Javier Garat. Secretario general de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA)
 

El proyecto de Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, aprobado el pasado 17 de mayo en el Consejo de Ministros, actualiza la “Ley de Pesca Marítima de Estado” que, con una serie de modificaciones, ha estado vigente desde 2001. El sector desea que la nueva Ley garantice la seguridad jurídica de las empresas para responder a la mejor gestión posible de esta actividad dentro, por supuesto, de la Política Pesquera Común (PPC) que, por otra parte, también podría ser objeto de revisión.

Desde nuestra perspectiva y, si conseguimos que sean tenidos en cuenta nuestros conocimientos y criterios, hasta ahora prácticamente excluidos, creemos que podemos contribuir a la mejora de este texto adecuándolo a la realidad de nuestro sector. De lo contrario, no estaremos de acuerdo con él, comenzando por la necesidad de plasmar en el texto, como señalaba antes, la garantía de la seguridad jurídica de las empresas.

Si tenemos en cuenta que nuestro sector lleva dos décadas regido por un reparto de posibilidades de pesca concreto, que ha determinado la adecuación de la estructura operativa e inversiones de las empresas pesqueras, muchas de ellas pequeñas, este marco de referencia ha de mantenerse inalterable. La nueva Ley de Pesca ha de garantizar, antes que nada, que los nuevos criterios de reparto sólo afecten de cara a futuro y no a los ya distribuidos, ya que ello supondría un escenario realmente inestable, atentando así a la seguridad jurídica a la que tiene derecho cualquier actividad empresarial.

A falta de la tramitación correspondiente, hoy en día, el texto no plasma esta garantía y ello se debe en buena medida, como decía antes, a lo poco que se han tenido en cuenta las apreciaciones del sector pesquero, a pesar de que, en última instancia sea el sometido a esta regulación. De hecho, de las 46 propuestas de modificación del texto presentadas por el sector, se han atendido una par de ellas y tampoco se ha atendido, como apuntaba, la de máxima prioridad para nosotros, la seguridad jurídica de nuestra actividad. Necesitamos estabilidad y certidumbre.

Por ello, el sentimiento actual del sector pesquero es de desilusión y consideramos que con razón. No olvidemos que llevamos años enfrentados, como muchos otros sectores, a dificultades, tales como la pandemia de la Covid, la escalada de los costes de explotación como consecuencia del conflicto bélico de Ucrania o la política verde de la UE, tantas veces irrespetuosa con la actividad de los pescadores, entre otras.

Por otro lado, y comentando aspectos concretos del proyecto de Ley, consideramos que la reserva del 10% de todas las posibilidades de pesca que plantea el Gobierno es manifiestamente excesiva, especialmente cuando en los últimos años la reserva se limitaba a entre un 2% y un 3%. De cambiarse este porcentaje se crearán disfunciones en la gestión de posibilidades de pesca.

Por otro lado, y esto lo comprenderán muy bien las empresas de sectores como el turismo o la restauración directamente impactadas por los efectos de la Covid, las empresas pesqueras sienten mucha preocupación y tampoco aprueban la posibilidad de que el Gobierno retire las cuotas a los armadores que llevan dos años consecutivos sin capturarlas o que las utilizan para intercambios o venta. Hemos de ser conscientes, y el Gobierno el primero, que en determinados momentos una empresa puede perder dinero en el caso, por ejemplo, de que el precio en el mercado de dicha especie sea inferior al coste que supone su captura. Esta medida podría suponer un enorme perjuicio para las empresas que llevan años invirtiendo para contar con las suficientes de pesca que aseguren su rentabilidad a futuro.

Las empresas pesqueras son las primeras interesadas en hacer el máximo uso de las posibilidades de pesca que la UE concede a España, pero en lugar de amenazas, lo que necesitan es flexibilidad y políticas que favorezcan los intercambios y posibiliten una pesca sostenible, pero también rentable.

No quiero dejar de apuntar que el proyecto Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera tiene aspectos sumamente positivos, empezando por la incorporación de un coeficiente reductor para colectivos profesionales como las rederas, las neskatillas y las empacadoras. También es positivo el importante peso que otorga a la investigación pesquera o la regulación de la pesca recreativa. Y quiero subrayar que la tramitación de la Ley de Pesca Sostenible es una oportunidad para que los políticos, y los ciudadanos a los que representan, amplíen su conocimiento de un sector en el que España puede presumir de estar a la cabeza de la Unión Europea (UE).

Esa posición, que hemos mantenido a pesar del durísimo impacto que tuvo la entrada de España en la UE, el Brexit y otras muchas marejadas, debe ser un motivo de orgullo y también de reconocimiento del emprendimiento y compromiso empresarial que ha hecho posible que nuestra flota pesquera, formada por 8.732 barcos y más de 31.000 profesionales, no solo faene en aguas españolas y europeas, sino que también lo haga en aguas de terceros países y en caladeros internacionales de tres océanos Atlántico, Índico y Pacífico.

Por supuesto que el respeto de la biodiversidad de mares y océanos y el compromiso con una explotación sostenible de los recursos pesqueros debe guiar la nueva Ley, pero la vertiente medioambiental de la sostenibilidad no puede imponerse a sus vertientes económica y social.

La tramitación del proyecto de Ley de Pesca Sostenible abre una oportunidad para intentar alcanzar un consenso entre el sector, el Gobierno y los diferentes grupos políticos, un condicionante fundamental para que la nueva Ley sea un éxito durante, al menos, los próximos 20 años. Hago por ello aun llamamiento a todas las partes para alcanzar un acuerdo por el bien común.

Fuente Qcom.es