Bruselas ha vuelto a poner fecha —y presión política— al gran objetivo climático de la pesca y la acuicultura europeas: avanzar hacia la neutralidad de emisiones en 2050 sin dejar atrás competitividad, seguridad alimentaria y relevo generacional. La Segunda Conferencia de Alto Nivel sobre Transición Energética reunió el 17 de febrero de 2026 a instituciones comunitarias, Estados miembros, flotas, industria y organizaciones sociales para discutir qué medidas son viables “a bordo” y qué cambios deben hacerse “en tierra”: financiación, puertos, astilleros, normativa y cadena de suministro.
El encuentro, organizado por la Comisión (DG Mare) en el marco de la Energy Transition Partnership (ETP), sirvió de escaparate para las recomendaciones elaboradas por 10 grupos de trabajo y un proceso de consulta que, según la propia UE, ha incluido 38 reuniones y cerca de 400 participantes. Un documento que identifica prioridades comunes y necesidades específicas por segmentos (pesca y acuicultura), y que alimentará la Energy Transition Roadmap, prevista para publicarse en el tercer trimestre de 2026.
Entre los intervinientes destacados figuraron el comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, y la directora general de DG Mare, Charlina Vitcheva. Junto a ellos, la conferencia dio voz a representantes ministeriales de las presidencias del Consejo de la UE: Maria Panayiotou (Chipre) y Timmy Dooley (Irlanda). El hilo conductor fue claro: la transición energética será un test de coherencia para la política pesquera, y su éxito dependerá de que la UE convierta la ambición en un plan ejecutable, con reglas y dinero alineados.
Las recomendaciones difundidas por la ETP ponen el foco en cinco palancas: demostrar la viabilidad de tecnologías limpias, armonizar marcos regulatorios, reducir el riesgo de inversión, reforzar competencias y formación, y apoyar innovación basada en datos y diseño sostenible. La idea es pasar del discurso a una lista de acciones medibles, capaces de aterrizarse en proyectos piloto y escalado industrial.
En el debate reapareció un argumento que gana peso en Bruselas: la flota europea ya ha reducido emisiones mientras ajustaba capacidad y mejoraba eficiencia. Un informe de UNCTAD sitúa la caída de emisiones de la flota pesquera de la UE en un 52% entre 1990 y 2021, al pasar de 8,9 a 4,3 millones de toneladas de CO₂ equivalente.
Esa trayectoria se utiliza para reclamar que el esfuerzo futuro se dimensione con rigor. En un documento sectorial citado habitualmente en este debate, se recuerda además que las emisiones de la pesca de la UE representan en torno al 0,01% de las emisiones antropogénicas globales, una cifra que no elimina la obligación climática, pero sí reubica el foco: el reto es enorme para el sector en términos de inversión y tecnología, aunque su contribución al total mundial sea reducida.
La conferencia dibujó un mapa de cuellos de botella conocido por la industria: espacio a bordo para nuevos sistemas de propulsión, infraestructura portuaria para suministro energético alternativo, capacidad de astilleros para reconversiones y nuevas construcciones, y —sobre todo— financiación. La transición no se juega solo en motores: se juega en el acceso a capital, en la certidumbre regulatoria y en la coordinación entre cadena de valor, entidades financieras y administraciones.
En esa línea, la propia convocatoria subrayó que los debates y prioridades sectoriales presentados bajo la ETP serán la base del documento final de la Comisión, lo que convierte 2026 en un año de “diseño” que debería desembocar en un calendario de implementación.
La OPP Burela siguió de cerca los trabajos en Bruselas y estuvo representada por su director gerente, Sergio López, que también acudió en condición de presidente del Consejo Consultivo de Aguas Suroccidentales (CC SUR), según informó la propia organización.
Para las flotas atlánticas, la transición energética se cruza con tres debates sensibles: rentabilidad, seguridad operativa y atractividad del oficio. El mensaje que se repite en los foros europeos es que, sin simplificación administrativa y sin instrumentos financieros realistas, la descarbonización puede terminar acelerando el abandono del sector, justo lo contrario de lo que persigue la estrategia comunitaria.
La Comisión pretende publicar la hoja de ruta en el tercer trimestre de 2026, con el objetivo de orientar inversiones, pilotos y reformas necesarias para que la transición sea técnicamente posible y socialmente asumible.
La pregunta ya no es si habrá transición, sino cómo: con qué combustibles, qué plazos, qué reglas de capacidad y qué mecanismos de apoyo. Bruselas ha abierto el “tablero” y ha pedido al sector que mueva ficha con propuestas. El sector, por su parte, reclama que la UE haga lo mismo: pasar del marco general a las decisiones que permiten construir, financiar y operar la nueva pesca europea.
El mensaje comunitario se articula en torno a tres ejes que conectan con las preocupaciones reales del muelle y de las granjas marinas:
El llamamiento a “actuar y acelerar” evidencia una tensión de fondo: el consenso sobre el destino es alto, pero el cómo sigue siendo el cuello de botella. La pesca y la acuicultura afrontan una transición especialmente compleja por tres razones:
Por eso el nuevo relato europeo insiste en un punto clave: la transición debe ser una base para la competitividad, no una carga adicional que expulse flota o concentre aún más la producción.
En el trasfondo del impulso #EUBlueEnergyTransition está una idea que el sector repite desde hace años: no se puede descarbonizar a costa de desindustrializar. Si el coste energético se dispara o las exigencias se imponen sin soluciones viables, el riesgo es doble: pérdida de rentabilidad y deslocalización de producción hacia zonas con estándares ambientales más laxos.
La Comisión, consciente de esa amenaza, liga el objetivo climático a un lenguaje económico: sostenibilidad sí, pero con músculo industrial. Esa combinación —ecosistema + competitividad— es el marco en el que se evaluará el éxito real de la iniciativa.
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