La Política Pesquera Común (PPC) de la Unión Europea lleva más de dos décadas intentando resolver una paradoja: decisiones cada vez más técnicas y complejas, pero con una demanda social creciente de participación, transparencia y eficacia. La gran apuesta para acercar el gobierno de la pesca a la realidad de cada mar fue la regionalización: un modelo que, desde la reforma de 2002 y especialmente tras la de 2013, busca que las medidas se diseñen de forma más “a medida” por cuencas marinas y con más interlocución directa con el sector. Un nuevo trabajo académico, publicado en Maritime Studies, pone números y voces a esa promesa y concluye que el camino ha servido para mejorar la legitimidad interna del proceso… pero también ha dejado al descubierto fricciones estructurales que condicionan su credibilidad. INFORME CONTROL DE PESCA
El artículo —firmado por Marloes Kraan, Sara Vandamme, Laura Lemey, Else Giesbers, Chris ten Napel, Noémi Van Bogaert, Martin Aranda, Nathalie A. Steins y Stephen C. Mangi— analiza cómo perciben la regionalización los actores que la viven por dentro: Consejos Consultivos (Advisory Councils, ACs), grupos de Estados miembros (Member States Groups, MSGs) y representantes de la Comisión Europea. INFORME CONTROL DE PESCA
La PPC, vigente desde 1983, se reformó varias veces (1992, 2002 y 2013) con un objetivo recurrente: corregir fallos de un sistema criticado por su enfoque demasiado centralizado y por producir medidas “de talla única” para realidades muy distintas. La reforma de 2002 introdujo la regionalización mediante los entonces Consejos Consultivos Regionales (RACs), hoy ACs, como espacios de cooperación donde el sector y otros grupos afectados pudieran influir en la toma de decisiones. INFORME CONTROL DE PESCA
En 2013, la regionalización dio un paso más: nacieron los MSGs, grupos de Estados con interés directo en una zona o pesquería que elaboran recomendaciones conjuntas y deben consultar a los ACs antes de elevar propuestas a Bruselas. El objetivo, según el estudio, era claro: reducir la “microgestión” desde la capital comunitaria y favorecer decisiones más pragmáticas y ajustadas a cada cuenca. INFORME CONTROL DE PESCA
Para medir el estado real del modelo, los autores aplican una metodología mixta basada en dos investigaciones realizadas en 2021: un estudio encargado por la Comisión (a través de CINEA) y un trabajo adicional ligado a un máster. El equipo combinó revisión documental, análisis de redes, entrevistas, encuesta online multilingüe y grupos focales. INFORME CONTROL DE PESCA
En cifras, el estudio recogió 36 entrevistas, 119 respuestas a la encuesta y tres grupos focales con perfiles diferenciados (miembros de ACs con trayectoria, representantes de MSGs/Comisión y equipos directivos de ACs). INFORME CONTROL DE PESCA
El análisis se centra en la legitimidad interna: si quienes participan perciben el proceso como justo y funcional. Para ello, los autores separan dos dimensiones:
En conjunto, el veredicto es matizado: la regionalización se considera necesaria y ha cumplido “en parte” lo que prometía, pero con diferencias claras según el rol de cada actor. INFORME CONTROL DE PESCA
Una de las conclusiones más contundentes es que los ACs han abierto un canal estable para que una diversidad de actores tenga acceso directo al proceso de decisión. En palabras del artículo, los ACs han funcionado como “organizaciones frontera”: espacios donde se construye consenso, se media, se comparte información, se desarrolla capacidad y se co-produce conocimiento, algo especialmente relevante en un contexto de problemas “retorcidos” (wicked problems) asociados a la economía azul y al cambio climático. INFORME CONTROL DE PESCA
Ese es, de hecho, uno de los grandes logros prácticos: sentar en una misma mesa a flotas, transformadores, comercialización y otros grupos de interés (ONG ambientales, consumidores o pesca recreativa) para discutir medidas que, de otra forma, nacerían en circuitos más cerrados. INFORME CONTROL DE PESCA
Pero el estudio también subraya que el acceso no garantiza influencia. Muchos participantes describen un problema repetido: falta de tiempo, recursos y apoyo técnico para participar de forma efectiva. Los ACs, señalan los autores, a menudo reciben solicitudes de opinión con poco margen, lo que dificulta leer documentos, coordinar posiciones internas y asistir a grupos de trabajo. INFORME CONTROL DE PESCA
Además, hay una desigualdad de capacidades que pesa en el debate: algunos representantes de “otros grupos de interés” suelen contar con perfiles científicos, mientras que parte de las delegaciones de pesca no, lo que puede influir en discusiones técnicas. El acceso a expertos externos es posible, pero depende del presupuesto disponible.
La regionalización quiso garantizar equilibrio: desde 2013, la referencia es que los ACs mantengan una proporción aproximada 60% sector / 40% otros grupos de interés. Sin embargo, el estudio constata que esa división a menudo no se alcanza, con presencia de “otros intereses” por debajo del umbral, lo que alimenta tensiones y hace más difícil atraer nuevos participantes: un círculo vicioso de insatisfacción y desenganche.
Cuando los asuntos son políticamente sensibles, el consenso tampoco es fácil. Algunos actores consideran que buscar unanimidad puede derivar en recomendaciones “débiles”, basadas en el mínimo común denominador. Otros, incluidos representantes institucionales, sugieren que no siempre es imprescindible un consenso total y que visibilizar disensos puede aportar valor.
Donde el estudio es más crítico es en la transparencia y la rendición de cuentas en la relación entre ACs, MSGs y Comisión. Mientras los ACs suelen tener procedimientos claros y publican su trabajo, los autores describen a los MSGs como estructuras con poca visibilidad externa: sin un registro formal completo, con presidencias rotatorias, sin secretarías permanentes y con información limitada sobre su funcionamiento y resultados.
A ello se suma una queja repetida: para los ACs, no siempre queda claro qué se hace con sus recomendaciones. Esa falta de trazabilidad genera frustración, especialmente cuando los participantes no pueden identificar por qué su consejo no fue considerado o en qué fase se descartó. El propio artículo recuerda que la PPC establece que el asesoramiento de los ACs debe “tenerse en cuenta”, lo que eleva la exigencia de explicación.
El embudo se estrecha aún más en el tramo final: cuando se trabaja sobre actos delegados, los Estados participan en grupos de expertos de la Comisión, pero los ACs no están invitados, lo que refuerza la percepción de “caja negra” en el último metro de la decisión.
La encuesta revela un contraste llamativo: aproximadamente el 75% de los encuestados de MSGs se declara satisfecho con la regionalización, frente a alrededor del 40% de los miembros de ACs; los equipos de gestión y expertos científicos se mueven en torno a la mitad. Dicho de otro modo: quienes están más cerca de la capacidad de decisión tienden a ver mejor el sistema que quienes aportan asesoramiento. INFORME CONTROL DE PESCA
El estudio introduce además un factor estructural que pesa sobre toda la regionalización: el Tratado de Lisboa mantiene la pesca como competencia exclusiva de la UE, lo que limita la cesión real de poder a niveles regionales. Esa restricción legal alimenta la sensación de que, pese a los mecanismos participativos, el margen decisorio sigue estando acotado, generando “incertidumbre y frustración” en parte de los actores.
Un elemento especialmente delicado es la percepción de que el lobby por canales paralelos puede desdibujar el espíritu del sistema. Los ACs obligan a negociar y buscar compromisos; el lobby, en cambio, permite defender intereses sin transacción y con más opacidad. Según el artículo, esa dinámica puede desincentivar la inversión de tiempo en el trabajo deliberativo del consejo, sobre todo cuando los recursos son limitados y no se percibe retorno en forma de influencia real.
El trabajo no plantea abandonar la regionalización; al contrario, la reivindica como un avance institucional que debe fortalecerse. La clave, sostienen, pasa por reforzar justamente lo que hoy falla: orientaciones más claras para la participación de los MSGs, estructuras más visibles, y sobre todo transparencia sistemática sobre cómo se integra —o no— el asesoramiento de los ACs en recomendaciones conjuntas y en actos finales.
La tesis final es que, ante la presión creciente sobre el mar (competencia espacial, energía, biodiversidad, clima), la UE necesitará decisiones cada vez más difíciles y discutibles. Y para que esas decisiones se acepten, no bastará con ciencia y control: hará falta un proceso legítimo, donde el sector perciba que sentarse a la mesa sirve.
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