El hundimiento del buque pesquero español Villa de Pitanxo, ocurrido el 15 de febrero de 2022 frente a las costas de Terranova (Canadá), continúa generando conmoción. Según un informe oficial publicado el 22 de octubre por la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM), dependiente del Ministerio de Transportes español, la tragedia —que causó 21 muertes— se debió a múltiples fallos evitables, tanto técnicos como humanos.
El Villa de Pitanxo había zarpado del puerto gallego de Marín con 24 tripulantes a bordo. Solo tres lograron sobrevivir, entre ellos el capitán, quien ahora enfrenta una investigación judicial por homicidio imprudente, al igual que el propietario del barco. Nueve cuerpos fueron recuperados y otros doce jamás fueron hallados, perdidos en aguas gélidas de apenas 2 °C.
El informe de la CIAIM señala una combinación de irregularidades: exceso de peso, mantenimiento inadecuado, fallos en los procedimientos de seguridad y decisiones cuestionables del capitán.
Entre las irregularidades más graves, se destaca que el barco estaba sobrecargado, con dos personas más de lo permitido, un exceso de equipo a bordo y depósitos de combustible no reglamentarios. Esta situación comprometió gravemente la estabilidad del buque.
Otro aspecto crítico fue la entrada de agua a través de conductos de drenaje mal cerrados. La comisión subraya que no existía un protocolo claro ni un responsable designado para cerrar esas válvulas tras su uso, lo que demuestra un desconocimiento del riesgo que implicaba dejarlas abiertas.
“Los marineros no parecían ser conscientes de la importancia de cerrar las aberturas estancas bajo la cubierta principal”, señala el informe. Con el mar agitado, el agua se filtró lentamente, desestabilizó la embarcación y provocó una avería del motor, desencadenando el naufragio.
El hundimiento del Villa de Pitanxo ha sido calificado como la peor tragedia marítima en la pesca española en casi cuarenta años. La magnitud de la pérdida humana dejó al país consternado y abrió un debate sobre las condiciones de seguridad en la pesca industrial.
Este informe podría reforzar las acciones legales en curso y servir como base para reformas urgentes en los protocolos marítimos, con el objetivo de evitar que una catástrofe como esta vuelva a repetirse.
En una nota remitida en nombre de Pesquerías Nores Marín S.L., Juan Padín y José Antonio Nores Ortega, la defensa sostiene que existe una sentencia que desmonta “con pruebas contundentes” las conclusiones de la comisión de investigación, denuncia un cambio de criterio respecto a sus propios peritos y critica la falta de transparencia sobre votos particulares.
Los letrados que representan a Pesquerías Nores Marín S.L., a su administrador y al patrón del “Villa de Pitanxo”, han difundido una nota de prensa en la que rechazan el contenido del informe de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM) relativo al hundimiento del pesquero gallego. La defensa articula sus alegaciones en cuatro ejes: la existencia de una sentencia que invalidaría la base del informe, un giro de la CIAIM frente a la tesis de embarre defendida por sus propios investigadores judiciales, la mención a testigos falsos en el procedimiento penal y la omisión de votos particulares del pleno de la comisión.
Por su parte la la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM), dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha confirmado que el naufragio se debió a una suma de negligencias. La primera, que el buque iba sobrecargado. La segunda —y determinante en el coste humano de la tragedia—, que el capitán Juan Padín, uno de los tres supervivientes, valoró de manera “insuficiente o inadecuada” la dimensión de la situación de riesgo generada y ordenó la evacuación del buque “demasiado tarde”. El informe, filtrado a los medios antes de su publicación oficial,atribuye a gran Padín la responsabilidad del suceso.
Los técnicos del CIAIM apuntan que el naufragio se originó por una inundación “progresiva e incontrolada” durante la virada del arte de pesca en un episodio climatológico muy adverso. Debido a ello, el barco comenzó a perder flotabilidad y estabilidad, en parte porque también se superaban los límites de peso permitidos. La investigación apunta a las modificaciones realizadas en el barco para incrementar la capacidad de combustible, calados superiores a los autorizados, así como a la falta de control tanto por parte del patrón como de la empresa armadora.
No obstante, según la defensa, tras casi cuatro años de deliberaciones, la CIAIM atribuye al siniestro una serie de causas contribuyentes que ya habrían sido dilucidadas judicialmente en una resolución firme. Esa sentencia —señalan— abordó, entre otras cuestiones, la navegabilidad del buque, la presunta sobrecarga, las supuestas obras ilegales (tanques de combustible no aprobados), una hipotética escora permanente a babor, la cuestión de calados, la formación de hielo en cubierta y la existencia de protocolos como el cierre de la tolva de desperdicios. La resolución, añaden, se apoyó en documentación, testificales y periciales de particulares y cargos públicos —incluido el inspector de Capitanía Marítima de Vigo que certificó el buque antes de su última marea, el práctico que lo asistió a la salida, y la sociedad de clasificación Bureau Veritas—, concluyendo que no hay base para las inferencias ahora recogidas por la CIAIM.
Los abogados recuerdan que dos investigadores de la CIAIM, designados por la Audiencia Nacional como peritos judiciales, sostuvieron en su informe pericial que el naufragio tuvo su origen en un embarre del arte de pesca y lo atribuyeron a un “error humano del capitán” al maniobrar para librar el supuesto arraigo al fondo. Ese planteamiento, indican, choca con los registros de posición, rumbo y velocidad del buque (AIS y caja azul) y con la inspección submarina del aparejo. En el informe final de la CIAIM, subrayan, la comisión ya no sostiene el embarre: reconoce que, desde las 03:40 UTC, el “Villa de Pitanxo” recuperó 3–4 nudos y que el saco “no quedó fijo” sino que se desplazaba “entre aguas”, lo que, para la defensa, desmonta la hipótesis inicial. La comisión plantea ahora —añaden— que la red podría llevar fango, aumentando tensiones en los cables, tesis que los letrados califican de “especulación”.
La nota apunta a la existencia de resoluciones firmes que habrían declarado falsos a determinados testigos —presentados por las acusaciones en el proceso penal— en relación con la realización de ejercicios de emergencia a bordo. A raíz de ello, la defensa afirma haber interpuesto querellas por delito de falso testimonio.
La defensa reprocha a la CIAIM que el informe no mencione la existencia de votos particulares en el pleno de la comisión y que dichos votos no se hayan facilitado a las partes. Su contenido —sostienen— sería “interesante de conocer” para valorar la robustez de las conclusiones.
En su conclusión, los letrados sitúan el informe del “Villa de Pitanxo” en una línea de precedentes —“Siempre Casina”, “Mar de Marín”— en los que, a su juicio, la CIAIM habría alcanzado “conclusiones incorrectas” y “desconectadas” de la prueba practicada en sede judicial. La defensa reivindica la preeminencia de las resoluciones judiciales frente a conclusiones administrativas y reclama rigor técnico y transparencia en una tragedia de alto impacto social.
Nota informativa: Este artículo refleja exclusivamente las posiciones y alegaciones contenidas en la nota de prensa difundida por la defensa de Pesquerías Nores Marín S.L., Juan Padín y José Antonio Nores Ortega. A fecha de publicación, no se recogen en este texto réplicas de la CIAIM ni de otras partes personadas en el procedimiento.
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