MSC y la industria del arrastre de Alaska se defienden: choque frontal por la “ecoetiqueta” de los peces planos

El Marine Stewardship Council (MSC) y el Groundfish Forum niegan que la reciente recertificación de la pesquería de peces planos de Alaska sea “greenwashing”. Una coalición de ONG y asociaciones pesqueras acusa al sistema de poca transparencia, de limitar la participación pública y de avalar un arrastre de fondo con impactos de hábitat y bycatch “inaceptables”. El sello responde: el proceso es abierto, documentado y con auditoría independiente.

Con la Navidad recién pasada, una palabra se abrió paso en el debate pesquero de Alaska: “greenwashing”. La usaron organizaciones como SalmonState, la Bering Sea Fishermen’s Association o la Alaska Longline Fishermen’s Association para cuestionar que el Marine Stewardship Council (MSC) haya vuelto a certificar como sostenible la pesquería de peces planos (flatfish) del Bering Sea–Aleutian Islands y el Golfo de Alaska, donde operan grandes arrastreros de fondo vinculados al conocido “Amendment 80”.

La crítica, sintetizada en un mensaje potente, se apoya en tres pilares. Primero, que la decisión se habría comunicado “en silencio” y sin un debate real: según SalmonState, “no hubo objeciones” porque “nadie, especialmente en Alaska, sabía que estaba ocurriendo”, y porque el proceso exige manejar informes “largos y muy técnicos”, con ventanas de participación “cortas” y, además, financiado por la propia pesquería aspirante al sello, lo que alimenta la acusación de un sistema “pay to play”.
Segundo, el fondo del asunto: las ONG sostienen que el arrastre de fondo daña hábitats bentónicos y que el bycatch de especies emblemáticas —mencionan, entre otras, el halibut y el king salmon— sería incompatible con una etiqueta de sostenibilidad.
Y tercero, el efecto político y social: el sello, denuncian, refuerza una narrativa de “responsabilidad ambiental” mientras comunidades costeras y pequeños pescadores soportan el coste ecológico y económico del descarte y la competencia por recursos.

MSC: “Las acusaciones son desinformadas; el proceso es público y abierto”

La respuesta del MSC fue inmediata y sin matices: califica de “mal informadas” las afirmaciones de “greenwashing” y recuerda que la certificación exige auditorías anuales y una re-evaluación cada cinco años, con un sistema diseñado —afirma— para ser abierto e inclusivo, basado en el registro formal de partes interesadas ante el auditor independiente (el “Conformity Assessment Body”, CAB), que debe publicar calendarios, anuncios y documentos en su portal de seguimiento (“Track a Fishery”).

En esa misma declaración, el MSC añade dos puntos sensibles para el debate reputacional: que no toma la decisión final sobre si una pesquería se certifica o no (la evaluación y puntuación la realiza el auditor externo) y que no recibe financiación del proceso de evaluación o certificación; sus ingresos provienen, indica, de royalties si empresas deciden usar voluntariamente la ecoetiqueta.
El MSC sitúa, además, una fecha clave: la pesquería completó su tercera re-evaluación el 16 de diciembre de 2025, con más de 15 años acumulados bajo el estándar.

Groundfish Forum: “Hay recibos; sí hubo participación y sí estaban informados”

En paralelo, el Groundfish Forum —que representa a arrastreros factoría “catcher-processors” de Alaska— endureció el tono y acusó a la coalición crítica de difundir “falsedades” y “errores factuales”. La clave de su réplica es concreta: asegura que el informe final de certificación muestra que representantes de SalmonState asistieron a una reunión con el equipo evaluador de MRAG Americas y con un representante del MSC el 29 de abril de 2025, por lo que considera “inverosímil” sostener que no sabían que el proceso estaba en marcha.

A partir de ahí, la industria refuerza el argumento técnico: describe la pesquería como una de las más vigiladas del mundo, con observadores a bordo, sistemas de seguimiento de buques (VMS), cámaras de vídeo y límites de asignación y de captura incidental. Y remacha una frase que busca neutralizar la acusación más mediática: “no hay indicios” —dice— en la evaluación MSC ni en análisis de stock de que el bycatch del arrastre de peces planos esté comprometiendo la sostenibilidad del halibut o del cangrejo.

Hábitat y arrastre: el núcleo duro del choque

El debate sobre la sostenibilidad no se resuelve solo con el “cómo” del procedimiento, sino con el “qué” de la pesca. Ahí, el Groundfish Forum despliega una defensa basada en medidas de mitigación: afirma que más del 60% de la ZEE de Alaska está ya cerrada al arrastre de fondo para proteger hábitats sensibles, y que el sector ha trabajado con programas de ingeniería de conservación de NOAA para probar artes que limiten el impacto, citando literatura revisada por pares que califica los efectos como “no más que mínimos” y concentrados en una fracción reducida del hábitat regional.

Las ONG, por su parte, no discuten solo porcentajes: discuten el marco moral del sello. Si una pesquería tiene descartes y daños de hábitat que —según su visión— “hipotecan” el futuro del océano y de comunidades pesqueras, el problema ya no es de expediente, sino de credibilidad del etiquetado.

Una batalla que trasciende Alaska: quién define “sostenible”

El caso Alaska resume un conflicto global: los sellos de sostenibilidad se han convertido en moneda de acceso a mercados y contratos, y cualquier decisión sobre un arte polémico como el arrastre de fondo se interpreta como un precedente.

En el corto plazo, el MSC se apoya en un mensaje institucional: procesos publicados, auditoría externa, registros de stakeholders y una recertificación fechada y documentada. Las ONG responden con otro: participación “formal” no equivale a participación “real”, y la sostenibilidad no puede medirse solo con umbrales y mecanismos de control si el impacto ecológico y social sigue siendo, a su juicio, desproporcionado.

En medio, una pregunta que pesa más que la discusión técnica: ¿qué significa hoy “sostenible” cuando el mar es, a la vez, ecosistema, economía y territorio político?