Los ecologistas solicitan más protección de los recursos y de las áreas protegidas

Los ecologistas solicitan más protección de los recursos y de las áreas protegidas. «Estas últimas se han convertido en paraísos para la pesca industrial donde la vida marina declina en lugar de prosperar, el último reparto de cuotas pesqueras de la UE ha desoído parcialmente los porcentajes de capturas sostenibles marcados por los científicos. Y, para rematar la semana, Japón ha oficializado que retomará la caza comercial de ballenas sin la máscara de su polémico plan científico de cetáceos», señala un artículo de Sciencie

En la Unión Europea existen 727 Áreas Marinas Protegidas (MPA) por los estados. «Los buques de arrastre en Europa pescan sin problemas en estas zonas protegidas. Arrastran en más de la mitad de las zonas con protección oficial de la Unión y lo hacen con más intensidad: 1,4 veces más que en áreas sin blindaje, según el estudio basado en seguimientos satélite de la flota comercial realizado por especialistas de la Universidad de Halifax y del Centro de Investigación Oceánica de Kiel. La extendida explotación comercial de estas áreas protegidas mina los objetivos de conservación de biodiversidad», describe la investigación publicada en Science.

Europa –y España– tienen el compromiso de dotar de protección a, al menos, un 10% de sus aguas, para cumplir con la Convención Internacional de Protección de la Biodiversidad. La media europea está actualmente en un 11% aunque con grandes diferencias en función de la zona marítima.

Así, el Gran Norte supera el 27% y Macaronesia (donde se ubican las Islas Canarias, Azores, Madeira o Cabo Verde) apenas superan el 3%. «En el Mediterráneo, declarado por la FAO como el más sobrexplotado del planeta, el mar Jónico, el Egeo y el Adriático ni se acercan al objetivo final. La parte occidental está en el 19,6%. Ser MPA o incorporarse al área de protección ambiental europea Red Natura 2000 no implica directamente la prohibición legal de la pesca, pero sí obliga a regular las actividades económicas compatibles con la conservación ambiental».

Sin embargo, estos científicos –autores de prestigio aunque también controvertidos– han constatado que «designar una cuadrícula como protegida atrae a los arrastreros (al fin y al cabo son latitudes que obtuvieron ese estatus por la riqueza marina que albergaban) que faenan sin mucha restricción: «Utilizando especies vulnerables como los tiburones o las rayas a modo de indicador, encontramos que muchas áreas protegidas están fracasando en su conservación», concluye la investigación. Estas especies han decrecido hasta un 69% en áreas fuertemente arrastradas».

«No nos sorprende», cuenta la directora de estrategia política de la organización Oceana Europa, María José Cormax. «La mayoría de la Red Natura 2000 marina tiene permitidas actividades como el dragado o el arrastre de fondo, explica Cormax, que analiza además que la pesca comercial a gran escala «es un sector primario con mucho arraigo y cada vez que protestan tiene mucha repercusión, sobre todo en épocas electorales».

2020 para alcanzar la pesca sostenible
En este sentido, el pasado 19 de diciembre los ministros de Agricultura y Pesca de la UE acordaron las cuotas pesqueras para 2019 en el Atlántico Noreste y el Mar del Norte. Durante las negociaciones el Gobierno español revertió la propuesta de la Comisión que rebajaba las capturas de merluza siguiendo el criterio del Comité Científico. «Algunas especies están en niveles sostenibles como el rape o el gallo, pero otras como el lenguado, el abadejo y el merlán se han vuelto a establecer este año por encima de las recomendaciones científicas. Concretamente, un 114%, un 76% y un 57% por encima de dicho consejo», explica la bióloga marina de la Fundación ENT Lydia Chaparro. «La sobrepesca continúa siendo muy elevada» analiza el responsable de pesca de Ecologistas en Acción, Eneko Aierbe. La UE tiene fijado el año 2020 para alcanzar la pesca sostenible completa. El ministro Luis Planas contrapuso que España tiene un «compromiso indiscutible» con la sostenibilidad porque «todas las poblaciones de principal interés comercial se van a explotar bajo el objetivo del Rendimiento Máximo Sostenible».

Raul García, responsable de pesca de WWF, considera que «lo que evidencia el estudio de Science es que en la UE hay mucho parque de papel sin gestión que asegure la conservación de los valores por los que se han declarado». El plan de gestión «es crucial», explica García: «Las áreas deben marcar unos objetivos claros de conservación, qué protege y cómo hacerlo», insiste.

En España, los planes de gestión abarcan un poco menos del 2% de las áreas oficiales. «Normalmente se explican estos desfases porque existe un periodo entre la declaración del área y su plan de gestión», comenta Cormax. La normativa concede cinco años para elaborar esa documentación. «En eso vamos con bastante retraso», añade Raúl García.

«La clave es más y mejor gestión. Y que se cumpla» matiza su compañero experto en áreas protegidas, Óscar Esparza. Esparza asegura que la solución pasa «por contar con el sector pesquero para ir conjuntamente y que formen parte de la solución porque, si no se regula y gestiona la pesca en Europa, a la larga lo que haces es derivar el problema a países empobrecidos».

300 rorcuales para investigar
Este miércoles Japón ha hecho oficial su salida de la Comisión Ballenera Internacional (CBI) que anunció hace una semana. El país intentó que la CBI relajara la prohibición de cazar ballenas con fines comerciales. Sin éxito, ha abandonado el organismo y reanudará esa actividad sin disfrazarla de programa científico. Su flota se había amparado en este plan para matar este 2018 hasta 333 rorcuales. 50 de ellos en un área marina protegida en el Antártico, según mostraron los datos de posicionamiento de buques. Con esta decisión, Japón se une a Noruega e Islandia que tampoco respetan la moratoria sobre la caza de cetáceos que lleva vigente 30 años.

«La sobrepesca a la que ha llevado la alta tecnología de su flota ha terminado por diezmar varias especie», ha criticado el director de Greenpeace en Japón, Sam Annesley. Algunos han puesto un prisma positivo a este abandono: da más posibilidades para que la Comisión declare el santuario cetáceo del Pacífico Sur que Japón, entre otros, ha estado bloqueando.

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