El colectivo denuncia el incumplimiento de los compromisos alcanzados y advierte de nuevas protestas en las próximas semanas.
Madrid, septiembre de 2025.– Los inspectores de la Administración General del Estado han lanzado un ultimátum al Gobierno central: si no se cumplen las medidas acordadas el pasado mes de mayo, volverán a movilizarse. Así lo han expresado sus representantes sindicales, que recuerdan que la suspensión de las protestas iniciadas a comienzos de año respondía a un principio de acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Función Pública que, aseguran, sigue sin materializarse.
El malestar de los inspectores se centra en la falta de medios y recursos para el ejercicio de su labor, así como en las deficiencias en la carrera profesional y la equiparación salarial con otros cuerpos de la Administración. Tras varias jornadas de huelga y concentraciones, el pasado mayo se alcanzó un pacto que incluía compromisos en materia de refuerzo de plantilla, mejoras retributivas y actualización de las condiciones laborales.
Cuatro meses después, los representantes de los inspectores denuncian que el Gobierno no ha puesto en marcha ninguna de las medidas acordadas. “No se ha avanzado en la convocatoria de nuevas plazas, ni en la dotación de recursos materiales, ni en la homologación de complementos salariales”, lamentan. En este contexto, el colectivo considera que el Ejecutivo “ha dilatado los plazos sin ofrecer soluciones reales”.
Los inspectores advierten de que la falta de medios tiene un impacto directo en su trabajo y, por extensión, en la ciudadanía. Las áreas más afectadas, explican, son la inspección fiscal, laboral y de servicios públicos esenciales, donde la escasez de personal impide responder con rapidez y eficacia a irregularidades, fraudes o abusos.
De no concretarse avances inmediatos, los inspectores prevén retomar las protestas a partir de octubre, con un calendario que incluiría huelgas parciales, concentraciones frente a ministerios y delegaciones del Gobierno, así como campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía. “Nos vemos obligados a volver a las calles para defender lo que ya estaba firmado”, señalan.
El colectivo insiste en que su intención no es el enfrentamiento, sino el cumplimiento de lo pactado. “El acuerdo de mayo fue fruto de un esfuerzo negociador importante, tanto por parte del Gobierno como de los inspectores. No entendemos que ahora se ignore lo firmado”, han explicado. Por ello, urgen al Ministerio a convocar una reunión en los próximos días para desbloquear la situación.
No es la primera vez que los inspectores protagonizan movilizaciones. En años anteriores ya denunciaron la sobrecarga de trabajo y la falta de reposición de plazas derivada de jubilaciones. La situación, aseguran, se ha agravado con el paso del tiempo y ahora cuentan con el respaldo de asociaciones profesionales y sindicatos que consideran sus demandas “justas y necesarias para el buen funcionamiento de los servicios públicos”.
La amenaza de nuevas protestas coloca al Gobierno en una situación incómoda, en un momento en que busca transmitir estabilidad en la gestión de la Administración. Cumplir lo pactado en mayo sería, según los inspectores, un gesto de respeto institucional y un compromiso con la calidad de los servicios públicos.
Mientras tanto, el colectivo mantiene la presión y reitera su advertencia: si no hay avances en breve, volverán a movilizarse.
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