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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la orden del Ministerio para la Transición Ecológica por la que se ceden a la comunidad del País Vasco los terrenos, emplazamientos e instalaciones de la central nuclear de Lemóniz (Vizcaya), que fue paralizada en 1994 por el Ejecutivo de Felipe González.

Esta cesión fue pactada hace unos meses por el Gobierno de Mariano Rajoy y el PNV, acuerdo que también fue asumido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para ganarse el apoyo de los nacionalistas vascos. Uno de los proyectos que se barajan para estos terrenos es el de una piscifactoría.

Las obras de Lemóniz se encontraban paralizadas desde 1981, después de que ETA secuestrara y asesinara en febrero de ese año al ingeniero vasco José María Ryan, responsable de esta central. En otros atentados fueron asesinados varios trabajadores de la misma.

La superficie cedida suma 180 hectáreas: 35 están ocupadas por los edificios de la central, 43 es suelo no urbanizable que incluye dos caseríos y otras 102 hectáreas para usos agroganadero y forestal que actualmente son plantaciones de eucalipto y pino.

Los terrenos son propiedad de Iberdrola, compañía que fue indemnizada con unos 2.000 millones de euros tras la denominada moratoria nuclear, la cual, afectó también a las centrales de Valdecaballeros (Badajoz) y Trillo II (Guadalajara). En total, los consumidores hemos pagado hasta 2015 unos 5.700 millones de euros por esa moratoria a través de un porcentaje en el recibo de la luz.

La orden ministerial explica que Iberdrola debe de acreditar que los terrenos están libres de cargas y que «será a cuenta de la comunidad autónoma del País Vasco cualquier carga o coste derivado de un derecho de reversión sobre los bienes objeto de la cesión o parte de ellos. La comunidad se hará cargo de todos los gastos y tributos que se ocasionen para acreditar o hacer constar el tracto sucesivo, entre ellos, los notariales, de Registro de la Propiedad e inscripciones.

Esta antigua Central Nuclear que nunca estuvo provista de material radiactivo, se destinará a instalaciones de acuicultura, según un proyecto que promueve el Centro Tecnológico AZTI, y para el que ya hay interesados varios grupos de inversores.

Entre ellos, un grupo noruego para producir salmón Atlántico, un grupo británico para producir “varias especies” y otro franco-español para la producción de trucha asalmonada.

Se trata de una anhelada cesión gratuita desde hace años por parte del gobierno vasco y que se estuvo gestando durante los pactos de gobierno de Mariano Rajoy en 2017.

El uso que se le de a estas instalaciones corresponde al Ejecutivo de Vitoria y la Diputación de Vizcaya. Sin embargo, será necesario esperar a la cesión definitiva y los términos concretos de ésta para que se pueda saber cómo queda definitivamente el proyecto.

La futura instalación cuenta con la posibilidad de captación de agua marina y dulce; así como con naves que, una vez adaptadas, podrán acoger a varias empresas en la misma instalación, con capacidad para producir, según el escenario seleccionado, 8.000 TM y 11.500 TM anuales de especies acuícolas.

En el primer escenario, la inversión requerida será de 18,3 millones de euros, y permitirá poner en explotación 4 hectáreas de la Central. De las 8.000 TM previstas, 2.551 TM serían de salmón, el 5 por ciento de la demanda estimada de la especie en España; 2.646 TM de trucha arcoíris, que cubriría el 18 por ciento del mercado; y 793 TM de peces planos, el 2 por ciento del mercado; también se podrían producir 2.067 TM de langostinos, 3 por ciento del mercado.

En un segundo escenario más ambicioso en inversión, con 25,8 millones de euros, se pondrían en producción 11.500 TM anuales, que ocuparían 5,5 hectáreas, de las que 3.262 TM de salmón, 7 por ciento del mercado; 3.385 TM de trucha asalmonada, 24 por ciento del mercado; 1.393 TM de peces planos, 3 por ciento del mercado; y 3.356 TM de langostinos, 4 por ciento del mercado.

Estas inversiones repercutirían en 381 puestos de trabajo directo en el primer caso y 576 empleos en el segundo, con la consiguiente posibilidad de contratación de profesionales en acuicultura. Cada puesto de trabajo directo está calculado sobre la base de que generaría 1,5 empleos indirectos.

La adecuación de las instalaciones llevaría 3 años de trabajos; posteriormente, los proyectos industriales requerirían de entre, 5 y 6 años en ponerse a pleno rendimiento, por lo que se estaría hablando de un horizonte de 10 años, según los cálculos de AZTI.

Una vez se complete la cesión de los terrenos, el siguiente paso será el de búsqueda de fuentes de financiación público-privada; para, posteriormente, buscar inversores y la implementación de la actividad acuícola e industria auxiliar.