Oceana denuncia que decenas de buques de bandera española apagan su señal de identificación en África Occidental

La ONG acusa al Gobierno de “mirar hacia otro lado” mientras mercantes y pesqueros españoles desconectan el AIS durante largos periodos en aguas de Senegal y Guinea-Bisáu, vulnerando normas de transparencia y control pesquero

La organización conservacionista Oceana, junto con la ONG jurídica ClientEarth, ha presentado una demanda contra el Gobierno español por no investigar ni sancionar adecuadamente a varios buques de bandera española —entre ellos mercantes y pesqueros— que habrían desactivado de forma reiterada sus sistemas de identificación automática (AIS) en aguas de África Occidental, especialmente frente a Senegal y Guinea-Bisáu.

El AIS (Automatic Identification System) es un dispositivo obligatorio para todos los barcos de más de 15 metros de eslora en la Unión Europea, tanto por razones de seguridad marítima como de control de la pesca. Permite conocer en tiempo casi real la posición, rumbo y velocidad de los buques y es una herramienta clave para vigilar la actividad de flotas industriales y prevenir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).

Según el análisis aportado por las ONG, basado en datos de la plataforma Global Fishing Watch, varios buques de pabellón español “desaparecieron” del mapa durante largos periodos entre 2020 y 2023, apagando su señal AIS en zonas de alta riqueza pesquera. En al menos un caso, un barco habría permanecido sin emitir señal durante más de un año, un comportamiento que, de confirmarse, resultaría altamente sospechoso desde el punto de vista del control pesquero.

Señales apagadas, muchas preguntas

La denuncia subraya que no se trata de incidentes aislados. Las organizaciones hablan de “varias decenas” de buques que habrían recurrido a esta práctica en aguas de África Occidental, una región donde el 73 % de la flota industrial tiene propiedad extranjera y donde la presión sobre los recursos marinos es ya crítica.

Para ClientEarth y Oceana, el patrón que dibujan los datos es claro: apagones prolongados del AIS en zonas de pesca sensibles, cambios de bandera o uso de sociedades locales para operar en terceros países, y escasa respuesta por parte de las autoridades españolas, pese a los avisos de la sociedad civil.

Nils Courcy, abogado de ClientEarth, ha resumido así la preocupación de las ONG: no se entiende por qué estos buques apagan su señal pública de identificación y “permanecen en la oscuridad” tanto tiempo; una conducta que podría estar vinculada a prácticas de fraude pesquero, evasión de controles o incumplimientos de los acuerdos de acceso a recursos.

Obligaciones claras para España, dentro y fuera de la UE

La denuncia recuerda que la normativa europea prohíbe a los ciudadanos y empresas de la UE participar en pesca ilegal en cualquier lugar del mundo, no solo en aguas comunitarias. España, como Estado miembro con una de las mayores flotas de altura y gran solera pesquera, tiene la obligación legal de supervisar la actividad de los buques que enarbolan su bandera, incluso cuando operan bajo acuerdos de pesca en terceros países o mediante filiales locales.

Oceana reprocha al Ejecutivo que, pese a disponer de información suficiente —incluyendo señales AIS, licencias de pesca y datos de control portuario—, no haya abierto investigaciones exhaustivas ni impuesto sanciones ejemplares a las compañías implicadas. A su juicio, esta “falta de diligencia” envía un mensaje peligroso: que existe un margen de impunidad para quien desactive sus sistemas de seguimiento y opere lejos del escrutinio público.

Desde la perspectiva de las ONG, el caso no es solo un asunto técnico o burocrático, sino una cuestión de credibilidad de la política pesquera común y de los compromisos internacionales de la UE contra la pesca INDNR.

Impacto en biodiversidad y seguridad alimentaria

África Occidental se ha consolidado como uno de los grandes puntos calientes de la pesca mundial. Sus caladeros son esenciales para la seguridad alimentaria de millones de personas y sostienen economías locales fuertemente dependientes de la pesca artesanal. Sin embargo, la combinación de flotas industriales extranjeras, gobernanza frágil y controles limitados crea un caldo de cultivo ideal para la sobrepesca y la pesca ilegal.

Oceana advierte de que los apagones del AIS impiden seguir la pista a los buques en tiempo real, dificultan la verificación del cumplimiento de las cuotas, complican la detección de incursiones en zonas vedadas o reservas marinas y, en última instancia, socavan cualquier esfuerzo serio de gestión sostenible de los recursos.

El riesgo no es solo ambiental. La organización subraya que cuando buques industriales faenan sin transparencia en zonas donde deberían operar bajo reglas claras, se produce una competencia desleal con las comunidades pesqueras locales, se erosionan las economías costeras y se compromete la disponibilidad de proteína marina asequible para la población.

El Gobierno se defiende, las ONG piden más control

El Gobierno español ha respondido en anteriores ocasiones a críticas similares alegando que la competencia directa sobre la actividad pesquera fuera de aguas comunitarias es compleja y que parte de la responsabilidad recae en los Estados ribereños donde operan estos buques. También ha cuestionado la capacidad jurídica de las ONG para exigir responsabilidades por actuaciones fuera de la UE.

Sin embargo, ClientEarth y Oceana recuerdan que España es considerada por la propia Comisión Europea como un “Estado de pabellón de alto riesgo” si no garantiza que sus barcos cumplen las reglas allá donde operan. Y subrayan que el Reglamento INDNR de la UE obliga a los Estados miembros a investigar cualquier indicio de actividad ilegal vinculada a flotas bajo su bandera.

Las organizaciones reclaman que se adopte un paquete de medidas claras:

• apertura de expedientes sancionadores a los buques que hayan apagado AIS sin justificación válida;
• mayor intercambio de información con países como Senegal o Guinea-Bisáu;
• uso sistemático de herramientas de seguimiento por satélite y datos de terceros (Global Fishing Watch, EMSA, etc.);
• y publicación activa de los resultados de las investigaciones para reforzar la transparencia y la confianza pública.

AIS, pieza clave en la gobernanza oceánica

Más allá del caso concreto, la denuncia pone el foco en un debate de fondo: el papel de la tecnología en la gobernanza de los océanos. El AIS se ha convertido en un instrumento básico para controlar flotas industriales y prevenir accidentes, vertidos o incursiones ilegales. Su apagado deliberado —salvo en contadas excepciones por razones de seguridad— es considerado por expertos y organismos internacionales como una señal de alerta que debería activar investigaciones automáticas.

Para las ONG, permitir que buques mercantes o pesqueros de bandera europea operen largos periodos “en la sombra” es incompatible con el liderazgo que la UE dice ejercer en la lucha contra la pesca ilegal y en la promoción de océanos sanos.

La denuncia de Oceana y ClientEarth llega en un momento en que la opinión pública es cada vez más sensible a la transparencia en la cadena de suministro de productos del mar y a la huella ambiental de la flota. Si el caso prospera ante los tribunales españoles, podría sentar un precedente importante: obligar a reforzar los controles sobre los buques europeos que faenan fuera de la UE y marcar un antes y un después en la tolerancia hacia quienes apagan, sin explicación, sus dispositivos de identificación automática.

Mientras tanto, la pelota está en el tejado del Gobierno. El sector pesquero observa con atención, los países africanos reclaman mayor equidad en el acceso a sus recursos y las ONG no parecen dispuestas a soltar el hilo de unos buques que, al menos durante un tiempo, decidieron navegar sin ser vistos.