La pesca vasca busca aliados ante la nueva ofensiva regulatoria europea

Cepesca y OPPAO trasladan al PNV una agenda que mezcla control, soberanía alimentaria, relevo de tripulaciones, renovación de flota y defensa del futuro del sector

La reunión celebrada en Sabin Etxea entre representantes de Cepesca, la Organización de Productores de Pesca de Altura de Ondarroa (OPPAO) y responsables institucionales y políticos del PNV ha vuelto a poner sobre la mesa una idea que gana peso en el discurso del sector: la pesca quiere dejar de ser tratada en Bruselas como una actividad bajo sospecha permanente y pasar a ser considerada una pieza estratégica de la seguridad alimentaria, la economía azul y la autonomía productiva europea. Al encuentro asistieron, según la información trasladada por las organizaciones participantes, el presidente del EBB, Aitor Esteban; la eurodiputada Oihane Agirregoitia; el presidente de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso, Joseba Agirretxea; y el viceconsejero vasco de Pesca, Puertos y Litoral, Leandro Azkue, junto a Julio Morón, Javier Garat, Iván López van der Veen y Mikel Ortiz. Los cargos institucionales de Esteban, Agirregoitia, Agirretxea y Azkue coinciden con sus responsabilidades públicas actuales.

El núcleo del mensaje sectorial fue claro: la flota considera que la aplicación del nuevo marco de control comunitario está avanzando con exigencias que, en algunos segmentos, resultan desproporcionadas frente a la operativa real de los barcos y frente a la presión regulatoria que soportan flotas extracomunitarias competidoras. Esa queja no nace en el vacío. La propia Comisión Europea explica que el nuevo Reglamento de Control empezó a desplegar sus principales obligaciones en 2024 y 2026, pero reserva para el 10 de enero de 2028 algunas de las medidas más sensibles, entre ellas la monitorización electrónica remota con cámaras a bordo, el seguimiento de buques de menor tamaño y el control continuo de potencia de motor para determinadas categorías de riesgo. Bruselas lo presenta como un salto en trazabilidad, armonización y lucha contra la pesca ilegal; el sector, en cambio, teme que una parte de esa arquitectura se traduzca en más carga, más coste y más inseguridad jurídica para una flota europea que ya compite en condiciones exigentes.

Ahí es donde la reunión de Bilbao adquiere una dimensión que va más allá del País Vasco. La patronal y los armadores de Ondarroa no discuten solo cuestiones técnicas como la potencia de motor o las cámaras; están planteando una batalla política sobre el lugar que debe ocupar la pesca en la agenda europea. Su tesis enlaza con un argumento que Cepesca viene repitiendo con insistencia: en un contexto geopolítico cada vez más inestable, deteriorar la capacidad productiva de la flota europea equivale a aumentar la dependencia alimentaria de terceros países. No es casual que esa queja conviva con otra demanda simultánea: reforzar los controles sobre las importaciones pesqueras para evitar que el mercado comunitario se convierta en un espacio donde a la flota europea se le exigen estándares cada vez más altos mientras compite con producto exterior sometido a marcos laborales, ambientales o de control menos rigurosos. De hecho, desde el 10 de enero de 2026 está operativo el nuevo sistema digital de certificados de captura para todas las importaciones pesqueras a la UE, una herramienta que Bruselas presenta precisamente como refuerzo frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

La segunda gran preocupación compartida en la reunión fue el futuro del FEMPA y, en realidad, del marco financiero pesquero posterior a 2027. La Comisión Europea presentó el 16 de julio de 2025 su propuesta para el Marco Financiero Plurianual 2028-2034, basada en una profunda reorganización del presupuesto comunitario y en la integración de diversos instrumentos en un gran National and Regional Partnership Fund. En paralelo, una propuesta sectorial específica fija las condiciones del apoyo de la Unión a la Política Pesquera Común, al Pacto Europeo por los Océanos y a la política marítima y acuícola. El temor del sector es que, en esa arquitectura más amplia y flexible, la pesca pierda peso político y financiero, precisamente cuando necesita recursos para modernizar buques, descarbonizar operaciones, introducir innovación y sostener la actividad en puertos dependientes del mar.

Ese debate conecta directamente con otra de las cuestiones abordadas: la renovación de la flota. La demanda de modernización no es solo una reivindicación empresarial; responde a una realidad estructural. Un estudio encargado por el Parlamento Europeo sobre el futuro de la flota pesquera concluye que la flota española supera de media los 35 años y necesita renovación para ganar en seguridad, eficiencia energética, confort laboral y capacidad de descarbonización. Sin barcos más modernos, advierte el sector, será muy difícil cumplir los objetivos ambientales europeos, atraer relevo generacional y mantener competitividad frente a terceros países. La modernización ya no se presenta únicamente como una inversión productiva, sino como una condición de supervivencia.

En ese mismo plano se sitúan las cuestiones laborales llevadas a Sabin Etxea: las dificultades de aplicación del Convenio OIT 188, la imposibilidad práctica —según los armadores— de trasladar a la pesca el registro horario en los mismos términos que en tierra, la necesidad de coberturas privadas para tripulantes extranjeros y la reclamación de un registro especial de flota con incentivos fiscales y laborales. España ratificó el Convenio 188 en 2023 y este entró en vigor el 29 de febrero de 2024; desde entonces, el marco estatal exige certificaciones e inspecciones específicas para determinados buques. Pero la aplicación efectiva de esos estándares en una actividad marcada por campañas, mareas, turnos variables y trabajo embarcado sigue generando fricciones operativas que el sector quiere resolver con excepciones o adaptaciones concretas.

A todo ello se suma el problema de las tripulaciones. La escasez de personal cualificado ha abierto un debate especialmente sensible sobre el acceso de nacionales de terceros países a puestos de responsabilidad a bordo. Hoy, el artículo 162 de la Ley de Navegación Marítima establece que el capitán y el primer oficial de cubierta de los buques nacionales deben tener nacionalidad de un Estado del Espacio Económico Europeo. Pero el Congreso tramita desde finales de 2025 una reforma de la legislación portuaria y marítima en la que se han presentado enmiendas para flexibilizar esa exigencia, precisamente por la dificultad creciente para cubrir esos puestos. Junto a ese frente, el Gobierno mantiene también en tramitación el proyecto de ley de control, inspección y régimen sancionador de la pesca marítima, otra norma de gran impacto para el sector y uno de los vectores de inquietud que sobrevolaron el encuentro bilbaíno.

La foto de Sabin Etxea deja, por tanto, un mensaje doble. Por un lado, la pesca vasca y española busca aliados políticos para modular una regulación europea que considera cada vez más intensa, costosa y desconectada de la realidad de los buques. Por otro, quiere colocar en el centro del debate una idea de fondo: si Bruselas aspira a autonomía estratégica, seguridad alimentaria y transición ecológica ordenada, no puede permitirse una política pesquera que controle mucho, financie poco y renueve tarde. La batalla de los próximos meses no será solo sobre cámaras, motores o certificados: será sobre si Europa decide tratar a su pesca como un problema a vigilar o como una capacidad estratégica que merece ser preservada