Menos trámites en el mar sin bajar el listón ambiental: el Gobierno flexibiliza la normativa de Marina Mercante

La Marina Mercante española afronta una actualización de calado con un objetivo doble: ganar agilidad operativa para empresas y administraciones y, a la vez, reforzar la seguridad y el control ambiental en un sector sometido a una presión creciente de tráficos, exigencias europeas y nuevas actividades. El Consejo de Ministros aprobó el 23 de diciembre un Real Decreto que modifica y actualiza ocho reales decretos para “adaptar” el marco legal a la realidad actual del negocio marítimo, simplificando procedimientos administrativos y aportando mayor flexibilidad a varias actividades clave.

La principal novedad, según la información difundida tras la reunión del Ejecutivo, es una flexibilización de actividades marítimas concentrada en tres ámbitos: cabotaje, buceo profesional y operaciones portuarias. El planteamiento busca que la normativa “acompañe” a la operativa real —más dinámica y más intensiva en determinados puertos— sin abrir la puerta a rebajas en materia de seguridad o medio marino.

En cabotaje, la reforma pone el foco en un punto sensible para navieras y operadores: las dispensas de bandera en líneas regulares. La norma prevé agilizar los trámites para estos permisos, que en la práctica permiten una gestión más eficiente del transporte marítimo en rutas nacionales bajo condiciones reguladas, sin alterar —según el Gobierno— las garantías exigidas.

Otra pata relevante es el buceo profesional, un segmento con creciente demanda ligada a obra portuaria, inspecciones, mantenimiento, energía y trabajos subacuáticos. Los cambios anunciados pretenden elevar estándares de seguridad y, al mismo tiempo, ajustar la regulación a la práctica profesional actual, evitando que procedimientos desfasados se traduzcan en ineficiencias o inseguridad operativa.

Pero el “núcleo” de la reforma, por su impacto inmediato en el día a día de los enclaves con más actividad, está en la nueva regulación de las llamadas “operaciones fuera de límites”. Son servicios que se realizan fuera de la zona de servicio portuaria o de las aguas interiores —por ejemplo, determinadas operaciones de suministro, asistencia o gestión de residuos en mar territorial— y que hasta ahora se tramitaban con autorizaciones individualizadas. Con el nuevo esquema, en las Capitanías Marítimas donde se registran entre 1.000 y 3.000 operaciones anuales, se podrá sustituir la autorización caso a caso por resoluciones generales con condiciones previamente fijadas. En la práctica, el cambio se orienta a puertos como Algeciras y Las Palmas, donde el volumen de este tipo de actividad es especialmente alto.

La Administración subraya que la simplificación no implica descontrol: el sistema mantendrá la supervisión de las Capitanías Marítimas y de Salvamento Marítimo, mientras se reduce la carga burocrática para empresas y también para el propio aparato administrativo. Para puertos con tráficos intensivos, el impacto esperado es claro: menos tiempos muertos por tramitación y mayor previsibilidad, sin perder trazabilidad regulatoria.

En paralelo, el Real Decreto incorpora medidas en seguridad marítima. El paquete normativo pretende reforzar la protección en el transporte marítimo y en los recintos portuarios, ajustar la seguridad de buques de pasaje a criterios europeos y actuar sobre un punto que ha ganado protagonismo en los últimos años: la náutica de recreo. En particular, se citan medidas para reducir accidentes asociados al alquiler de embarcaciones de menos de cinco metros de eslora, un mercado en expansión que obliga a afinar obligaciones, controles y prácticas seguras.

La reforma reserva un capítulo explícito a la protección del medio marino. La tesis del Gobierno es que la nueva flexibilidad procedimental no puede traducirse en una rebaja de estándares ambientales; por eso, además de mantener el marco de control, se apunta a la corrección de “disfunciones” detectadas en normas recientes. Entre los ejemplos citados figura la aplicación de limitaciones a la navegación en el Mar Menor, buscando compatibilizar conservación y uso responsable del espacio marítimo.

Con el Real Decreto, el Ejecutivo sostiene que consolida un marco “más claro, moderno y eficaz” para un sector donde cada minuto cuenta: desde el cabotaje y los trabajos técnicos subacuáticos hasta la operativa diaria de grandes puertos. La lectura que deja el texto político es inequívoca: competitividad sí, pero con seguridad y vigilancia ambiental como línea roja, en un momento en que la logística marítima y la actividad portuaria española compiten en tiempo real con otros hubs europeos.