Las organizaciones ecologistas señalan que esta práctica infringe la normativa nacional y de la UE

Las organizaciones ecologistas Oceana y ClientEarth han demandado al Gobierno español ante la Audiencia Nacional por conceder licencias que permiten la pesca de arrastre de fondo en áreas marinas protegidas, como el mar Cantábrico, el golfo de Cádiz y el Mediterráneo, sin evaluar adecuadamente su impacto en los ecosistemas. Esta práctica, según las ONG, infringe la normativa nacional y de la UE, exponiendo a los ecosistemas marinos a graves amenazas ambientales y comprometiendo su función en la mitigación del cambio climático.

Oceana y ClientEarth destacan que la pesca de arrastre en áreas protegidas incumple artículos clave de la Directiva de Hábitats (1992) y del Reglamento del Mediterráneo (2006). Michael Sealey, asesor político de Oceana, señala que el artículo 6.4 de la Directiva exige a los gobiernos evaluar el impacto de actividades como la pesca de arrastre en hábitats y especies vulnerables de las áreas marinas protegidas (AMP), un requisito que España no está cumpliendo. Además, el artículo 4 del Reglamento del Mediterráneo prohíbe la pesca en áreas donde se protegen especies como la posidonia o corales, aunque persisten dudas sobre su aplicación a toda a AMP, según Sealey.Te recomendamos

Ambas organizaciones esperan que la justicia clarifique estas normas y aplique las medidas necesarias. Aunque España prohibió en mayo la pesca de arrastre a más de 800 metros en el Mediterráneo, las ONG sostienen que la actividad sigue en AMP de menor profundidad, lo cual contradice el objetivo del Plan de Acción Marino Europeo de la UE, que busca proteger el 30 % de la superficie marina para 2030. Insisten en la necesidad de un modelo pesquero sostenible que involucre a los pescadores y garantice la conservación de hábitats y especies emblemáticas, como la tortuga boba y el delfín mular, en estas áreas vulnerables.

El abogado Francesco Maletto de ClientEarth advierte que España incumple la legislación al permitir una pesca «destructiva» que daña especies y hábitats vulnerables. Ante este panorama, ambos grupos buscan que las AMP pasen de ser una formalidad a una protección efectiva, como ya han decidido países como Grecia y Suecia, y como propone Escocia para algunas de sus AMP. Para Oceana y ClientEarth, restringir la pesca de arrastre es crucial para la sostenibilidad del sector pesquero y la preservación de áreas esenciales para la reproducción de especies comerciales.