Una representación del Comité de Empresa y asesores sindicales de Astilleros Balenciaga se reunieron con responsables de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de la Consejería de Industria del Gobierno Vasco, para trabajar conjuntamente para buscar una salida al cierre de la centenaria compañía de la localidad, con 71 empleados y cientos de empleos indirectos. Todos coincidieron en que la solución de continuidad del astillero pasa por encontrar un inversor industrial, preferiblemente vasco, que apueste por el proyecto. Entretanto, los sindicatos (CC OO, LAB y UGT) se reunirán hoy con representantes de la delegación del Gobierno central en Euskadi, en un encuentro fijado en Vitoria. Los empleados se han reunido con la delegación del Gobierno central para presionar a Cofides, tras citarse ayer con Diputación y el Ejecutivo autonómico
Los trabajadores e instituciones abordaron ayer posibles actuaciones para tratar de salvar los astilleros del cierre, una vez que el actual titular, Astilleros Balenciaga, ha entrado en concurso de acreedores al impugnar Cofides, el financiador estatal dependiente del Ministerio de Economía, el plan de reestructuración homologado por un juez y que pretendía esquivar el proceso concursal. En el encuentro no estuvieron, por cuestiones de agenda, ni la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ni el consejero de Industria, Mikel Jauregi.
Todas las partes acordaron que la solución pasa por encontrar un inversor industrial. El Ejecutivo mostró su total compromiso por trabajar en la búsqueda de ese inversor que logre poner en marcha un proyecto industrial, viable y sostenible en el tiempo, que dé continuidad a la actividad del Astillero y, sobre todo, que asegure el empleo y que éste sea de calidad.
Tanto la Consejería de Industria, el Departamenro de Promoción Económica de la Diputación de Gipuzkoa y los trabajadores coinciden en que ese inversor sea preferiblemente vasco y que, en el caso de que esta solución no sea posible, se abrirán a otras posibilidades con el objetivo de garantizar la continuidad del proyecto y salvaguardar el empleo.
Las partes expresaron su rechazo a la postura «intransigente» mostrada por Cofides ante la situación del Astillero «para que esa posición no nos llevara al peor de los escenarios, en el que estamos en este momento». Así, los trabajadores piden presionar al financiador estatal, que exigía ya el pago del prestamo participativo de 12 millones y no aceptaba cobrarlo en plazos, con un primer abono de 1,3 millones de euros y otro posterior de una cuantía «significativa» vinculado a la construcción de dos barcos, que tenía ya contratada la empresa zumaiarra si salía adelante el plan de financiación confeccionado.
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