Los comités de pesca bretones reclaman una investigación por el desembarque ilegal de lubinas en El Guilvinec

La polémica se ha desatado en el puerto de El Guilvinec (Finisterre) tras la detección, el pasado 21 de agosto, de unos 400 kilos de lubinas por debajo de la talla mínima legal, depositados en dos contenedores de la lonja local. Los ejemplares, procedentes supuestamente de las capturas accidentales de un bolincheiro con base en Douarnenez, fueron finalmente destruidos, pero el suceso ha encendido todas las alarmas en el sector pesquero bretón.

El Comité Regional de Pesca Marítima y de Cultivos Marinos de Bretaña (CRPMEM) ha condenado con firmeza el episodio y ha solicitado a las autoridades competentes la apertura de una investigación exhaustiva que esclarezca los hechos y determine posibles sanciones.

«Si se confirman, los hechos son graves. Es lamentable que un solo barco arroje sombra sobre toda una flotilla», declaró su presidente, Olivier Le Nézet, quien recordó que la pesca con bolinche «tiene todo su lugar en las pesquerías bretonas, siempre que se ejerza con responsabilidad».

Defensa de la sostenibilidad

Los comités de pesca remarcan que la normativa es clara: la captura y el desembarque de peces por debajo de la talla mínima están prohibidos, independientemente del arte utilizado. En este sentido, insisten en que no se puede tolerar ningún método de pesca que ponga en riesgo la sostenibilidad de los recursos.

La organización profesional no descarta incluso constituirse en parte civil en este caso, si así lo requiriesen los procedimientos judiciales. «No podemos permitir que unas prácticas aisladas y contrarias a la legislación dañen la imagen del conjunto de la profesión, que trabaja a diario por una gestión responsable», subrayó el CRPMEM.

Una actividad clave en Bretaña

La pesca profesional en Bretaña constituye un pilar económico y social de la región, con cerca de 1.200 buques y 4.000 profesionales en activo. En 2023, los desembarques superaron las 70.000 toneladas de productos del mar por un valor de 250 millones de euros (sin incluir las algas), según cifras del CRPMEM.

Además de garantizar la soberanía alimentaria nacional a través de circuitos de proximidad, la actividad pesquera sostiene toda una cadena económica que abarca desde la construcción y reparación naval hasta el procesado, transporte y comercialización de los productos.

Llamamiento a la responsabilidad

El episodio de El Guilvinec ha reabierto el debate sobre la necesidad de reforzar el control de las prácticas ilegales y, al mismo tiempo, preservar la reputación de un sector que, en palabras de los comités bretones, «tiene en la sostenibilidad su mejor carta de presentación de cara al futuro».