de sostenibilidad más bajos».