Crece la tensión entre el Gobierno británico y el sector pesquero. La Federación Nacional de Organizaciones de Pescadores (NFFO) ha acusado al Ejecutivo de Rishi Sunak de aplicar una “política radical anti-pesca” bajo el pretexto de proteger la biodiversidad marina, tras el cierre de la consulta pública sobre las nuevas medidas de gestión para 42 áreas marinas protegidas (AMP).
La consulta, lanzada el pasado 9 de junio durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano, ha durado dieciséis semanas y finalizó a finales de septiembre. En ese tiempo, el sector pesquero inglés ha mostrado un rechazo frontal a las propuestas, que consideran “desproporcionadas, mal fundamentadas y devastadoras para el empleo costero”.
El plan del Gobierno británico prevé prohibir el uso de artes de arrastre de fondo en unas 30.000 km² de aguas territoriales, además de limitar el uso de nasas, redes y líneas de pesca en otras 860 km².
Estas restricciones afectarían directamente a puertos clave como Newlyn, Plymouth, Brixham, Whitby o Hastings, pilares económicos de la pesca artesanal en Inglaterra y Gales.
Según el Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA), las medidas buscan proteger hábitats sensibles y cumplir con el objetivo de “restaurar los ecosistemas marinos degradados” antes de 2030, en línea con los compromisos del Reino Unido tras el Acuerdo de Kunming-Montreal sobre biodiversidad.
Pero para los pescadores, el plan es “una estrategia de exclusión sin precedentes” que amenaza la continuidad de flotas enteras.
“Se presenta como conservación, pero en realidad es una expulsión sistemática de los pescadores de sus caladeros tradicionales”, denunció Mike Cohen, director ejecutivo de la NFFO.
La NFFO critica además la metodología de la consulta pública, a la que acusa de carecer de transparencia y rigor científico.
Según la federación, el Gobierno no ha tenido en cuenta los datos de esfuerzo pesquero real ni ha evaluado los impactos socioeconómicos sobre las comunidades afectadas.
“Nadie se opone a proteger el medio marino, pero necesitamos una política equilibrada, no prohibiciones generalizadas que destruyen empleo y cultura costera”, subrayan los representantes del sector.
Las asociaciones locales temen que las medidas provoquen la concentración de flotas en zonas no protegidas, aumentando la presión sobre esos caladeros y deteriorando el equilibrio biológico y económico.
Organizaciones conservacionistas como Marine Conservation Society o Greenpeace UK han respaldado las propuestas del Gobierno, considerándolas “un paso necesario hacia la restauración marina”.
Sin embargo, incluso algunos ecologistas han advertido de que la falta de diálogo con el sector pesquero podría poner en riesgo la aceptación social de las AMP y retrasar su implementación efectiva.
“Las AMP no deben ser diseñadas contra los pescadores, sino con ellos”, admitió un portavoz de Marine Conservation Society.
El conflicto se enmarca en un contexto de tensión acumulada tras el Brexit, que dejó a buena parte de la flota británica descontenta con los nuevos acuerdos de acceso a aguas europeas.
Para muchos armadores, las AMP representan otra pérdida de espacio de pesca en un momento en que los costes de combustible, seguros y mantenimiento ya se han disparado.
Los puertos de Cornualles y Devon, como Newlyn o Brixham, donde se concentran decenas de barcos de arrastre y de artes menores, serían de los más perjudicados. “Estamos pagando el precio político de una imagen verde”, lamentan los patrones locales.
Desde el DEFRA, el ministro Steve Barclay ha defendido que el Reino Unido “lidera el esfuerzo mundial por proteger los océanos”, subrayando que las restricciones no buscan eliminar la pesca, sino compatibilizarla con la regeneración marina.
“Las AMP son una herramienta clave para garantizar la salud de nuestros mares y el futuro del sector”, afirmó en un comunicado.
Aun así, el Ejecutivo ha dejado abierta la posibilidad de ajustes regionales o compensaciones si los estudios de impacto económico lo justifican.
Las medidas británicas también preocupan en Francia, Irlanda y España, donde parte de la flota mantiene intercambios comerciales o comparte zonas de pesca históricas en el Canal de la Mancha y el mar Céltico.
El Comité Nacional de Pesca Marítima francés (CNPMEM) advirtió de que el Reino Unido “está aplicando unilateralmente un modelo de AMP que rompe los principios de cooperación pesquera europea”.
Mientras tanto, los pescadores británicos anuncian nuevas movilizaciones y reclaman “una política marina con base científica y sentido común”.
“Queremos mares sanos, pero también comunidades vivas”, concluyó Mike Cohen, resumiendo el sentir de un sector que se siente arrinconado entre la burocracia y la ecología.
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