El tradicional sector de las pescaderías en España lanza una señal de alarma. La Federación Nacional de Detallistas de Pescado (Fedepesca) ha solicitado formalmente a la Agencia Tributaria la exoneración del nuevo sistema de facturación electrónica Verifactu, cuya entrada en vigor está prevista para 2026. Desde la patronal advierten que esta medida puede suponer un golpe definitivo para muchos pequeños autónomos, en un contexto ya marcado por la pérdida continuada de negocios, la falta de relevo generacional y las crecientes cargas administrativas.
“Necesitamos un marco normativo adecuado, realista y adaptado a las características del sector, que no acelere su desaparición”, reclaman desde Fedepesca, que representa a más de 6.000 establecimientos tradicionales en todo el país.
El sistema Verifactu, diseñado por Hacienda para controlar de forma más eficaz la facturación y evitar el fraude, obliga a contar con sistemas informáticos específicos que certifiquen cada operación de venta. Sin embargo, Fedepesca sostiene que la estructura de las pescaderías tradicionales no está preparada para asumir esta transformación tecnológica.
“La inversión en básculas conectadas a sistemas de facturación compatibles con Verifactu es muy costosa, y muchas pescaderías no tienen el músculo financiero necesario”, explican. Otras soluciones, como los Terminales Punto de Venta conectados a las básculas, son —según la federación— “complicadas y poco viables en un entorno de trabajo con pescado fresco, hielo y agua, donde la tecnología difícilmente se adapta sin riesgo”.
Más allá del aspecto técnico, el problema es estructural. La gran mayoría de los negocios son gestionados por autónomos, sin departamentos contables o informáticos. “El pescadero suele estar solo o con un ayudante. Las gestorías son su único apoyo administrativo. Imponerle sistemas complejos es inviable sin ayuda externa”, insisten.
El sector vive una progresiva contracción desde hace más de una década. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), España ha perdido un tercio de sus pescaderías desde 2007: de 15.000 se ha pasado a menos de 10.000. “Eso significa más de 350 cierres al año”, alerta Fedepesca. En paralelo, el empleo también ha caído: de 26.237 personas ocupadas en 2007 a 18.396 en la actualidad.
Esta pérdida de capilaridad comercial tiene consecuencias que van más allá de lo económico. “El cierre de pescaderías también contribuye al retroceso de nuestra dieta pesco-mediterránea, una de las claves de la longevidad y calidad de vida en nuestro país”, subraya la patronal.
Otra de las grandes preocupaciones del sector es la ausencia de relevo generacional. Muchos titulares de pescaderías están en edad próxima a la jubilación y no encuentran sucesores dispuestos a asumir el negocio. La imposición de nuevas cargas, como Verifactu, puede empujarles directamente al cierre anticipado.
“¿Qué sentido tiene invertir en tecnología si no hay futuro ni rentabilidad garantizada?”, se preguntan desde Fedepesca. En su opinión, más que fomentar la modernización a través de obligaciones, es necesario un plan estratégico nacional para la pervivencia del comercio especializado de pescado, con incentivos, formación, digitalización realista y campañas de promoción del consumo.
Fedepesca no se opone a la digitalización ni a la transparencia fiscal, pero reclama un modelo flexible, con exenciones o moratorias específicas para sectores con características particulares. “Lo que pedimos es ser escuchados. Aplicar una norma general sin contemplar las peculiaridades de cada actividad es contraproducente”, concluyen.
Por ahora, la Agencia Tributaria no se ha pronunciado sobre la solicitud. Mientras tanto, los pescaderos aguardan una respuesta que podría determinar el rumbo de un sector en peligro de extinción silenciosa.
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