La seguridad marítima en el sector pesquero ha dado un paso decisivo. La Organización Marítima Internacional (OMI) anunció el 24 de febrero la adhesión de Argentina al Acuerdo del Cabo de 2012, lo que permite finalmente su entrada en vigor tras cumplirse las condiciones necesarias de ratificación.
Este tratado internacional, al que ya se han sumado 28 países —entre ellos Francia y otros Estados con importantes flotas pesqueras—, establece normas obligatorias en materia de seguridad, construcción, equipamiento y condiciones de vida a bordo para los buques pesqueros de 24 metros de eslora o más. El acuerdo entrará oficialmente en vigor en febrero de 2027.
A diferencia del transporte marítimo mercante, regulado por convenios internacionales consolidados como el SOLAS, la pesca había quedado durante décadas en un marco fragmentado y desigual. Muchos buques operaban bajo normativas nacionales dispares, con estándares de seguridad muy variables.
El Acuerdo del Cabo viene a corregir esa situación. Adoptado en 2012 bajo el paraguas de la OMI, su objetivo es reducir los accidentes en la pesca industrial, un sector que históricamente presenta altas tasas de siniestralidad laboral a nivel mundial.
La entrada en vigor supone que los Estados firmantes deberán aplicar requisitos comunes en ámbitos como:
Más allá del componente técnico, el acuerdo tiene una dimensión social y económica. Establecer estándares homogéneos contribuye a proteger la vida de las tripulaciones y evita situaciones de competencia desleal entre flotas que operan con menores exigencias de seguridad.
En un contexto de creciente escrutinio internacional sobre la sostenibilidad y la responsabilidad social de la actividad pesquera, el tratado refuerza la imagen del sector como actividad profesional regulada y comprometida con la seguridad.
El acuerdo afecta principalmente a buques de altura y gran altura, incluidos atuneros, arrastreros oceánicos y otras unidades industriales de más de 24 metros. Para las flotas que ya operan bajo estándares elevados —como buena parte de la europea—, la adaptación será limitada, aunque se reforzarán los mecanismos de inspección y certificación internacional.
Para otros países, en cambio, supondrá inversiones en modernización y adecuación técnica.
La activación del Acuerdo del Cabo se produce en un momento en el que la gobernanza internacional de la pesca está en el centro del debate, con avances paralelos en la lucha contra la pesca ilegal, la trazabilidad y la protección de los trabajadores del mar.
La entrada en vigor del tratado en 2027 consolida un principio fundamental: la sostenibilidad no solo es ambiental y económica, sino también humana. Proteger a quienes trabajan en el mar es parte esencial de la resiliencia y credibilidad del sector pesquero global.
Con este paso, la comunidad marítima internacional cierra una brecha histórica y refuerza un mensaje claro: la seguridad de los pescadores ya no puede quedar al margen del derecho marítimo internaciona
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