Bruselas exigirá más trazabilidad y detalle sobre el procesado de los productos pesqueros, obligando a la industria británica a adaptar sistemas, registros y documentación si quiere seguir vendiendo al mercado europeo.
La industria pesquera y transformadora del Reino Unido afronta un nuevo salto regulatorio en su relación con la Unión Europea. A partir del 10 de enero de 2026 entran en vigor cambios profundos en las normas comunitarias contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), que obligarán a los exportadores británicos a aportar mucha más información para cada envío de pescado y marisco que cruce el Canal.
Aunque se trata de legislación europea, Londres ha decidido adelantarse unos días: el Fish Export Service (FES), la plataforma oficial para generar certificados de captura y demás documentos, se actualizará la tarde del 8 de enero de 2026 y, desde ese momento, los nuevos campos pasarán a ser obligatorios para poder emitir la documentación y exportar.
El cambio de fondo es claro: Bruselas quiere reforzar al máximo la trazabilidad y cerrar resquicios que puedan facilitar la entrada de productos procedentes de pesca INDNR. Para ello, a partir de enero los certificados de captura que acompañan a los productos pesqueros con destino a la UE deberán incluir nueva información obligatoria:
Esta información ya puede empezar a cargarse en el sistema, pero será a partir del 10 de enero cuando se convierta en requisito indispensable para que el exportador pueda obtener la documentación y, en la práctica, mover la mercancía.
Organismos como Seafish y la Marine Management Organisation (MMO) llevan semanas avisando: quien no adapte sus sistemas de registro y no se acostumbre a trabajar con los nuevos formatos, sencillamente no podrá seguir exportando a la UE a partir de esa fecha.
El elemento más sensible para la industria procesadora británica es la ampliación radical de lo que la UE considera “procesado” y la obligación de acompañar cada envío con una nueva processing statement (declaración de procesado) cuando el producto haya sido transformado en el Reino Unido antes de exportarse.
Cualquier producto que, tras ser desembarcado por un buque británico, sea:
se considerará procesado, y exigirá dos documentos:
Quedan fuera, de momento, los productos que únicamente han sido congelados y/o envasados, así como una serie de moluscos (vieiras, mejillones, almejas, berberechos, ostras, etc.) y harinas o pellets destinados a consumo humano, que están excluidos de la definición de “productos pesqueros” a efectos de la documentación INDNR.
La MMO ha dejado claro que estas nuevas declaraciones de procesado deberán especificar, para cada producto y especie, los pesos vinculados a los certificados de captura correspondientes, lo que supone un salto importante en las exigencias de registro interno para muchas plantas.
Consciente del impacto sobre una cadena de suministro muy fragmentada, la Administración británica ha lanzado la campaña nacional “Fish, Trace, Ship”, gestionada por la MMO. El objetivo es doble: explicar qué cambia exactamente en certificados, declaraciones de procesado y futuros documentos de “no manipulación”, y empujar al sector a adoptar cuanto antes los nuevos formatos.
El FES se está actualizando para poder emitir todos los documentos requeridos por la UE –certificados de captura, processing statements y documentos de no manipulación–, pero esa capacidad técnica solo servirá si cada eslabón de la cadena (pescadores, compradores en lonja, procesadores, almacenistas y exportadores) suministra a tiempo la información correcta.
Seafish, por su parte, está organizando foros, seminarios y sesiones informativas para trasladar al sector los detalles de las nuevas reglas y resolver dudas, en coordinación con la MMO y las administraciones descentralizadas.
Las nuevas exigencias llegan en un contexto en el que la UE sigue siendo, con diferencia, el principal destino de las exportaciones británicas de pescado y marisco. Mantener fluidez en ese comercio es vital para la rentabilidad de muchas flotas, plantas de procesado y empresas logísticas.
Para las grandes compañías, con departamentos de calidad y sistemas informáticos avanzados, el reto pasa sobre todo por rediseñar flujos internos y adaptar software de gestión. Para muchas pymes –pequeñas plantas que filetean, ahúman o transforman producto fresco para el mercado europeo– el salto puede ser mayor:
Las organizaciones sectoriales han advertido de que los costes administrativos y de formación pueden ser significativos, especialmente para negocios con poco personal. Al mismo tiempo, reconocen que un sistema más robusto de trazabilidad y control puede reforzar la imagen de los productos británicos en un mercado europeo cada vez más sensible al origen y la legalidad de las capturas.
En el fondo, estas novedades forman parte de la revisión del régimen europeo de lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, que incluye la generalización de la plataforma digital EU CATCH para la tramitación de certificados de captura por parte de los importadores comunitarios.
Bruselas busca cerrar cualquier resquicio en el que el rastro documental del pescado se vuelva borroso: desde el momento en que el barco zarpa y lanza sus artes de pesca hasta el envío final a un comprador europeo, pasando por cada operación de transformación. El endurecimiento de las reglas para el marisco británico no está vinculado al llamado “reset” en la relación política UE–Reino Unido de 2025, y se aplicará igualmente a otros terceros países que exportan al mercado comunitario.
Con apenas semanas por delante, el mensaje de las autoridades británicas al sector es tajante: la adaptación debe empezar ya. Quien no se acostumbre a trabajar con los nuevos campos de los certificados de captura, quien no tenga clara la definición ampliada de “procesado”, o quien no pueda generar adecuadamente las nuevas processing statements, se arriesga a ver sus camiones parados en origen o en frontera a partir de enero.
Para una industria que ya ha sufrido años de fricciones comerciales tras el Brexit, estos “duros” nuevos requisitos de exportación suponen tanto un desafío logístico como una prueba de fuego: demostrar que es capaz de ofrecer a la UE el nivel de trazabilidad y cumplimiento que exige en su lucha global contra la pesca ilegal, sin perder competitividad ni cerrar la puerta de su principal mercado.
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