Las cofradías de Pontevedra se rebelan contra la geolocalización obligatoria de la flota de bajura

Las entidades pesqueras denuncian que la norma europea impone una vigilancia excesiva y burocrática, y temen que suponga un paso más hacia el desmantelamiento del sector artesanal gallego

La Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Pontevedra ha manifestado su rechazo, “por unanimidad y de forma rotunda”, a la nueva normativa de la Unión Europea que obligará a instalar sistemas de geolocalización en los pesqueros de bajura. Aunque los profesionales aseguran no oponerse “en absoluto al control sobre su actividad”, denuncian que esta medida es una muestra más del “acoso normativo” que, a su juicio, está sufriendo el sector.

La medida, que entrará en vigor el 10 de enero de 2026, obliga a todos los barcos de entre 12 y 15 metros de eslora que aún no cuenten con una «caja azul» —el dispositivo que transmite en tiempo real la posición de la embarcación— a instalarlo. Dos años después, en 2028, la exigencia se extenderá a las embarcaciones de menos de 12 metros, que deberán contar con algún tipo de sistema portátil que permita su localización.

Según la federación presidida por José Manuel Rosas, esta normativa responde a una dinámica europea que, lejos de invertir en la recuperación de los recursos pesqueros y marisqueros, “prefiere asfixiar” al sector con obligaciones tecnológicas y trámites burocráticos. En un comunicado, la entidad califica la situación como una “discriminación y persecución continuas” hacia la pesca artesanal, y advierte que se está intentando desmantelar paulatinamente este modelo para favorecer “otros tipos de explotación marina”.

También cargan contra la burocracia, a la que acusan de menospreciar la labor de las cofradías gallegas, que ya realizan un seguimiento y control exhaustivo de la actividad pesquera en sus áreas de competencia. “Nos ignoran y desprecian, a pesar de que las cofradías llevamos años demostrando compromiso con la sostenibilidad”, afirman.

Para los representantes del sector, esta nueva obligación representa una carga económica y operativa innecesaria, que no tiene en cuenta las características específicas de la pesca de bajura, su escala ni su vinculación directa con el tejido social y económico de las comunidades costeras.

La federación pontevedresa reclama que se escuche al sector antes de seguir imponiendo medidas que, según subrayan, no contribuyen a la regeneración de los caladeros, sino que debilitan un modelo pesquero sostenible, arraigado y socialmente vertebrador.