Los astilleros del norte ante el “muro” del acero: Bruselas recorta cupos y duplica aranceles

La construcción naval queda condicionada por la situación de l acero. La propuesta de la Comisión reduce a 18,3 Mt las importaciones libres y eleva al 50% el gravamen fuera de cuota: Galicia, más expuesta por su dependencia extracomunitaria; Asturias y Euskadi, con impacto por tensión de precios y plazos.

Los astilleros del noroeste peninsular encaran un otoño de incertidumbre por el brusco giro que prepara Bruselas en el comercio del acero: la Comisión Europea ha planteado recortar casi a la mitad las cuotas de importación libres de arancel —hasta 18,3 millones de toneladas anuales— y elevar del 25% al 50% el gravamen sobre cualquier tonelaje adicional. La medida, concebida para frenar el desvío de excedentes globales —con China como gran origen— y apuntalar a la siderurgia europea, llega en un momento de carga de trabajo relevante para la construcción naval en Galicia, Asturias y el País Vasco y reabre una vieja brecha: quién compra acero fuera y quién se abastece en el mercado europeo.

En Galicia, buena parte de los cascos en curso se nutren de chapas y perfiles importados —por precio, disponibilidad de calidades y plazos—, de modo que un arancel del 50% cuando se supere la cuota libre tensaría las hojas de costes de los programas que no tengan el material ya asegurado. A diferencia de otras subcontrataciones, el acero es crítico y temprano en el cronograma: fija espesores, condiciona cortes y curvados, y determina la logística de acopio. El nuevo sistema no solo encarecería los excedentes, sino que estrecharía el “colchón” de cupos, con acceso más competitivo a la parte libre de arancel durante el trimestre; si ese cupo común se agota antes, la penalización entra en juego y el diferencial de precio puede desbaratar márgenes en buques de baja serie o en contratos firmados a precio fijo.

Asturias vive la foto desde la otra orilla. Allí, los constructores y talleres que compran mayoritariamente acero europeo —con ArcelorMittal Asturias como referencia— están menos expuestos al salto arancelario, porque su dependencia de cupos extracomunitarios es reducida. El impacto les llegaría, sobre todo, por efectos de segunda ronda: si las importaciones extracomunitarias se encarecen y escasean, el acero de la UE puede subir de precio por tensión de demanda y por la propia estrategia de protección de la producción comunitaria, que incluye cambios como la reducción del ritmo de liberalización (del 1% al 0,1% trimestral) y límites al uso de cuotas no consumidas de terceros. En ese escenario, el reto para los astilleros asturianos será amarrar contratos de suministro con antelación y cláusulas de revisión que amortigüen volatilidad.

En el País Vasco, donde conviven grandes casas de casco de acero, astilleros especializados y una potente industria auxiliar de calderería y equipos, el mapa es mixto: quienes importan aceros específicos para proyectos “a la carta” —grados, anchos o espesores menos habituales— ven con preocupación que el cupo libre de arancel se reduzca un 47% respecto a 2024; los que trabajan con suministro europeo reaccionan con mayor calma, aunque advierten de que la trazabilidad “melt & pour” que quiere introducir la Comisión endurecerá controles y documentación, y cualquier cuello de botella en laminación comunitaria podría trasladarse en plazos al corte y montaje de bloques. En ambos casos, la planificación de compras y la diversificación de orígenes certificados pasan de ser una buena práctica a convertirse en factor de viabilidad de propuestas comerciales.

El argumento de fondo de Bruselas es conocido: la capacidad ociosa global y las desviaciones de comercio tras los aranceles de EE. UU. han presionado el mercado europeo, con plantas operando por debajo del 70% de utilización. De ahí un paquete que, además del hachazo a los cupos, duplica el recargo fuera de cuota al 50% y refuerza la trazabilidad para evitar elusión (por ejemplo, mediante transformaciones mínimas en terceros países). Think tanks y analistas avalan el diagnóstico, aunque alertan de que un cierre excesivo puede trasladar inflación a cadenas que dependen del acero —naval, automoción, bienes de equipo— si no se calibra bien la transición.

Para los astilleros gallegos, el riesgo inmediato es doble: precio y plazo. La construcción de barcos de trabajo (offshore, pesqueros, oceanográficos) compite globalmente euro a euro; un sobrecoste de materia prima que no esté cubierto en oferta puede comerse el margen o forzar reaperturas con el armador. En el País Vasco y Asturias, el desafío se centra en blindar disponibilidad y contratos marco con acerías y centros de servicio, y en revisar cláusulas de revisión de precios. En los tres territorios, además, la ingeniería deberá sopesar sustituciones posibles de grado o optimización de “nesting” para reducir desperdicio de chapa, mientras que compras y logística explorarán entregas escalonadas para encajar en las ventanas trimestrales de cupo sin arancel.

El calendario también cuenta. La Comisión ha abierto consultas y prepara el reemplazo del actual sistema de salvaguardias —que caduca en junio de 2026— por un régimen más estricto de cuotas y aranceles; los borradores en circulación fijan la nueva “línea roja” de 18,3 Mt como tope anual libre de arancel y dan por hecho el 50% fuera de cupo. Mientras tanto, los ajustes intermedios (recortes en liberalización y fin de algunos “carry-overs” entre trimestres) ya estrechan el pasillo por el que se mueven importadores y transformadores. Para la construcción naval, que vive de hitos (corte de chapa, puesta de quilla, botadura), el riesgo de choque entre hitos y cupos se vuelve un asunto de gestión diaria.

¿Qué puede hacer el sector? Primero, revisar ofertas vigentes y en curso con escenarios de acero +10% / +20% y validar cláusulas de ajuste por “cambio normativo”. Segundo, bloquear toneladas con cartas de crédito o opciones de compra antes de los picos de consumo de chapa gruesa. Tercero, abrir alternativas dentro de la UE —incluida compra a centros de servicio con cupo asignado—, y fuera, asegurando que el proveedor puede entrar en cuota y cumplir con requisitos de origen y trazabilidad. Cuarto, reforzar el diálogo con armadores para explicar el entorno regulatorio y evitar sorpresas. La Comisión, por su parte, sostiene que la salvaguarda ampliada es imprescindible para devolver capacidad y estabilidad a las acerías europeas y, con ello, a las cadenas industriales que dependen de ellas, entre ellas la naval. El equilibrio entre protección y competitividad marcará la diferencia entre un encarecimiento pasajero y un cambio estructural en los costes de construir barcos en el norte de España.