El “tren de borrascas” de este arranque de 2026 está dejando un patrón repetido en buena parte del litoral: barcos amarrados, lonjas con menos actividad y un goteo de pérdidas que no solo se mide en días sin faenar, sino en costes fijos, deterioro de caladeros y tensión social en puertos donde la pesca es economía y también identidad.
Así, los temporales impactan de forma directa en la operativa diaria de la flota. En Andalucía, documentos oficiales han llegado a situar en torno al 90% el porcentaje de embarcaciones obligadas a permanecer amarradas por mar adversa y avisos de temporal, con la consiguiente “parálisis económica” del sector.
En el Atlántico y el Cantábrico, el efecto se ha traducido en largos periodos de inactividad. En A Guarda (Pontevedra), la cofradía local alertó de casi tres meses con enormes dificultades para salir al mar, con una caída del negocio y pérdidas acusadas en unidades productivas, además de endeudamiento por gastos fijos sin ingresos.
A la pérdida por “no salir” se suma otro impacto menos visible: el que queda en el fondo. En la costa de Granada, pescadores de Motril han denunciado que el temporal ha dejado caladeros llenos de basura, con daños sobre redes y una reducción de capturas que, sostienen, no se explica solo por los días parados, sino por el deterioro del propio ecosistema de pesca.
En Galicia, el golpe también se ha sentido con fuerza en el marisqueo, con testimonios que describen mortalidades muy elevadas tras episodios de lluvias intensas y cambios bruscos de salinidad, mientras la administración autonómica activaba seguimiento y muestreos en bancos marisqueros para evaluar daños.
Cuando la flota no faena, el impacto salta de inmediato al resto de la cadena:
El fenómeno no se limita a la pesca: también se ha observado impacto en operaciones portuarias y cierres puntuales por mala mar en distintas fachadas marítimas, un recordatorio de que temporales y logística van de la mano.
La respuesta institucional abre un capítulo especialmente sensible. En Motril, el sector ha expresado sentirse “abandonado” al quedar fuera de determinadas ayudas estatales vinculadas a temporales bajo el argumento de que no se alcanzó el umbral de pérdidas requerido, mientras los pescadores insisten en que el daño real se mide también por el estado de los caladeros.
En paralelo, distintas administraciones regionales han empezado a activar o anunciar medidas de apoyo y reconocimiento de daños en sus territorios, en un contexto donde el debate ya no es solo meteorológico: es de resiliencia económica.
El sector lleva tiempo advirtiendo de una tendencia: ventanas de pesca más cortas, mayor variabilidad y más días “perdidos” por seguridad. Puertos con poca protección natural, artes menores que dependen de salidas cortas y actividad diaria, y flotas con márgenes estrechos son las más vulnerables, como refleja el caso de A Guarda.
La cuestión de fondo para la economía azul es clara: si los temporales se vuelven más recurrentes, la política pública tendrá que ir más allá del parche y pensar en:
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