Las Cofradías de Valencia llevan al Parlamento Europeo una acusación de existencia de lobbys en la implantación de la obligación del desembarque

La Federación de Cofradías de Valencia ha llevado al Parlamento Europeo una petición debatidas en la sesión de ayer en el que critica la existencia de lobbys que están interesados en la obligación del desembarque para puros intereses.
Las Cofradías de Valencia se han mostrado en contra la nueva Política Pesquera Común, que introduce la obligación de desembarque de todas las capturas y prohíbe el descarte. Durante el periodo de adaptación entre 2015 y 2019, en el que la pesca comercial debe adaptarse a dicha práctica, los pescadores deberán desembarcar en puerto el pescado de talla inferior que no podrá ser comercializado, pero nada ha sido previsto por las autoridades para hacerse cargo de dicho pescado en puerto y los pescadores consideran que priva de nutrientes a organismos marinos
así como a las gaviotas. Además piensan que origina costes adicionales en cámaras frigoríficas en puerto. Las Cofradías de Valencia piensa que el lobby de las harinas y aceite de pescado está detrás de la campaña «ni un pez por la borda», que ha influenciado las nuevas disposiciones de la PPC. El peticionario pide a la Unión que rectifique su legislación pesquera en lo que concierne a la política de descartes.

La Comisión toma nota de las observaciones sobre la obligación de desembarque, que constituye una característica clave de la Política Pesquera Común (PPC), acordada en 2013 por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la base de una propuesta de la Comisión.
La Comisión ha contestado que el problema de la mortalidad por pesca resultante de los descartes, que a su vez tiene
un impacto en las herramientas de gestión de la pesca como las cuotas o el esfuerzo pesquero. La evaluación de impacto también incluía un análisis de cómo los descartes pueden tener una incidencia medioambiental sumamente negativa, no solo en las especies previstas sino también en las capturas accesorias no previstas. Cuando la Comisión presentó su propuesta de reforma de la PPC, los cálculos basados en los datos de la FAO sugerían que, en el sector
pesquero de la Unión, se descartaban anualmente 1,7 millones de toneladas (de todas las especies), lo que equivale a un 23 % aproximadamente de la totalidad de capturas.
La propuesta de la Comisión de 2011 también vino acompañada de un amplio proceso de consulta pública. En el contexto de sus directrices sobre la mejora de la legislación, la Comisión Europea, a la hora de desarrollar sus políticas y la legislación, efectúa amplias consultas con los ciudadanos y partes interesadas de la Unión, a través de consultas públicas, entre otras. En este caso, la sociedad civil, las partes interesadas y los ciudadanos, incluidas algunas de las asociaciones mencionadas en la petición, expresaron sus puntos de vista a través de consultas públicas, actos con las partes interesadas y animados debates en los medios sociales. Tras más de dos años de amplios debates y negociaciones, el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre la reforma de la Política Pesquera Común que incluía la obligación de desembarque. A fin de permitir a los Estados miembros cumplir con esta obligación, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) facilita ayuda financiera durante el período 2014-2020 para inversiones en artes selectivas, medidas para mejorar la selectividad, ayuda a la comercialización y el tratamiento de capturas no deseadas e inversiones para añadir valor a los productos de la pesca. Además, el Reglamento Ómnibus pide a los Estados miembros que tomen medidas para facilitar el almacenamiento o para la búsqueda de salidas comerciales para los organismos marinos de talla inferior a la mínima, como la ayuda a las inversiones para la construcción y adaptación de los lugares de desembarque y los fondeaderos, o las ayudas a la inversión para aumentar el valor añadido de los productos de la pesca.
La obligación de desembarcar todas las capturas de especies sujetas a límites de capturas y, en el mar Mediterráneo, también las capturas sujetas a tallas mínimas obtenidas durante actividades pesqueras desarrolladas en aguas de la Unión o por buques de la Unión se aplicará gradualmente por pesquería entre 2015 y 2019.

Con ello se pretende reducir las capturas no deseadas y el desperdicio de alimentos y contribuir a una pesca más eficaz y sostenible. Esta reforma propiciará cambios significativos en las prácticas pesqueras y en la gestión de la pesca. Tal como se observa en la petición, en 2015 las pesquerías pelágicas e industriales así como las pesquerías
del Báltico se sometieron a la obligación de desembarque. Entre 2016 y 2019 será el turno de las pesquerías demersales en las cuencas marítimas europeas, primero en el mar del Norte y el océano Atlántico, y a continuación en el mar Mediterráneo y el mar Negro. La reforma prevé una serie de medidas orientadas a facilitar la transición hacia unas pesquerías sin descartes. Entre ellas cabe citar la utilización flexible de cuotas, exenciones para las especies con una alta tasa de supervivencia y asignaciones para descartar una cantidad limitada de capturas no deseadas
inevitables (la denominada disposición«de minimis»). A largo plazo, estas medidas deberán incluirse en planes plurianuales, pero de momento se desarrollan a través de planes de descarte regionalizados.

La Comisión toma nota de las preocupaciones manifestadas por el peticionario. Si bien la aplicación de la obligación de desembarque constituye un reto para el sector, su aplicación progresiva, que no se inició hasta 2015, y el amplio apoyo público con que cuenta, también a través de contribuciones del FEMP, permitirán la adopción de un enfoque gradual con respecto a la obligación de desembarque. La Comisión se ha comprometido a garantizar una supervisión
atenta de la obligación de desembarque y se basa en una amplia asesoría científica a la hora de evaluar su impacto. Por su parte, los Estados miembros pueden desplegar observadores de control a bordo de buques pesqueros que naveguen bajo su pabellón para la supervisión de las pesquerías sujetas a la obligación de desembarque. Aún es muy pronto para extraer conclusiones sólidas en lo que respecta a la efectividad del proceso de aplicación, pero la Comisión presentará informes periódicos sobre los avances al respecto. En febrero de 2016 se celebró un seminario con la industria y las partes interesadas para debatir acerca de los avances, y el 15 de junio de 2016, en el contexto de su Declaración política anual, la Comisión informó acerca de la aplicación de la obligación de desembarque hasta la fecha.

Conclusiones

La introducción de la obligación desembarque en la Política Pesquera Común de 2013 fue acordada tanto por el Parlamento Europeo como por el Consejo a raíz de una propuesta presentada por la Comisión en 2011, que había sido objeto de una amplia consulta pública y un proceso de evaluación de impacto. Si bien el peticionario plantea claramente una serie de preocupaciones sobre la aplicación práctica de la obligación de desembarque, aún es pronto para formular cualquier conclusión firme sobre su aplicación hasta la fecha. Hasta entonces, la Comisión se ha comprometido a supervisar periódicamente los avances y mantener un intercambio regular de puntos de vista y consultas con los Estados miembros, el sector industrial y otras partes interesadas, en particular a través de los Consejos Consultivos, compartiendo las experiencias recabadas en la aplicación de la obligación de desembarque. Sobre la base de dicho intercambio y evaluación, la Comisión se ha comprometido a supervisar regularmente los avances y notificar sus conclusiones al Parlamento Europeo y al Consejo. Por otra parte, desde la entrada en vigor de la obligación de desembarque, a Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA), ha organizado con los Estados miembros una serie de talleres y seminarios específicos, con miras a facilitar su aplicación.