Los pescadores y armadores del Mediterráneo rechazan de manera contundente y por inviable la propuesta de reducción de días de pesca que propone la Comisión Europea (CE). Ante el malestar que está creando la política europea diseñada para este mar y la sensación de “amenaza para nuestra supervivencia”, el sector ha anunciado distintos paros y movilizaciones para defender los 17.000 puestos de trabajo que la flota de arrastre genera en el litoral mediterráneo, haciendo coincidir los primeros con la celebración del Consejo de ministros de pesca, los próximos 13 y 14 de diciembre.
Igualmente, los pescadores del Mediterráneo solicitan de nuevo la defensa del Gobierno español ante la “insensibilidad, incapacidad de diálogo y desconocimiento de la realidad pesquera por parte de los políticos europeos que ni siquiera disponen aún de datos científicos sobre los resultados de las medidas ya adoptadas”.
Efectivamente, aun no se dispone de los resultados de las evaluaciones científicas de las medidas ya adoptadas por los pescadores en aplicación del plan de gestión de demersales (peces de fondo) de la Unión Europea, en vigor desde enero de 2020. La propuesta de la CE, de cara al próximo Consejo de ministros de Pesca, contempla entre otras una reducción adicional del 7,5% de los días de pesca para la flota de arrastre y del mismo porcentaje para la de palangre. La propuesta establece así mismo un TAC de 800 toneladas para la gamba roja, un 13% menos respecto a las capturas realizadas en 2020, según la Comisión Europea.
Según José María Gallart, vicepresidente segundo de Cepesca y presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE), “la propuesta de la Comisión Europea va más allá de nuestros peores presagios y supone la puntilla para la actividad pesquera en el Mediterráneo, de la que dependen, únicamente en la modalidad de arrastre, cerca de 600 barcos de pesca y más de 17.000 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos”.
“En lugar de tener en cuenta los esfuerzos que ya se han realizado, tal y como transmitimos al comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, y a la directora general de Asuntos Marítimos y de Pesca, Charlina Vitcheva, en sus visitas a nuestro país, y sin conocer los resultados científicos de las medidas implementadas en los dos últimos años”, apostilla Javier Garat, secretario general de Cepesca “la CE vuelve a demostrar su lejanía y desconocimiento de la
actividad pesquera, más allá de una absoluta falta de sensibilidad no solo con los pescadores, sino también con todos los actores implicados en una extensa cadena de valor de la que depende el bienestar socioeconómico de muchas poblaciones y ciudades”.
Cabe recordar que el Plan Plurianual de Pesca en el Mediterráneo Occidental, adoptado en 2019 y en vigor desde enero de 2020 para regular la pesca demersal con el objetivo de lograr el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) en 2025, ha tenido un duro impacto en la flota pesquera del Mediterráneo. En 2021, los arrastreros se han visto obligados a reducir su esfuerzo pesquero un 8,3%, una medida que se suma a las introducidas en 2020, incluyendo vedas espacio temporales y
otras reducciones del esfuerzo pesquero superiores, en muchos casos, al 20%. Todo ello, además, en el difícil escenario creado por la pandemia de la Covid-19, que provocó que se dejaran de pescar más de 13.800 días de pesca.
Por todo ello, Cepesca solicita al Gobierno español que defienda, en el Consejo de ministros de diciembre, el rechazo a cualquier reducción adicional del esfuerzo pesquero, la creación de un TAC o la introducción de medidas de selectividad adicionales hasta que no se conozca la efectividad de las medidas puestas en marcha.
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