La Comisión Europea estudia excluir temporalmente a compañías no europeas del cumplimiento de las normas de sostenibilidad de la CSRD, lo que suscita críticas por “socavar la soberanía regulatoria” y la igualdad competitiva.
La Comisión Europea ha decidido posponer la aplicación de las normas de sostenibilidad del Pacto Verde (Green Deal) a las empresas extranjeras que operan en el mercado europeo, una medida que ha sido interpretada como un giro significativo en la política ambiental y económica de la Unión. El aplazamiento afecta a los actos delegados de la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), que debían imponer obligaciones de reporte social y ambiental a las compañías no comunitarias a partir de junio de 2026.
El anuncio se produce tras meses de presión diplomática y económica por parte de Estados Unidos y China, que habían expresado su rechazo a la aplicación extraterritorial de las normas europeas. La decisión, según analistas y eurodiputados, supone una cesión ante intereses externos y podría “debilitar la soberanía del derecho europeo” en materia de sostenibilidad.
La CSRD, aprobada en 2022, establece que todas las grandes empresas que operen en el territorio europeo, independientemente de su país de origen, deben publicar informes detallados sobre su impacto ambiental, social y de gobernanza (ESG). Esta medida buscaba garantizar condiciones de competencia justas y evitar que compañías extranjeras —especialmente de países con regulaciones ambientales más laxas— pudieran operar en ventaja frente a las europeas.
Sin embargo, la Comisión ha decidido incluir esta obligación en una lista de normas “no esenciales” cuya aplicación será aplazada sin fecha definida. En la práctica, esto significa que las empresas estadounidenses y chinas no estarán obligadas a cumplir los mismos criterios de sostenibilidad que las europeas al menos hasta 2027 o más allá.
El cambio se produce en un contexto de fuerte presión internacional. En enero, la Administración Trump, a través de la Cámara de Comercio de EE. UU., advirtió a Bruselas de las consecuencias “para la competitividad de las empresas estadounidenses” si las normas de la CSRD se aplicaban también a filiales o empresas exportadoras al mercado europeo.
Desde China, las autoridades y grandes corporaciones, especialmente en sectores como la moda ultrarrápida (Shein, Temu), la automoción o la manufactura industrial, han presionado igualmente para bloquear las normas europeas, que obligarían a cumplir estándares ambientales y laborales más estrictos.
La decisión ha sido recibida con inquietud en el Parlamento Europeo y entre los defensores de la sostenibilidad empresarial. Abrial Gilbert-d’Halluin, exrelatora de la CSRD en la Eurocámara, calificó el paso atrás de “error político grave” y “renuncia a la soberanía del derecho europeo”.
“Estamos ante una falta evidente de coraje político. Europa no puede prometer liderazgo verde y luego retroceder ante Estados Unidos o China”, declaró.
Según diversos observadores, este aplazamiento podría preludiar un repliegue más amplio, afectando también a otras piezas clave del Green Deal, como la Directiva de Diligencia Debida (CSDDD), que obligaría a las multinacionales extranjeras a respetar los estándares europeos en materia climática, social y de derechos humanos.
El temor de los sectores económicos y ambientales europeos es que esta medida agrave la desventaja competitiva de las empresas del continente, que sí están obligadas a asumir los costes de cumplimiento de las nuevas normas.
“Renunciar a aplicar las mismas reglas a todos los actores del mercado distorsiona la competencia y desincentiva el esfuerzo de las empresas europeas”, señala un informe interno del Comité Económico y Social Europeo.
El debate llega en un momento de tensión dentro de la propia UE, donde algunos gobiernos reclaman una “simplificación del Green Deal” para aliviar la carga administrativa sobre las empresas. Sin embargo, para la comunidad científica y las ONG ambientales, esta tendencia a la desregulación puede poner en peligro los avances logrados en materia de transparencia y responsabilidad corporativa.
El aplazamiento de la CSRD para empresas extranjeras se suma a otros retrocesos recientes, como la ralentización de la ley de restauración de la naturaleza o la revisión a la baja de los objetivos climáticos para 2040. Los analistas ven en esta secuencia una renuncia progresiva a la ambición ecológica europea ante la presión económica y geopolítica internacional.
“Europa se arriesga a perder credibilidad”, advierte Gilbert-d’Halluin. “Durante años hemos liderado la agenda de la sostenibilidad y ahora damos la señal contraria: que nuestras normas solo se aplican si no molestan a las grandes potencias.”
Por ahora, la Comisión Europea asegura que la medida es temporal y que su intención es “dar más tiempo a las empresas extranjeras para adaptarse”. Sin embargo, en Bruselas crece el temor de que el aplazamiento se convierta en una suspensión indefinida, con consecuencias directas sobre la credibilidad del proyecto verde europeo.
El futuro del Green Deal y de su dimensión global se decide así entre la ambición climática y la presión diplomática. Y, como alertan varias voces del Parlamento, ceder hoy ante las presiones externas podría costarle a Europa su liderazgo en la transición ecológica y su propia coherencia política.
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