La UE se juega su credibilidad en la pesca del atún con el acuerdo con Seychelles

Entre la misión de eurodiputados a Seychelles (17–19 de febrero) y el Consejo “Agricultura y Pesca” del 23, Bruselas enlazará acuerdos exteriores, trazabilidad y reglas de mercado en un mismo tablero.

La política pesquera europea vuelve a mirarse al espejo esta semana en tres palabras que, juntas, definen su margen de maniobra en el atún: control, datos y acceso a los recursos. No es una consigna de despacho, sino una secuencia de citas que obliga a la Unión a demostrar coherencia entre lo que exige a sus flotas, lo que negocia con terceros países y lo que regula en su mercado interior.

El calendario es preciso. Del 17 al 19 de febrero, una delegación de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo se desplaza a Victoria (Seychelles) para evaluar sobre el terreno el impacto de los acuerdos de asociación pesquera y el funcionamiento de los sistemas de control y recopilación de datos, en plena negociación del acuerdo vigente.
Y el 23 de febrero, en Bruselas, se reúne el Consejo de la UE en formación “Agricultura y Pesca”, con un orden del día que cruza política de cadena alimentaria (prácticas comerciales desleales) y posicionamiento internacional (prioridades estratégicas ante la FAO para 2026–2027).

Victoria: un socio clave en el Índico y un punto neurálgico del atún

Seychelles no es un socio cualquiera en el Índico: es uno de los nodos más relevantes de la industria global del atún y un actor central en la gobernanza regional a través de la Indian Ocean Tuna Commission (IOTC). En ese contexto, el viaje de los eurodiputados tiene un objetivo operativo: verificar cómo se traduce, en puerto y en cadena, la promesa europea de “pesca sostenible” cuando el eslabón clave no está en la UE, sino en un Estado socio donde se descargan, transforman y reexpiden volúmenes estratégicos.

El Parlamento lo plantea sin rodeos: la delegación viaja “para revisar el impacto” de los acuerdos y, con el protocolo UE–Seychelles en negociación, discutir progresos en sostenibilidad, mejoras de control y recopilación de datos y la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR/IUU). El programa combina reuniones políticas (Presidencia, Asamblea Nacional, ministerio competente) y visitas técnicas a puntos donde se decide la trazabilidad real: instalaciones vinculadas a cerqueros, una conservera de atún del Índico, operador de pesaje, frío industrial y, especialmente, la Seychelles Fisheries Authority y su centro de monitorización.

La lógica es clara: si la UE quiere que sus acuerdos sean algo más que “acceso por pago”, debe poder demostrar que el dinero y las cláusulas se convierten en capacidad de control y calidad del dato: qué se captura, dónde, con qué arte, cómo se desembarca, cómo se transforma y cómo se audita.

El acuerdo UE–Seychelles: el más relevante para el atún europeo

El propio Parlamento recuerda que el acuerdo con Seychelles es el más significativo, financieramente, en la red atunera de la UE. La Comisión Europea detalla el armazón: protocolo vigente del 24 de febrero de 2020 al 23 de febrero de 2026, con una contribución anual de 5,3 millones de euros, de los que 2,8 millones son “apoyo sectorial” para desarrollar la política pesquera sostenible del país.

Ese apoyo sectorial no es neutro: está orientado —entre otras prioridades— a monitorización, control y vigilancia contra la IUU y a construcción de capacidad científica y de datos, incluyendo recopilación, análisis y compartición de información de capturas. En paralelo, el acuerdo fija un tonelaje de referencia de 50.000 toneladas/año y habilita a buques de España, Francia, Italia y Portugal a faenar especies tuneras y afines en aguas seychellenses.

Sobre el papel, el triángulo está completo: acceso, dinero y obligaciones. En la práctica, el reto es medir el retorno: si el acuerdo fortalece de verdad la gobernanza local —y con ella la trazabilidad— o si el control queda por detrás de la intensidad industrial que pasa por el puerto.

Control y dato: donde la sostenibilidad deja de ser un eslogan

Hay un motivo por el que el programa de la misión pone el foco en el centro de monitorización y en el eslabón del pesaje, frío y transformación. En el atún, el conflicto rara vez está en el objetivo “pescar menos o más”, sino en cómo se prueba lo que se pesca, lo que se desembarca y lo que se comercializa.

La UE quiere comprender —y, en la práctica, validar— el trabajo de Seychelles para aplicar el Reglamento europeo de control pesquero en su dimensión externa: inspecciones portuarias, controles documentales, trazabilidad y coherencia entre el dato declarado y el producto que entra en la cadena. Por eso la misión incluye también un encuentro con el secretario ejecutivo de la IOTC, el organismo regional que enmarca las reglas biológicas y de gestión del atún en el Índico.

En términos de política pública, el mensaje es simple: sin dato verificable no hay sostenibilidad defendible, y sin sostenibilidad defendible no hay legitimidad para exigir al mercado —consumidores incluidos— que confíe en el sistema.

Bruselas: el eslabón de mercado entra en la ecuación

El segundo capítulo llega el 23 de febrero, cuando los ministros europeos se sienten en el Consejo “Agricultura y Pesca”. La agenda oficial incluye dos puntos que, a primera vista, parecen alejados del atún tropical, pero que impactan de lleno en su cadena:

• Intercambio de opiniones sobre el informe de evaluación de la Directiva de prácticas comerciales desleales (UTP), presentado por la Comisión.
• Almuerzo ministerial sobre prioridades estratégicas de la UE en la FAO para 2026–2027, conectando la política interna con la gobernanza global de alimentación y recursos.

La UTP entra aquí como “política de filiera”: equilibrio contractual, poder de negociación y transparencia en la formación de precios. En un producto como el atún —marcado por transformación industrial, marcas, distribución y estándares privados— el modo en que se reparte el valor a lo largo de la cadena puede condicionar decisiones aguas arriba: desde qué caladeros se priorizan hasta qué exigencias de trazabilidad se trasladan (o no) al origen.

Y el debate FAO no es decorativo: cuando la UE define prioridades en el principal foro multilateral de alimentación y agricultura, está fijando el tono de su diplomacia alimentaria y su narrativa sobre sostenibilidad, IUU y coherencia normativa.

Un “test” de coherencia con tres respuestas obligadas

Visto en conjunto, el “doble escenario” Victoria–Bruselas funciona como examen práctico de la política atunera europea:

1. Acceso con condicionalidad real: los acuerdos no pueden ser solo “cheque por licencias”; deben demostrar retorno en capacidad de control y dato.
2. Dato que viaje con el producto: la trazabilidad debe resistir auditoría desde el mar hasta el mercado, especialmente en nodos portuarios y de transformación.
3. Mercado alineado con la gobernanza: si la UE refuerza reglas sobre prácticas comerciales y posicionamiento multilateral, debe evitar que el coste de la sostenibilidad se “pierda” entre eslabones sin llegar a quien asume las obligaciones.

La semana deja, además, un subtexto que el Parlamento ha colocado explícitamente: Seychelles es socio clave y actor estratégico del atún global; el diálogo debe reforzar una relación “mutuamente beneficiosa”. En el lenguaje de la gobernanza, eso significa una cosa: la UE quiere seguir accediendo —y seguir siendo creíble—, pero sabe que su credibilidad dependerá de que la sostenibilidad no se proclame, sino que se mida.