Los pescadores de cerco catalanes y la Generalitat están indignados con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) porque no les permite pescar sardina, a pesar de que se comprometió a eliminar la veda de cuatro meses que se había ordenado inicialmente. La orden de modificación del plan de gestión que permitiría pescar todavía no ha salido publicada en el BOE, por retrasos en el proceso de tramitación, y la veda acabó entrando en vigor el 1 de octubre. Unos sesenta barcos de cerco de los puertos de Girona, Barcelona y Tarragona no pueden pescar sardina desde hace 10 días y su situación económica se resiente cada día que pasa. Por una parte, deben devolver al mar la sardina que les sube a las redes, la especie que les da más ingresos, y por otra parte como todos se han puesto a pescar anchoa hay más en el mercado y su precio se ha hundido.

Para el director general de Política Marítima y Pesca Sostenible, Sergi Tudela,“es un disparate y evidentemente estamos urgiendo al Ministerio para que se publique esta enmienda y no tarde más porque cada día que pasa es una situación insostenible para nuestra flota”. Esta situación ha hecho que el Govern pida con más fuerza la transferencia de competencias, “desgraciadamente esto es lo que sucede cuando gran parte de la gestión de la pesca en Cataluña se determina desde un despacho el barrio de Salamanca de Madrid y es por eso que todavía nos hace pedir con más fuerza la transferencia integra de las competencias de pesca a Cataluña porque es la única manera de hacer la gestión que toca”, afirma Tudela.

El 24 de julio el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicó la Orden APA/852/2023, de 13 de julio, por la que se establecía un plan de gestión para la pesca de cerco en el subcalador Mediterráneo. Este plan no contemplaba las medidas de gestión propuestas por Cataluña y ponía en riesgo, según el Govern y el sector pesquero, el futuro del cerco al establecer una veda de sardina de cuatro meses, -marzo, abril, octubre y noviembre- que se sumaba a los dos meses de veda biológica que ya hacían los pescadores de los puertos catalanes.

Para Tudela, esta veda de especie, de acuerdo con la evaluación científica del Instituto Catalán de Investigación para la Gobernanza del Mar (ICATMAR), no permitiría recuperar el estado de las poblaciones y, además, “supondría un impacto socioeconómico en las empresas y trabajadores del cerco y al conjunto del sector pesquero incompatible con el mantenimiento de la actividad”. Tanto Tudela como las cofradías de pescadores hicieron un llamamiento unitario contra el plan para exigir al Ministro soluciones urgentes antes de su entrada en vigor el 1 de octubre y, de este modo, detener esta situación que puede acabar “hipotecando el futuro del sector. Llevando a la ruina”. Tudela y el presidente de la Federación Nacional Catalana de Cofradías de Pescadores, Antoni Abad, pidieron una “modificación urgente” el Plan de gestión del cerco para “un equilibrio entre la preservación de la especie y la viabilidad del sector pesquero”.

El pasado septiembre, el Estado dio marcha atrás y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación aprobó una modificación del plan, y se pudieron presentar alegaciones. Finalmente se encontró una solución que eliminaba parte de los cuatro meses de veda y se adoptaban otras medidas. Hasta que no salga publicada en el BOE el sector y el Govern desconocen cual es la propuesta de vedas final, aunque la última propuesta del MAPA era 2 meses de veda biológica subvencionada en los puertos de Barcelona, dos meses y medio en Girona y tres meses en Tarragona. A ciencia cierta, según Tudela, no se sabrá hasta verlo publicado.