La política pesquera común de la Unión Europea empieza a pasar factura en la provincia de Alicante. Desde la entrada en vigor en 2019 de las restricciones a la pesca de arrastre en el Mediterráneo, la flota alicantina ha perdido 22 embarcaciones, quedándose con 247 operativas frente a las 269 con las que contaba hace apenas cinco años. El descenso, aunque moderado en términos porcentuales, rompe con la estabilidad que había caracterizado al sector durante años y refleja el deterioro de una actividad que lucha por mantener su viabilidad.
La normativa comunitaria se justificó en criterios de sostenibilidad, con el objetivo de proteger los caladeros mediterráneos. Sin embargo, los pescadores denuncian que el ajuste ha sido desproporcionado. En apenas un lustro, los barcos de arrastre han pasado de poder faenar 240 días al año a solo 133 en el último ejercicio. “Es muy difícil sostener una embarcación en activo con tan pocos días para salir a la mar”, lamenta Juan Mulet, secretario de la Federación de Cofradías de la Provincia de Alicante.
La situación estuvo a punto de empeorar aún más en 2025, cuando Bruselas planteó limitar la actividad a apenas 27 días. Finalmente, un acuerdo de última hora permitió mantener las 133 jornadas, a cambio de sustituir las redes tradicionales por otras de mayor tamaño, con el fin de reducir el impacto ambiental.
La consecuencia directa de este recorte es la pérdida de rentabilidad. Con tan pocos días de trabajo, cubrir los costes de combustible, mantenimiento y tripulación resulta cada vez más complicado. La flota de arrastre ha sido la más castigada, pero el efecto se extiende al conjunto del sector, con una reducción progresiva de capturas en especies emblemáticas como la gamba roja.
A ello se suman otros factores que agravan el problema: las trabas burocráticas, los requisitos de formación y la ausencia de relevo generacional. “Aquí te exigen un montón de requisitos y formaciones para poder trabajar, lo que hace que mucha gente se decante por otros sectores”, apunta Mulet.
El descenso de 22 embarcaciones en apenas cinco años puede parecer limitado, pero para el sector es un síntoma preocupante. La flota alicantina había permanecido prácticamente inalterable en las décadas previas, y la tendencia actual anticipa un proceso de reducción progresiva si no se adoptan medidas de apoyo.
Mientras Bruselas insiste en la necesidad de garantizar la sostenibilidad de los caladeros, las cofradías advierten de que los recortes pueden estar condenando a la desaparición a buena parte de una actividad que, durante generaciones, ha sido motor económico y social en los puertos de la provincia
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