Oceana cuestiona el pacto pesquero de la UE para 2026 en el Mediterráneo occidental

La ONG ve “estabilidad” a corto plazo para la flota, pero advierte de que la sobrepesca sigue sin resolverse y reclama recortes reales de mortalidad y capacidad para garantizar futuro económico y ecológico

El acuerdo político alcanzado por los ministros de Pesca de la Unión Europea sobre las posibilidades de pesca en el Mediterráneo occidental para 2026 deja, de entrada, una sensación de continuidad para la flota. Sin nuevos recortes inmediatos de días de pesca para el arrastre, el sector gana aire en el corto plazo. Sin embargo, para Oceana Europe esa “estabilidad” es frágil: alivia la presión social y económica del momento, pero no despeja la cuestión que sigue pesando sobre la pesquería desde hace años: la sobrepesca.

La organización ambientalista enmarca su análisis en un dato que resume la magnitud del problema: en el Mediterráneo occidental —zona que afecta directamente a España, Francia e Italia— alrededor del 55% de las poblaciones evaluadas continúa sobresplotada. La mortalidad por pesca, añade, se mantiene por encima de lo sostenible, con un nivel aproximado de 1,6 veces los valores de referencia. En otras palabras, el sistema sigue funcionando con un margen biológico estrecho y con un futuro condicionado por decisiones que, año tras año, se ven forzadas a equilibrar economía inmediata y recuperación del recurso.

En ese contexto, los ministros optaron por no reducir más los días de pesca a arrastre y sostener para 2026 un esquema similar al de 2025. La decisión responde a una presión socioeconómica real —costes, rentabilidad, empleo, continuidad de empresas—, pero para Oceana también implica un riesgo: posponer de nuevo los ajustes estructurales que considera indispensables. La ONG sostiene que garantizar un futuro próspero para el sector requerirá “inevitablemente” una reducción más incisiva de la mortalidad por pesca y una intervención sobre la sobrecapacidad, dos palancas que, a su juicio, determinan tanto el estado de los ecosistemas como la viabilidad del tejido pesquero.

Oceana recuerda además el marco jurídico: los Estados miembros del Mediterráneo occidental tienen el compromiso —y la obligación— de poner fin a la sobrepesca en línea con la Política Pesquera Común y el plan plurianual de gestión. El acuerdo para 2026, sin embargo, consolida los días ya fijados e introduce un freno relevante: el número total de días no podrá superar en ningún caso los niveles autorizados en 2025, ni siquiera aprovechando beneficios derivados de mecanismos de compensación. La cláusula pretende evitar un aumento neto del esfuerzo pesquero, pero desplaza el debate a otra pregunta clave: si, sin recortes adicionales, los instrumentos previstos son realmente capaces de reducir la mortalidad y recuperar poblaciones.

Ahí aparece el corazón del pacto: el mecanismo de compensación. El acuerdo se apoya en medidas técnicas, de carácter voluntario, que buscan mejorar selectividad y reducir capturas no deseadas: cambios de artes, cierres espaciales o estacionales y otras opciones —hasta un máximo de catorce— diseñadas para disminuir la presión sobre los stocks. Sobre el papel, estas herramientas permitirían una transición gradual, con incentivos a quien adopta medidas de mejora. En la práctica, advierte Oceana, su éxito depende de tres condiciones: aplicación rigurosa, beneficios biológicos medibles y un sistema de control y seguimiento eficaz. La organización insiste en que cualquier día adicional que pudiera habilitarse debe estar estrictamente ligado a resultados demostrables en recuperación del recurso, para evitar que el mecanismo se convierta en una palanca de más esfuerzo sin retorno ecológico.

El texto de Oceana también subraya puntos críticos que, a su juicio, debilitan la coherencia del acuerdo. Entre ellos destaca la falta de ampliación de medidas de protección para ecosistemas profundos. La prohibición de pesca se mantiene por debajo de los 800 metros, sin extenderse hasta los 600 metros, una franja donde, según su planteamiento, la actividad ya es reducida y donde una restricción adicional aportaría protección con un coste operativo limitado. Para la ONG, mantener el umbral en 800 metros podría abrir la puerta a que algunas embarcaciones obtengan días adicionales de forma “injustificada”, incrementando el esfuerzo total y alejándose de recomendaciones científicas.

El debate se enmarca, como cada diciembre, en el Consejo de ministros de Agricultura y Pesca, donde se cruzan intereses y urgencias: sostener la actividad hoy, pero también evitar que la falta de recuperación convierta cada campaña en un callejón sin salida. Oceana interpreta el acuerdo de 2026 como la fotografía de un sector suspendido entre dos tiempos: la supervivencia inmediata y la necesidad de cambiar de rumbo para que la pesca siga siendo rentable y posible dentro de unos años.

La conclusión de la ONG es clara: la discusión ya no puede quedarse solo en cuántos días se conceden, sino en cómo hacer creíble y verificable la transición hacia una pesca sostenible. Sin ese salto de calidad —medidas con impacto real, control que garantice cumplimiento y un ajuste progresivo de la presión sobre los stocks— la “estabilidad” que ofrece 2026 corre el riesgo de ser solo una tregua administrativa, mientras el mar sigue esperando respuestas más profundas y duraderas.