El análisis del experto César Augusto Lerena alerta de que la rebaja de aranceles a merluza, calamar o langostino puede chocar con cuotas, medidas sanitarias y cláusulas de precaución que permitirían frenar importaciones.
El Acuerdo de Asociación Estratégica entre la Unión Europea y Mercosur vuelve a agitar el debate político y productivo, con la pesca como uno de los sectores que podría verse beneficiado por la reducción de aranceles, pero también condicionado por un entramado de salvaguardas y requisitos ambientales y sanitarios. Así lo plantea el Dr. César Augusto Lerena en un análisis publicado el 19 de diciembre, en el que resume los posibles efectos del pacto sobre las exportaciones pesqueras del Cono Sur y cuestiona el equilibrio real del intercambio.
La discusión se produce en un clima de contestación social en Europa. Agricultores y ganaderos se manifestaron en Bruselas con protestas y cortes de tráfico, temiendo la entrada de productos sudamericanos en un mercado fuertemente protegido. Para Lerena, esa reacción refleja “un modelo agropecuario europeo agotado” que se sostiene mediante políticas de defensa comercial, mientras exige garantías para evitar una “invasión” de importaciones.
Según el análisis, el acuerdo se articula en dos piezas: un marco político y de cooperación (UE-Mercosur) y un texto comercial interino de aplicación provisional. La letra pequeña importa: la creación de una zona de libre comercio sería gradual, con transiciones de hasta 10-15 años en sectores sensibles, y con herramientas de protección activables por la UE. Además, la ratificación completa podría prolongarse, al requerir el aval del Parlamento Europeo y de una mayoría de Estados miembros.
En paralelo, Lerena subraya la división interna en la UE: Francia, Italia, Hungría y Polonia se oponen, mientras España, Alemania y países nórdicos lo ven como una palanca geopolítica para compensar tensiones con Estados Unidos y China.
En el capítulo estrictamente pesquero, el texto apunta a rebajas arancelarias relevantes:
El problema, advierte Lerena, es que la apertura preferencial no sería irrestricta: estaría “sujeta a contingentes” (cuotas arancelarias preferenciales) y a “salvaguardas” que permitirían suspender temporalmente importaciones si la UE alegase perjuicio grave a sus productores. Esa combinación —cuotas, periodos de transición y mecanismos de defensa— introduciría incertidumbre en la planificación empresarial y en la expectativa de crecimiento exportador.
Otro foco de alerta está en el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias. El análisis considera asumible la armonización de estándares, pero ve un riesgo en el uso del principio de precaución, que podría justificar restricciones sin evidencia concluyente, abriendo la puerta a barreras para-arancelarias.
En esa línea, Lerena propone reforzar la certificación pública de organismos como INIDEP y SENASA para evitar que exigencias adicionales se conviertan en un argumento técnico que active salvaguardas o bloqueos.
El acuerdo incorpora capítulos de sostenibilidad alineados con el Acuerdo de París, con referencias a biodiversidad, transición verde y derechos indígenas. Sin embargo, el análisis cuestiona si habrá instrumentos financieros que acompañen a los países de Mercosur en esa adaptación, y reclama claridad sobre el alcance del objetivo de “cero deforestación” hacia 2030 y sobre el uso de contramedidas “proporcionales” si una parte considera que se le vacían los beneficios del pacto.
En paralelo, el texto comercial reconocerá centenares de indicaciones geográficas europeas con protección reforzada. Para Lerena, Mercosur debería fortalecer también denominaciones propias y, en pesca, corregir prácticas que —según denuncia— inducen a error al consumidor europeo en el etiquetado de capturas vinculadas a Malvinas.
Lerena plantea que el acuerdo solo será una oportunidad real para la pesca si impulsa más valor añadido exportado (no solo materia prima para transformar en Europa) y si se corrigen elementos internos como las retenciones a la exportación en Argentina. Con ese giro —sostiene— el sector podría aspirar a elevar ingresos y ampliar mercado, siempre que no quede atrapado por la combinación de cuotas y salvaguardas.
El análisis añade, además, dos advertencias políticas y estratégicas: el impacto de permitir importaciones de buques desde la UE en países con industria naval propia, y el encaje de normativas que extenderían a terceros (como el Reino Unido) los mejores beneficios concedidos.
Con la agricultura europea en pie de protesta y la UE buscando reforzar su autonomía estratégica, el acuerdo UE-Mercosur sigue avanzando entre intereses cruzados. En pesca, el mensaje del análisis es claro: la rebaja arancelaria puede ser una palanca, pero el resultado dependerá de cómo se apliquen las salvaguardas, de la interpretación del “principio de precaución”, del diseño de cuotas y del margen que tengan los países del Mercosur para competir con producto transformado y trazabilidad robusta, sin que la letra pequeña convierta la promesa comercial en un beneficio reversible
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