El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha afirmado que el plan plurianual para las especies demersales (merluzas, congrios o rayas) en el Mediterráneo occidental, aprobado la semana pasada por el Parlamento Europeo, supone el mejor acuerdo posible, ya que recoge las prioridades defendidas por España y elimina propuestas planteadas en un principio por la Comisión Europea (CE) que resultaban inadecuadas para el correcto funcionamiento del sector.
En concreto, el Departamento que lidera Luis Planas ha destacado el «equilibrio» que se ha logrado entre los aspectos biológicos y socio-económicos.
El plan se basa en un régimen de esfuerzo que evita la aplicación de un Total Admisible de Capturas (TAC), en un entorno en el que las pesquerías multiespecificas no lo aconsejaban; la reducción de un 30% inicial a un 10% en el plan aprobado en el primer año de los días de actividad de la flota de arrastre; o la eliminación del establecimiento de una veda hasta la isobata de 100 metros sin otro tipo de alternativas.
Las negociaciones desarrolladas por el Ministerio durante 2018, tras la presentación por parte de la Comisión Europea, de la propuesta del Plan Plurianual, se centraron en una posición contraria al establecimiento de Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas para el Mediterráneo, ya que se considera un sistema «poco apropiado» para el tipo de pesquería multiespecificas que se practican en ese mar, así como al establecimiento de una veda de 100 metros de profundidad en toda la franja litoral.
La posición española consideraba que alcanzar el Rendimiento Máximo Sostenible en 2020, resultaba socioeconómicamente insostenible y era necesario un periodo mayor para poder alcanzarlo de forma progresiva.
Así, frente a la propuesta inicial de la Comisión europea para la reducción del esfuerzo de un 30% el primer año, se ha establecido una reducción de un 10% el primer año, y hasta un máximo de un 30% adicional en los cuatro años sucesivos, en función de la situación de la pesquería.
Además, se ha conseguido que se descarte la utilización de un sistema de gestión pesquera en el Mediterráneo basado en el establecimiento de TAC y cuotas.
