El Acuerdo de Pesca firmado en 2013 entre la Unión Europea y Marruecos, que afecta a aguas jurisdiccionales del Sahara Occidental ocupado por Marruecos, así como convenios anteriores, llevan años sometidos a controversias si tenemos en cuenta los informes jurídicos de estamentos de la UE que los cuestionan o que los rechazan. Es el caso de la asesoría de la propia Eurocámara en 2011, el dictamen reciente del Abogado General del Tribunal de Justicia, el Tribunal General y la Corte de Luxemburgo con su sentencia conocida ayer.
El conflicto jurídico sobre el Acuerdo de Pesca viene provocando a España una situación embarazosa. Hay que tener en cuenta su condición –no ejercida– de potencia administradora de la antigua colonia del ‘Sahara español’ (confirmada por dos autos de la Audiencia Nacional en julio de 2014), que conlleva la obligación no cumplida de respetar y hacer respetar el Derecho Internacional. Y en especial de promover el ejercicio de la autodeterminación en favor del pueblo saharaui. Por otra parte, está el lógico interés de Estado por favorecer la pesca de armadores y pescadores de Andalucía y Canarias en los caladeros de pesca de la costa saharaui.
El Tribunal de Luxemburgo estableció ayer en su sentencia que un Acuerdo de Pesca entre la UE y Marruecos no puede aplicarse al ámbito de las aguas pertenecientes al Sahara Occidental. O lo que es lo mismo, que Marruecos, con la complicidad de la UE y en especial de España –que hacen la vista gorda– no puede explotar los recursos naturales que solo pertenecen al pueblo saharaui. Esta condición restrictiva es coherente con los tratados de la UE que se apoyan en el Derecho Internacional y en las resoluciones de la ONU sobre el derecho a la libre autodeterminación del pueblo saharaui.
La decisión supone una victoria moral y política para el Frente Polisario y las organizaciones solidarias que defienden la causa del Sahara Occidental, territorio de la antigua colonia española hasta la invasión por Marruecos con «la marcha verde» en 1975. Marruecos lleva años explotando el banco de pesca sahariano como precisaba el Abogado General del Tribunal de la UE en su dictamen: «en la actualidad, un 91% de las capturas de pesca europeas se producen en esa extensa zona», ahora prohibida.
La sentencia no se atreve a denunciar esos abusos ni a llegar hasta el final como proponía hace dos meses en su dictamen el Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE, Melchior Wathelet, que pedía la anulación del acuerdo. Es de suponer que las maniobras de la diplomacia europea y los intereses del Consejo Europeo han surtido finalmente efecto. La importancia geoestratégica que ha adquirido Marruecos, como herramienta de freno de la UE ante el fenómeno de la emigración subsahariana y el avance en Africa del terrorismo yihadista, estarían detrás de las presiones.
La sentencia deja claro que el territorio del Sahara Occidental no forma parte de Marruecos y, a la vez, asegura la validez del Acuerdo de Pesca por el que los barcos europeos pueden faenar en aguas marroquíes. Aunque obliga a garantizar que esas actividades no se produzcan en las aguas adyacentes al Sahara, cuya titularidad reclama el Frente Polisario y que la ONU reconoce como derecho.
Cabe preguntarse ahora qué va a hacer el Gobierno de España para respetar la citada sentencia, que excluye del convenio dichas aguas y qué perjuicios ocasiona la sentencia de la Corte de Luxemburgo a los intereses económicos de nuestro país en el sector pesquero. En todo caso, el Gobierno debería adoptar medidas políticas, diplomáticas y de carácter económico para velar por la aplicación del conjunto de decisiones judiciales de la UE, aportando al territorio del Sahara Occidental garantías del cumplimiento del Derecho Internacional, seguridad jurídica, desarrollo económico y estabilidad política. Y en particular, tiene que proponer iniciativas ante la ONU y la UE para asistir a las partes en conflicto, Marruecos y el Frente Polisario, en la búsqueda de una solución definitiva que permita ejercer la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental.
La lucha del Pueblo Saharaui se ha olvidado y no interesa a la diplomacia internacional en un mundo globalizado con graves problemas por las guerras, el terrorismo y los intereses económicos de Rusia, China, USA y las corporaciones financieras especulativas. Su gente está dispersa en los campamentos del desierto, en los territorios ocupados por Marruecos y repartidos por medio mundo. Y la solución al conflicto sigue bloqueada porque la UE alega que no puede desestabilizar al Gobierno de Marruecos que juega el papel de la primera frontera europea. Además, en España hay poderosos lobbys de amistad e intereses económicos que juegan en favor del rey de Marruecos, sin olvidar la tensa situación de las ciudades de Ceuta y Melilla.
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